El Banco de España asume ya que el Gobierno no cumplirá el Plan Fiscal Estructural comprometido con Bruselas el pasado mes de octubre. Según consta en sus últimas proyecciones macroeconómicas, no lo hará por dos motivos: el mayor incremento de la inflación de lo esperado por los precios energéticos, que elevará automáticamente el gasto en pensiones al estar éstas indexadas al IPC, y la menor recaudación al no contar con el impuesto a las energéticas, que tumbó el Congreso en enero.
Lo que España debe cumplir es el compromiso de que el gasto computable neto no crezca más del 3,7% este año, del 3,5% en 2026 y del 3,2% en 2027. Pero, con los cálculos del supervisor bancario, el incremento anual será del 4,5% en 2025, del 4,1% en 2026 y del 3,8% en 2027. Es decir, ocho, seis y seis décimas más, respectivamente, de lo que prometió el Gobierno y aprobó Bruselas. Y esto pese a que la recomendación inicial de Bruselas era aún más exigente.
El Banco de España también cita otras medidas que no estaban previstas en sus últimas previsiones y avivan el gasto, como es la extensión de la subvención al transporte público hasta el mes de junio. En la práctica, esto supone que para el cumplimiento estricto del Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo este año, en 2025, el Gobierno tendría que llevar a cabo un ajuste equivalente de en torno a 5.000 millones de euros.
Incumplimiento de las reglas fiscales
De no hacerlo y producirse este mayor incremento del gasto computable neto previsto por el BdE, se daría un incumplimiento de las nuevas reglas fiscales europeas este año. Sin embargo, fuentes expertas señalan que existe un margen de flexibilidad (la cuenta de control) que permitiría desviarse de este objetivo en un año en concreto en una cantidad similar. Esto haría que un ajuste menor (e incluso próximo a nulo) no implicaría la apertura de un procedimiento por incumplimiento.
En todo caso, el incumplimiento se produciría también en años posteriores, en 2026 y 2027, hasta donde llega el horizonte de proyección del Banco de España. Por otra parte, estas previsiones de BdE no tienen en cuenta el impacto que tendrá en esta variable el incremento del gasto en Defensa que debe llevar a cabo España para que alcance cuanto antes el 2% del PIB, ni la relajación de las reglas fiscales que ha planteado Bruselas en relación a este gasto.
Las últimas estimaciones de la OTAN sitúan el gasto en Defensa de nuestro país cerca de los 20.000 millones de euros, lo que se traducía en el 1,28% del PIB en aquel momento. Con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y las previsiones económicas que hay actualmente, llegar al 2% del PIB este año supondría dedicar a Defensa alrededor de 33.000 millones de euros.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó este martes tras la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin) el "aprovechamiento" que hará el Gobierno de "la flexibilización de las reglas fiscales que ya ha puesto sobre la mesa la propia Comisión Europea y que detallará en los próximos días o semanas". "Todos los países estamos de acuerdo en que es una buena vía de avance para hacer ese esfuerzo" en Defensa.
El ministro añadió que "además del componente doméstico, la seguridad tiene una característica esencial de bien público a nivel europeo y, por lo tanto, creemos que requiere también una financiación comunitaria". En esa línea, recordó, va el anuncio por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de un fondo en préstamos por 150.000 millones de euros. Cuerpo ha pedido que la UE vaya más allá e incluya también transferencias a fondo perdido.
