El Gobierno ha escenificado este martes el acuerdo en su seno sobre la reducción de jornada, pero el Anteproyecto de Ley no llegará al Congreso hasta marzo. Ahora debe recibir los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES) y la previsión del Ministerio de Trabajo es que el Consejo de Ministros lo apruebe por la vía de urgencia a finales de febrero. Unos informes que no prevé tener en cuenta.
A la espera de las importantes modificaciones que se prevé que se incorporen en el Congreso en el trámite de enmiendas, Yolanda Díaz ha obviado las incertidumbres y pasos que quedan y ha destacado el pacto gubernamental logrado respecto al texto que han negociado Trabajo y los sindicatos, al que la patronal no da su aval, y que se cerró el pasado 20 de diciembre. El texto ya pasó el trámite de consulta pública, que finalizó el 7 de diciembre, y el de audiencia pública, que lo hizo el 2 de enero.
Tanto es así que Díaz ha señalado que no prevé modificar el texto con la aportaciones del Consejo de Estado y del CES. Las prisas de la vicepresidenta segunda con esta norma contrastan con la importancia "histórica" que le confiere, y en este sentido destaca que se trata del primer cambio en 42 años, cuando en 1983 se redujo por última vez la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo a las actuales cuarenta horas.
Y el 4 de abril de 1919 se publicó el real decreto que fijaba en ocho horas al día o cuarenta y ocho horas semanales, la jornada máxima legal tras la intensa huelga llevada a cabo en la compañía La Canadiense durante los meses anteriores, según ha destacado Díaz.
Carlos Cuerpo, que abogaba por ralentizar la tramitación para atraer a los empresarios y Junts, ha planteado que no había necesidad de acelerar el proceso.
Los dictámenes del Consejo de Estado se han de emitir en el plazo de dos meses, con carácter general. El Gobierno, como es el caso, puede declarar la urgencia, lo que implica que ha de emitirse en el plazo de quince días. Para fijar un plazo inferior a este último, sería preciso que lo acuerde el Ejecutivo o su presidente.
El Consejo de Estado viene advirtiendo al Gobierno de su mala técnica legislativa y de que abusa del trámite de urgencia en asuntos complejos en los que a juicio del máximo órgano consultivo no debería pedir esta vía.
En un durísimo dictamen que desveló Vozpópuli, advirtió de "urgencias injustificadas" que afectan a la calidad de las leyes y al "control de legalidad y constitucionalidad" y avisó de "garantías" que "se resienten". El máximo órgano consultivo le exigió "respeto" a su función y al marco legal, ante un "dislate" próximo al "fraude de ley".
El Ejecutivo ha recurrido a menudo a la proposición de ley de los Grupos Socialista y Podemos en su día o Sumar para saltarse al Consejo de Estado y al CGPJ y otros órganos consultivos, como en la que creó los impuestos a banca y energéticas y, en una enmienda, el de grandes fortunas.
Y en casos en los que ha tramitado un proyecto de ley, ha ignorado sus dictámenes en textos de especial complejidad, como en la Ley del 'solo sí es sí' cuyo fracaso al estar reduciendo penas y excarcelando a violadores resuena en todo el dictamen, o la 'Ley Trans', proyectos en los que no se le ha tenido en cuenta.
Entrada en vigor incierta
El objetivo de Trabajo es que la norma esté publicada en el BOE antes del verano para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación, pues, según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la jornada máxima de 37,5 horas.
La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y el registro horario lo hará a los seis meses.
Sin embargo, la tramitación parlamentaria se avecina complicada. "Las formaciones políticas no amenazan, lo que hacen es dialogar y negociar", ha matizado Díaz preguntada por las amenazas de los de Carles Puigdemont.
En el ala socialista del Gobierno son más escépticos. Pilar Alegría ha reconocido: "No somos ingenuos, nos adentramos en una negociación difícil".
Desde el Ministerio de Economía destacan su disposición a negociar y a que se apruebe lo antes posible, pero asumen que habrá que discutir cesiones y que la validación final puede acercarse a finales de año. Precisamente este Ministerio proponía que la nueva jornada aplicara en 2026.
JaimeRuiz
05/02/2025 08:47
La reforma saldrá adelante con los votos del PP, que no quiere que le digan que quiere poner a la gente a trabajar.
ingmarpepe
05/02/2025 18:27
Alguien ha visto algún temario de oposición al funcionariado que incluya temas de productividad o rentabilidad? Les piden a todos que sepan de memoria la Constitución y otras leyes cuando en realidad no les dan luego potestad de utilizarlas y se les obliga a cumplir solo con el Reglamento de sus competencias sin autoridad para interpretar la Ley.