Economía

Triple frente judicial en Muface: funcionarios, médicos y aseguradoras amenazan con acciones legales

Los funcionarios denunciarán la falta de asistencia. Además, una demanda de los médicos privados amenaza con bloquear judicialmente la renovación de Muface

  • Fachada de un edificio de Muface -

Todos contra el Gobierno. Esta sería la frase con la que podría resumirse los últimos acontecimientos sobre la histórica crisis de Muface, que cada vez es más compleja. Cada uno a su manera, pero todos los afectados (aseguradoras, funcionarios y médicos de la privada) amenazan judicialmente a Muface. Un triple frente judicial que pone contra las cuerdas al Gobierno, también dividido internamente por la continuidad (o desaparición) del sistema de mutualidad.

A nivel asegurador, la alerta ha llegado de la mano de DKV, que según ha dado a conocer El País este martes, "ha contactado con despachos de abogados para sondear una posible demanda" y formular una indemnización por las pérdidas sufridas en Muface. Adeslas se ha desvinculado radicalmente de esa posible demanda, pese a que haya denunciado pérdidas de hasta 256 millones de euros durante el último concierto, y Asisa sigue estudiando la propuesta del Gobierno. Por ahora, esta demanda es solo una posibilidad flotando en el aire en una de las aseguradoras, no un hecho que vaya a ejecutarse de manera inminente. 

Quienes sí amenazan en serio con dar problemas judiciales por Muface son los funcionarios y los médicos de la sanidad privada, cada uno por motivos diferentes. 

Acciones judiciales por la falta de asistencia sanitaria

Los funcionarios son las víctimas directas de toda la crisis de Muface, porque la materia en juego es su asistencia sanitaria. Por ello, se están movilizando para 'apretar' al Gobierno y conseguir renovar Muface. Así, el sindicato CSIF, mayoritario entre los funcionarios, ha anunciado  que asesorará a sus afiliados mutualistas para emprender las acciones judiciales "pertinentes según cada caso" contra Muface, con el objetivo de defender "los derechos e intereses de los mutualistas y el resarcimiento de daños y perjuicios que se les produzcan".

Los funcionarios han denunciado en repetidas ocasiones que clínicas y hospitales están anulando y cerrando la posibilidad de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, "pese a la orden de continuidad asistencial decretada recientemente por el Gobierno". En este sentido, según ha podido saber este periódico, el sindicato está recopilando las quejas de los afectados para presentarlas tanto a las aseguradoras como a Muface. Si la respuesta de la mutualidad es el silencio administrativo, CSIF iniciará los procedimientos judiciales. Las denuncias se presentarán a nivel individual por cada funcionario afectado, con el asesoramiento legal del sindicato.

Tal y como explican desde CSIF a Vozpópuli, los funcionarios todavía están estudiando el procedimiento a seguir, pero las posibles vías de actuación son las siguientes: contencioso-administrativa; la civil, que dirigirá contra las aseguradoras DKV y Adeslas; y la Penal, que se reservaría para casos "más extremos", aunque no se han especificado las circunstancias.

La amenaza de los médicos de la privada

También prometen guerra los médicos de la privada, pero por motivos diferentes. Tal y como ya contó este periódico, la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel) presentará un recurso contra el concierto de la mutualidad, amenazando la renovación de Muface por la posibilidad de que se produzca un bloqueo judicial, como ya ocurrió con Isfas (que atiende a 550.000 militares y guardias civiles) y Mugeju (que da servicio a 91.000 jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia). 

Como ha confirmado el presidente de la asociación a este periódico, en cuanto se publiquen los pliegos de condiciones de Muface, presentarán un recurso ante el tribunal, y si éste lo acepta ante el perjuicio de "difícil o imposible reparación" en caso de que los trámites del procedimiento de contratación siguieran su curso, la aprobación de la licitación se paralizaría una vez más. 

La denuncia de la asociación de médicos, que representa a profesionales independientes, es que con el sistema actual se produce una "vulneración de derechos constitucionales y causas anticompetitivas", ya que el papel de las aseguradoras es "abusivo" porque estrechan márgenes. "Este sistema viola totalmente la relación médico-paciente y ambos salen perjudicados", explica el presidente de Unipromel. Su principal reclamación es que la financiación se realice directamente a los médicos, que son los "verdaderos" prestadores del servicio, y no a través de aseguradoras.

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