Telefónica y Perú vuelven a verse las caras en los tribunales. Lo hacen, además, en un momento crucial para el futuro de la filial de la operadora en el país. Como adelantó este periódico, la compañía se reunió hace escasas semanas con potenciales inversores para desprenderse del negocio, lastrado por los conflictos permanentes con la Hacienda peruana, la pérdida de clientes y la devaluación de la moneda. Estas conversaciones coinciden con el arbitraje histórico entre teleco y Estado, en el que hay en juego 1.122 millones de euros. Además, la operadora anunció este viernes la situación de concurso de acreedores, que acelerará los planes de desinversión de la teleco.

Esta semana arrancan las sesiones del pleito en el que Telefónica reclama esa cantidad por daños y perjuicios fiscales. El Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, fijó para mediados de febrero las audiencias para atender las reclamaciones de ambas partes y resolver si se incumplió un acuerdo bilateral de inversión entre España y Perú.

La primera denuncia por parte de la operadora se interpuso hace cuatro años y recoge litigios de impuestos devengados de los ejercicios 1998, 2000 y 2001. Así, con Nueva York como ciudad testigo del arbitraje, Telefónica reclamará los impuestos ya pagados por un valor de unos 523 millones de euros a la Hacienda peruana (Sunat). En el segundo ejercicio se aluden a otras exigencias fiscales, de hasta 647,2 millones de dólares, (592 millones de euros), cuyas reservas se anotaron en las cuentas de la compañía de ejercicios precedentes.

A las cifras anteriores se añaden otros 7,4 millones de dólares (6,7 millones de euros), relacionadas con el perjuicio emergente, de costes de asesores legales y fiscales, así como del establecimiento de fianzas en procesos locales. También, en este montante, se recogen posibles daños y perjuicios que reclama la operadora.

Con todo -como explicaba El Economista cuando se conoció la fecha del arbitraje-, en el mejor de los casos, Telefónica podrá decidir la suerte de esas provisiones, ya sea mantenerlas en un país con alta inseguridad jurídica o reducir la deuda, entre otras opciones.

Telefónica, que lleva varios años preparando con sus servicios jurídicos el arbitraje, también contará con el asesoramiento de los despachos de abogados White & Case y Menéndez Uría. Según las fuentes consultadas, la operadora centrará su defensa en el daño histórico que ha ocasionado estos litigios, las contingencias fiscales y los costes totales de casi tres décadas de contingencias.

Conviene recordar que Telefónica y Perú mantuvieron otro litigio. Sunat (abrió expediente en 2021 para investigar a Telefónica por su relación con los proveedores. En concreto, el organismo estudió las prácticas utilizadas por la operadora, que centraliza las compras en Alemania, por si consistían en un esquema basado únicamente en una optimización fiscal. En el país germano, tiene créditos fiscales que reducen la tributación por debajo del 15%.

Venta de la filial y concurso de acreedores

Como se mencionaba anteriormente, el arbitraje entre Telefónica y Perú coincide con la histórica decisión de entrar en concurso de acreedores. Semanas antes, Vozpópuli adelantó que la operadora se vio las caras con los que fueran dueños de la empresa de fibra Win para desprenderse de este activo. La propia Telefónica del Perú emitió un comunicado al regulador del país indicando que se produjeron estos contactos, si bien no se alcanzó ningún acuerdo. Tras estos contactos, la compañía oficializó el concurso de acreedores, que evidencia la desinversión en el país latinoamericano y abre un paso previo a la venta de la filial.

La solicitud del concurso fue aprovechada para que Telefónica diera un rejonazo a las instituciones peruanas, asegurando que la delicada situación financiera que atraviesa la filial es por culpa de los litigios mantenidos con Perú. "La situación se ha agravado por las decisiones administrativas que han colocado a la compañía en una posición de desventaja competitiva en un entorno de mercado particularmente desafiante. En relación con las antes referidas contingencias fiscales, Telefónica mantiene abierto a la fecha un arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas sobre Inversión (CIADI)", puntualiza en el documento emitido el pasado viernes.

Al efecto de habilitar el acogimiento, Telefónica Hispanoamérica ha concedido un crédito mercantil hasta por 1.549 millones de soles (aproximadamente 394 millones de euros), sujeto a estricta condicionalidad y con vencimiento a 18 meses, para atender exclusivamente las necesidades operativas de caja de Telefónica del Perú.

La posibilidad de que Telefónica abandone Perú coincide en el tiempo con una posible desinversión en Argentina. Bloomberg adelantó que la operadora está sopesando la marcha del país latinoamericano, en una operación similar a la que se negocia en Lima. El operador móvil español ha recibido interés preliminar en los últimos meses de inversores argentinos y extranjeros acerca de la unidad. “La operación avanza a velocidad crucero y todavía no hay ningún candidato que esté más avanzado”, remarcan fuentes a La Nación.

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