Telefónica vuelve a sufrir un nuevo revés en Latinoamérica. Esta vez ha sido Moody 's quien desconfía de su situación financiera en Perú. En concreto, la agencia de calificación ha rebajado B2 a Caa1 por el deterioro de la posición de liquidez de la compañía.
¿Y esto en que se traduce? Pues, básicamente, que Moody's considera que la filial de Perú tendrá problemas a la hora de encontrar financiación y, de contrarlo, contará con un riesgo crediticio algo.
“La rebaja a Caa1 refleja el creciente riesgo de refinanciamiento y riesgo de reestructuración de deuda en los próximos meses, luego del deterioro en la posición de liquidez de Telefónica del Perú”.
“Es crucial que la empresa asegure el acceso a los mercados financieros para refinanciar esta deuda. De no hacerlo, se eleva el riesgo de que la empresa tenga que considerar una reestructuración de la deuda o un canje de deuda en dificultades para cumplir con sus compromisos financieros”, continúa el informe emitido recientemente.
Cabe recordar que la situación de la sociedad en Perú es muy delicada y necesita refinanciar a corto plazo un montante de unos 150 millones de euros. Los bonos vencen en abril y con la incertidumbre en las líneas de crédito y sin tener segura una nueva financiación, el riesgo de la reestructuración de la deuda aumenta.
Por otra parte, Moody’s también recuerda en el informe que la generación de caja de la filial peruana de Telefónica será negativa durante todo 2025 y no asegura que la situación pueda revertirse en 2026
Con todo, Telefónica Perú sigue siendo la reina de las telecomunicaciones en Perú. En la actualidad posee una cuota de mercado del 27,5% en el nicho de telefonía móvil y del 39% en internet y fijo. No obstante, las cifras financieras no le están acompañando. El margen de Ebitda, ajustado por Moody´s ha caído un 10% mientras que el apalancamiento ajustado aumentó a 6,8 veces desde 2,3 veces en el mismo período.
Pugna con el gobierno peruano
El momento complejo que arrastra Telefónica Perú en lo financiero también se extrapola en las relaciones diplomáticas. Desde hace años, la compañía mantiene un pulso con el Gobierno por varios frentes fiscales abiertos.
El pasado mes de octubre se conoció que la operadora reclama un total de 1.120 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, correspondientes a impuestos realizados en dicho territorio y provisiones fiscales de tributos pendientes de abonar. Las previsiones para poder cobrar o no dicho montante son para finales del primer trimestre de 2025, según avanzó ElEconomista.
Esta cantidad proviene de impuestos ya pagados al fisco peruano (523 millones de euros, y exigencias fiscales de 647 millones de euros. A las cifras anteriores se añaden otros 7,4 millones de dólares (6,7 millones de euros), relacionados con el perjuicio emergente, de costes de asesores legales y fiscales.
Dos meses antes, Telefónica salió victoriosa de otra batalla legal y la Sunat (la Agencia Tributaria del país) le devolvió un total de unos nueve millones de euros por un litigio entre ambas partes a cuenta del impuesto de la renta.
Otra de las grandes batallas que han librado Perú y Telefónica es la de la operativa para hacer compras de los proveedores en el país. Sunat lleva recabando información desde 2010 por si las adquisiciones, realizadas en Alemania, se organizan en torno a un esquema basado en la optimización fiscal y podría ahorrarse hasta un 15% que dejaría de pagar en Perú.
Cabe destacar que Telefónica y Perú mantienen sus pulso desde 1994 cuando la operadora compró la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) por unos 1.300 millones de euros. Cuatro años después adquirió Entel Perú por 1.200 millones de dólares, durante la administración de Alberto Fujimori. Las disputas se recrudecieron especialmente con el gobierno de Valentín Paniagua, que encargó a la Sunat realizar un análisis exhaustivo sobre la empresa, elevándose la hostilidad e imponiendo sanciones y pleitos que duran hasta la actualidad.