Si te quedas en Cataluña, te inspeccionará la Agencia Tributaria Catalana independiente. Es la consigna que pesa en las pymes catalanas, cuando son pequeñas y medianas la mayoría de las empresas que han cambiado su sede social desde el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que superan las 10.000. Y es que, a diferencia de las empresas que facturan más de 10 millones de euros, que en el cupo vasco que se quiere imitar declaran en distintas administraciones tributarias según su volumen de operaciones, las pymes lo hacen en donde tengan su domicilio. Y es clave quién inspecciona.
Así lo trasladan fuentes fiscales y empresariales, que apuntan que para intentar paliar este roto en la recaudación, precisamente en el pacto sobre el cupo entre el PSOE y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa se recoge que la recaudación del IVA de las pymes se atribuirá en función de su domicilio en lugar de la estadística de consumo y se análizará la extensión de este mecanismo a otros tributos, y se prevé un mecanismo para que Cataluña decida sobre el IVA de los alquileres turísticos cuando se apruebe la Directiva.
Estas fuentes creen que a las grandes empresas como Sabadell, que ha anunciado que devuelve su sede a Cataluña, el cupo les preocupa menos y tienen más herramientas para enfrentarse a todo tipo de escenarios. Además de que a una Agencia Tributaria Catalana independiente le interesará mantener un trato exquisito con ellas, ya que su sede en Cataluña se consideraría un trofeo, tanto para la propia administración tributaria como para la Generalitat de la que dependería.
Con todo, otras fuentes fiscales alertan de que el cupo catalán que se prepara no es del gusto de nadie y prevén guerras entre agencias tributarias incluso en lo que respecta a las grandes empresas, a imagen de lo que ya ocurre entre la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) y las Agencias Forales.
¿Sanciones?
Junts ha reclamado sanciones para las empresas que se marcharon durante el procés y que no vuelvan, en concreto aquellas compañías cuyos centros operativos estén alejados de sus sedes sociales. Se trata de una petición de difícil cumplimiento en un Estado de Derecho en la UE que con todo el Gobierno de Sánchez se avino a contemplar.
El pacto por el que Junts salvó in extremis con su abstención los Reales Decretos-leyes anticrisis y ómnibus el 11 de enero de 2024 no se hizo público. Según difundieron los de Carles Puigdemont, sobre la fuga de empresas sólo se decía que se iba a "reformar la Ley de Sociedades de Capital para revertir el Real Decreto del PP de octubre de 2017", conocido como Decreto Guindos, que la facilitó "y que las empresas puedan retornar a Cataluña",
Esta modificación es en principio lo único que el Gobierno puede hacer, ya que las demandas de los posconvergentes de sancionar a las empresas que se fueron o incentivar su vuelta son ilegales. No ha habido medidas explícitas hata la fecha, pero es una de las exigencias de Junts, que precisamente ha redoblado el pulso a Sánchez. El último órdago de Puigdemont ha coincidido con el anuncio de la vuelta a Cataluña de Cementos Molins y Sabadell. En el caso de esta última, el retorno se atribuye a la opa de BBVA, pero fuentes próximas a la Generalitat sostienen que habrá más regresos.
La fuga se redobla
La pérdida de empresas que sufre Cataluña desde 2017 se ha redoblado en el último año, según los datos de los Registradores de los que ha informado Vozpópuli. En 2024 registró un saldo negativo de 351 compañías.
Todos los años se registran pérdidas, pero desde 2021 la tendencia era descendente. En aquel año se perdieron 326 sedes sociales y en 2022, 181. En 2023 la fuga ya se redujo a 160. Sin embargo, en 2024 la situación ha vuelto a empeorar, superando incluso los niveles de 2021.
En plena pugna entre Junts y ERC en Cataluña y por el ascendente sobre el Gobierno de Pedro Sánchez que acababan de ayudar a investir, 2024 arrancó con el peor primer trimestre en cinco años, desde 2019, con una pérdida de 84 compañías (llegaron 175 pero se fueron 259). Entre abril y junio se registró un saldo negativo de 106 compañías, el peor dato en un segundo trimestre desde 2018.
En el tercer trimestre, tras las elecciones catalanas, se perdieron otras 73 (con 196 salidas y sólo 123 llegadas), a las que se sumaron otras 88 entre octubre y diciembre. En total, en el conjunto del año, casi 1.000 empresas (concretamente, 926) trasladaron su sede social de Cataluña a otra CCAA, frente a las 575 que llegaron.
Esto dejó un saldo negativo de 351 empresas, el peor dato desde 2018. En aquel año Cataluña perdió 1.892 empresas, una cifra superada sólo en el cuarto trimestre de 2017, cuando en tres meses se perdieron 1.988 sedes sociales (salieron 2.536 y entraron sólo 548) como consecuencia del referéndum.
El resultado es que en los últimos siete años Cataluña ha perdido 5.516 sedes sociales (10.535 salidas que se han compensado parcialmente con 5.019 llegadas). La estadística del Colegio de Registradores no permite saber cuántas empresas de las que salieron han regresado, pero en todo caso se habrían contabilizado entre las entradas y, por tanto, en el saldo.
Perhaps
25/01/2025 07:55
No nos pasemos de ingenuos y caigamos en la necedad. Lo del Sabadell no es una maniobra económica sino político-defensiva contra el BBVA. No se lo cree nadie con dos neuronas y por lo tanto no se lo cree el dinero. En cuanto pase el peligro, si pasa, se volverá a ir.