Economía

Contratiempo en las pensiones de los jubilados: casi 50 euros menos en febrero si no se toman medidas

Seguridad Social asegura que en febrero las pensiones bajarán respecto a enero y culpa al PP por rechazar el decreto ómnibus, un 'cajón de sastre' económico

  • Entre los pensionistas y los empledos públicos pueden mover más de 11 millones de votos.

La subida de las pensiones contributivas en un 2,8% este año, que decayó en el Congreso este miércoles, elevará la nómina media de jubilación hasta rozar los 1.500 euros en enero. Pero, si no se toman medidas para que vuelva a estar vigente cuanto antes, en febrero esa pensión media podría volver a su estado actual: 1.450 euros. Esto significa que el impacto de la derrota parlamentaria para un jubilado medio del sistema de la Seguridad Social ronda los 40 euros mensuales. 

Si se tiene en cuenta también el medio millón de nóminas de funcionarios jubilados que están en Clases Pasivas, entonces el impacto es algo mayor. Tras sumarlas a las 6,55 millones de nóminas de jubilación contributivas que paga la Seguridad Social, la pensión media de jubilación rondaba en diciembre los 1.697 euros mensuales. En enero, al aplicar el 2,8% de subida, esa nómina media subirá hasta los 1.745 euros, casi 50 euros más. Y en febrero, si no se toman medidas a tiempo, volverán a ser 50 euros menos. 

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, elevó el impacto este miércoles, tras tumbar el PP y Junts el decreto ómnibus que incluía, entre otras muchas medidas, la revalorización de las pensiones (no sólo las contributivas y de Clases Pasivas en un 2,8%, sino también las mínimas en un 6% y las no contributivas en un 9%). Advirtió de que en el conjunto del año la subida para un pensionista medio alcanza los 500 euros, y para un jubilado medio, asciende hasta rozar los 600 euros.

Solución a una batalla política

El Ministerio de Seguridad Social ha asegurado que la nómina de enero que empezarán a cobrar los pensionistas en estos días sí incluirá la revalorización del 2,8%, al haber estado vigente hasta este miércoles el real decreto-ley no convalidado, pero advirtió de que "los pensionistas van a tener que soportar que su pensión sea más baja en febrero", culpando al PP de ello por votar contra. Por su parte, los populares defienden que el responsable de este perjuicio es el Gobierno, por incluir la revalorización de las pensiones junto a otras medidas en un mismo decreto.

Como respuesta, el PP ha presentado una proposición de ley que pueda garantizar dicha subida, pero su tramitación llevará tiempo. La propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado en la red social X que esta proposición de ley necesitará "seis meses para tramitarse". Sin embargo, desde el partido de Núñez Feijóo aseguran que si la proposición se tramita de urgencia, se tardaría "bastante menos" e incluso se llegaría a tiempo de abonar las nóminas de febrero con la subida incluida. 

Por otra parte, apuntan a la posibilidad de que el Gobierno apruebe un nuevo real decreto-ley sólo con la revalorización, blindando así las nóminas de febrero. Fuentes del Partido Popular aseguran que el partido estaría abierto a apoyar ese nuevo decreto sólo para las pensiones, sin el resto de medidas que iban incluidas en el ómnibus. Finalmente, el peor de los escenarios para los pensionistas sería una nómina sin subida en febrero por falta de negociación, aunque se acabaría pagando con carácter retroactivo más adelante. 

El impacto de la subida de pensiones

La revalorización tiene un impacto económico para el bolsillo de los pensionistas, pero también para las arcas del Estado y para los trabajadores, que tienen que aportar más para mantener el sistema público de pensiones. El gasto total ya ha superado los 200.000 millones de euros anuales y se calcula que sólo con la revalorización de este año, sin tener en cuenta otros factores que también alimentan la factura, se añadirán más de 5.000 millones adicionales (unos 400 millones mensuales). 

Para compensarlo, aunque sea parcialmente, en 2025 comienza a aplicarse la denominada 'cuota de solidaridad', una cotización adicional sobre los salarios más altos, aquellos que superen la base máxima (que queda fijada en los 59.000 euros anuales). El destope de las bases máximas de cotización y las cotizaciones por ingresos reales de los autónomos también incrementan la aportación al sistema. Y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una sobrecotización que se aplica a todos los trabajadores desde 2023, se incrementa un 0,1% (hasta el 0,8%). 

Algunas de estas medidas, que parten de la última reforma de pensiones impulsada por el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, también estaban integradas en el decreto ómnibus y, por tanto, han quedado en el aire a la espera de que el Gobierno de una respuesta. En cualquier caso, ni con estas medidas (que en el caso de la cuota de solidaridad y el MEI no generan mejoras en las futuras pensiones de los trabajadores) las cuentas salen, algo que tendrá que analizar y confirmar la AIReF este año.

 

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