El Gobierno enfrenta una doble crisis con los funcionarios y el sector médico debido a las controversias generadas por la reforma del Estatuto Marco y la gestión de Muface. Estas situaciones han llevado a convocatorias de huelga y manifestaciones, reflejando un clima de desconfianza hacia las acciones gubernamentales.
El descontento médico por el Estatuto Marco
Los sindicatos médicos han manifestado su rechazo a la propuesta de reforma del Estatuto Marco presentada por el Ministerio de Sanidad, anunciando un calendario de movilizaciones que incluye protestas a nivel autonómico y una manifestación frente al Ministerio de Sanidad. Las principales críticas se centran en dos puntos clave:
• La limitación de las jornadas a 17 horas diarias para acabar con las guardias de 24 horas, una medida que consideran peor que el estatuto vigente. Los sindicatos proponen un máximo de 12 horas diarias, permitiendo las guardias de 24 horas de forma voluntaria y con una remuneración superior a la hora ordinaria.
• La dedicación exclusiva a la sanidad pública para jefes de servicio y médicos durante los cinco primeros años tras finalizar su residencia, lo que, según los sindicatos, provocará una migración de profesionales a la sanidad privada.
Los médicos denuncian la falta de disposición del Ministerio a mejorar sus condiciones laborales y exigen una regulación específica de su profesión a través de un estatuto propio o un apartado diferenciado dentro de la norma.
La incertidumbre en Muface
Paralelamente, los funcionarios también se encuentran en pie de guerra debido a la incertidumbre en la atención sanitaria proporcionada por Muface. A pesar de que el Ministerio para la Función Pública ha anunciado un aumento de la financiación del concierto sanitario en un 41,2%, los sindicatos, como CSIF, han convocado una huelga para el 13 de febrero.
CSIF argumenta que la desconfianza persiste entre los mutualistas, debido a la falta de transparencia y a la existencia de anulaciones y retrasos en citas médicas y pruebas diagnósticas. El sindicato ha anunciado que llevará estas quejas a la Fiscalía General del Estado para depurar responsabilidades. El sindicato también exige al Gobierno que convoque el Consejo General de Muface y publique el informe sobre la eficiencia del sistema de mutualidades y los cálculos de rentabilidad de las aseguradoras.
Esta falta de cohesión interna dentro del Gobierno, donde el Ministerio de Sanidad calificó de “decepcionante” el aumento de la financiación mientras que el Ministerio para la Función Pública lo vendía como un éxito, genera dudas sobre la solidez del acuerdo alcanzado.
La situación actual presenta un desafío significativo para el Gobierno, que debe encontrar soluciones a corto plazo para apaciguar tanto al sector médico como a los funcionarios, quienes exigen transparencia y mejoras en sus condiciones laborales y de atención sanitaria. La doble crisis pone de manifiesto la necesidad de un diálogo efectivo y de medidas que generen confianza en las instituciones y en la gestión de los servicios públicos.
