“Nadie se lo esperaba”, comenta a Vozpópuli un directivo de una de las mayores empresas de construcción del país. “Era algo inimaginable”, añade. La salida de José Luis Ábalos del Gobierno es uno de los movimientos de Pedro Sánchez que más han sorprendido. También su decisión de echarse a un lado en el partido. A última hora de este lunes, el político valenciano comunicó por carta al presidente su decisión de abandonar su cargo como secretario de Organización del PSOE. Horas antes, según fuentes socialistas, había transmitido a su entorno más cercano que no tenía sentido permanecer en los puestos de mando del partido cuando su líder había perdido la confianza en él.

El ya exministro de Transportes ha sido uno los hombres fuertes de la Moncloa y su importancia le ha llevado a protagonizar tres de los sucesos más mediáticos del actual Ejecutivo como son el denominado ‘Delcygate’, la controvertida compra de material sanitario y el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra. Hechos que todavía siguen sin esclarecerse y que siguen cargados de interrogantes.

Lo sucedido con el ‘Delcygate’ sigue siendo un misterio un año y medio después. El polémico encuentro secreto entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que adelantó en exclusiva Vozpópuli, sigue siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. El juez Antonio Serrano-Arnal todavía no ha dado la orden de destrucción de las imágenes que captaron las cámaras de videovigilancia del aeropuerto de Barajas. 

Una prueba que sería clave para evidenciar lo que contaba este periódico. Ábalos fue en secreto a la terminal ejecutiva del aeródromo madrileño Barajas la noche del domingo 19 de enero de 2020 para encontrarse con la vicepresidenta de Venezuela, una mandataria que no puede pisar suelo de Unión Europea por la violación de derechos humanos en su país. Un encuentro que el Gobierno negó a los periodistas de Vozpópuli.

Días después, Ábalos y el resto del Gobierno fueron reconociendo los hechos encadenando varias versiones. Un suceso que le abría una crisis internacional a Moncloa con el resto de sus socios europeos. Las imágenes que custodia Aena sería un elemento clave para evidenciar asuntos que se contaron en Vozpópuli: Delcy Rodríguez estuvo en suelo español, que portaba más de 40 maletas y abandonó el país en un vuelo comercial con destino a Qatar.

Ábalos y las mascarillas

Dos meses después de aquella oscura noche en Barajas, Ábalos volvía a ocupar la portada de este períodico. El exministro de Transporte recurría a una desconocida pyme de cinco trabajadores y con un complejo pasado en Angola para gastar 20 millones de euros en mascarillas a través de Puertos del Estado para afrontar la incipiente pandemia. 

La noticia, de la que se hicieron eco el resto de medios, fue seguida días después por otra compra de 12 millones de euros a través de Adif. La empresa denominada Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas pasaba a denominarse como ‘el proveedor de confianza de Ábalos’. Un proveedor que después fue recomendado a Interior, al que también recurrió el Gobierno balear y, finalmente, el Ejecutivo canario. 

En total, esta desconocida pyme pasaba de registrar números rojos con una facturación de 100.000 euros antes de la pandemia a ingresar 50 millones de euros sólo a través de contratos de mascarillas con el Gobierno. Pese a las reiteradas consultas a Transparencia y reclamaciones de información a las diferentes administraciones, los pliegos de estos contratos y los detalles de esta empresa siguen siendo un misterio similar a las imágenes de seguridad del ‘Delcygate’. 

El millonario rescate de Plus Ultra

Otro de los casos que ha puesto a José Luis Ábalos en el foco ha sido el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros. Esta ayuda ha sido gestionada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda y en el que están presentes los secretarios de Estado de varios gabinetes (Economía, Hacienda, Industria y Energía). Sin embargo, el papel de Transportes ha sido especialmente decisivo en esta operación, pues aportó información clave sobre la compañía aérea.

En concreto, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y Aviación Civil, ambos dependientes del mismo Ministerio que hasta hace unos días pilotaba Ábalos, realizaron dos informes sobre la aerolínea a petición de la SEPI antes de que los gestores de esta entidad aprobaran la inyección millonaria, que finalmente se autorizó por el Consejo de Ministros el 9 de marzo.

En ellos, tal y como ha desvelado Vozpópuli, advertían de que la aerolínea tenía una presencia minoritaria en el sector y otras compañías ocuparían su lugar si desapareciera, por lo que no afectaría a la conectividad con Latinoamérica. También informaban a la SEPI de su limitada facturación, su delicada situación económica y de que no registraba beneficios desde que se creó en 2011.

Sin embargo, Aviación Civil también justificaba estos aspectos en la corta vida de la empresa y destacaba la importancia de las "compañías de nicho" en el sector aéreo, "estratégico" en sí mismo para la economía. También apelaba a los 345 empleos directos y más de 2.500 indirectos que, presuntamente, la compañía generaba antes de la pandemia. Unos datos que la Ministra de Hacienda utilizó para justificar el rescate en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y a los que el Gobierno continúa haciendo referencia.

Pese a esto, tras destaparse este escándalo y antes de que saliera a la luz la existencia de ambos informes, Ábalos se desmarcó de esta operación, asegurando que su Ministerio no había tenido nada que ver en el rescate. Esta maniobra ha levantado aún más sospechas sobre su papel en este asunto. El caso ya se investiga en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y en el Tribunal de Cuentas. También ha llegado a la Comisión Europea, quien está estudiando si toma partido en el asunto.

El rescate de Plus Ultra se ha cuestionado desde múltiples frentes. Desde el punto de vista económico, por su dudoso carácter estratégico, al representar apenas el 0,03% del tráfico aéreo en España; y por el estado financiero de la empresa, al encontrarse en pérdidas desde su creación en 2011. Pero también por quién controla la compañía, con la mayoría de las acciones en manos de empresarios venezolanos conectados con el régimen de Nicolás Maduro.