Esta semana, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un informe que revela un creciente descontento con la atención primaria y los servicios de urgencias en España, justo en el momento en que la ministra de Sanidad, Mónica García, sigue planteando su idea de disolver Muface y trasladar a sus 1,5 millones de usuarios al Sistema Nacional de Salud. Este escenario plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema público para absorber a los mutualistas de Muface sin un mayor deterioro en la calidad del servicio.
El informe de la OCU señala que la satisfacción con los médicos y centros de atención primaria ha disminuido en los últimos cinco años. Uno de los problemas más acuciantes es la dificultad para obtener citas rápidas, ya que solo el 14% de los pacientes logra una cita con su médico de cabecera o pediatra en menos de 48 horas, en comparación con el 40% en 2019. Además, la espera media para un médico de familia es de casi ocho días, y para un pediatra, de seis.
Estos datos contrastan con la propuesta de Mónica García en noviembre, que buscaba la integración de los mutualistas de Muface en el sistema público en un plazo de 9 meses. Según dicho informe del Ministerio de Sanidad, esta integración supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública. Sin embargo, el informe de la OCU deja claro que la sanidad pública ya está sobrecargada y experimenta demoras significativas.
La situación en los servicios de urgencias tampoco es alentadora. El tiempo medio de espera para ser atendido en las urgencias de un hospital público es de 50 minutos, mientras que el tiempo total medio transcurrido en las urgencias hospitalarias es de tres horas y cuarto. Las urgencias de los centros de salud, aunque más rápidas, también superan la hora y media de espera. Este panorama indica que la sanidad pública enfrenta serios problemas de capacidad y eficiencia.
El plan de Mónica García, en entredicho
El plan de Mónica García para acabar con Muface se basa, entre otras razones, en la supuesta insostenibilidad del sistema debido al envejecimiento de sus usuarios. No obstante, la realidad que refleja el informe de la OCU muestra que la sanidad pública no está preparada para recibir a 1,5 millones de nuevos usuarios sin experimentar un mayor deterioro en sus ya de por sí deficientes tiempos de espera y calidad asistencial.
En este contexto, las dudas sobre la viabilidad de la integración de los mutualistas de Muface en el Sistema Nacional de Salud son cada vez mayores, y la preocupación de los funcionarios por esta posible transición aumenta. La falta de recursos y la saturación de la atención primaria, junto con el colapso de los servicios de urgencias, ponen en entredicho la capacidad del sistema público para absorber a los mutualistas de Muface sin causar un mayor caos.
Mientras el Ministerio de Sanidad planteaba una prórroga de 9 meses para la transición, y una posible "incorporación paulatina" de los usuarios, surge la necesidad de buscar soluciones que garanticen una atención sanitaria de calidad para todos los ciudadanos. Es fundamental que las autoridades sanitarias aborden de manera efectiva los problemas de demoras y saturación en la atención primaria y las urgencias antes de plantear una integración masiva de mutualistas en el sistema público. Los ciudadanos, incluidos los mutualistas de Muface, merecen una atención sanitaria eficiente y de calidad, y la decisión de poner fin a la sanidad privada de los funcionarios debe estar acompañada de medidas reales y efectivas para mejorar la sanidad pública.
