El Gobierno ha fiado su continuidad a la economía y, por supuesto, a Junts. Todas las extrañas circunstancias políticas que se están viviendo en los últimos meses son convenientemente minimizadas por los miembros del Ejecutivo bajo el peso de la realidad económica. El Producto Interior Bruto ha crecido un 3,2% durante el pasado ejercicio, según el avance de Contabilidad Nacional Trimestral del cuarto trimestre del Instituto Nacional de Estadística.
También según este organismo autónomo, el empleo sigue disparado. El pasado año se cerró con cerca de 22 millones de ocupados, una cifra que hace historia. Son 468.100 trabajadores más que un año antes. La tasa de paro ha bajado del 11%, hasta el 10,61% a cierre de diciembre, con 265.300 parados menos según la Encuesta de Población Activa.
Pero hay cosas sobre las que el Gobierno prefiere pasar con pies de plomo. Según el Servicio Estatal de Empleo Público, a cierre de 2024 había en España 2.560.718 desempleados inscritos en sus oficinas, 146.738 menos (un 5,42%) que un año antes. Es otra forma de medir el número de parados que no está basada en la respuesta de los encuestados sino en los que se registran en sus oficinas. Sin embargo, el gasto en prestaciones por desempleo se situará en el entorno de los 23.500 millones de euros, cerca de 1.500 millones de euros más que en 2023, con casi 50.000 personas menos recibiendo compensaciones económicas por su situación laboral temporal.
Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a cierre del año 2024, un total de 1.788.185 personas eran beneficiarios de algún tipo de prestación por desempleo. Son 47.742 personas menos que a finales del año anterior. Pero hay dos diferencias sustanciales: el número de perceptores de una prestación contributiva, la de mayor importe, se ha incrementado en 55.592 personas, incluidos los que cobran la renta agraria en Extremadura y Andalucía, y el de quienes reciben un subsidio, de mucha menor cuantía, ha descendido en 103.334.
El resultado final es que, en los once primeros meses del pasado año, el gasto en prestaciones por desempleo ha ascendido a 21.077 millones de euros, cifra a la que habría que añadir alrededor de 2.000 millones de euros de las prestaciones del mes de diciembre, y otros 430 millones de euros de la Renta Activa de Inserción (RAI), subsidio para las personas desempleadas de larga duración, con discapacidad o emigrantes retornados, que ha quedado suprimida a partir del 1 de noviembre de 2024 e integrada en otra modalidad. En total, más de 23.500 millones de euros, que suponen un aumento del 6,2% en relación con la cifra destinada para cubrir estos gastos en todo 2023.
Tipos de prestación
Según las estadísticas de Trabajo, de los cerca de 1,8 millones de perceptores de algún tipo de prestación por desempleo, 915.704 cobraban una prestación contributiva, a la que se accede después de tener cotizado a la Seguridad Social el periodo mínimo exigido. Suponen el 51,21% del total. Hay además 67.470 personas (3,77%) que perciben la renta agraria, aunque está circunscrita a las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, exclusivamente.
El resto, 805.011 perceptores reciben subsidios: 656.053 (el 36,7% el total), el de desempleo; 75.097 (el 4,2%), el denominado subsidio agrario, también reducido a las dos autonomías antes indicadas, y 73.861 (4,13%), la Renta Activa de Inserción. A finales de 2023, la prestación contributiva era cobrada por el 46,6% del total de perceptores; la renta agraria, por el 3,9%; el subsidio por desempleo, por el (39,9%); el subsidio agrario, por el 4,37%, y la RAI, por el 5,16%.
El coste mensual del desempleo ha oscilado en 2024 entre los 1.739 millones de euros del mes de mayo, la cuantía más baja, a los 2.081 millones del mes de enero, la más alta, con una media mensual de 1.916 millones de euros. La prestación contributiva absorbe, aproximadamente, el 67% del gasto total, aunque solo represente el 51,2% del número de perceptores. El subsidio por desempleo representa el 28,5% del gasto total, aunque su peso relativo en el número es muy superior.
Desembolso para el Estado
En los últimos cinco ejercicios, el gasto en prestaciones por desempleo ha supuesto al Estado un desembolso global de 127.000 millones de euros. El mayor coste se produjo en el año en el que irrumpió la pandemia, con 36.396 millones, seguido por 2021, con 24.500 millones. El de 2024 será el tercero más elevado del quinquenio, a pesar de que las cifras de desempleo se han reducido ostensiblemente desde 2020.
De acuerdo con los datos del SEPE, por edades, los beneficiarios mayores de 55 años son el tramo más numeroso de perceptores de prestaciones por desempleo. Suponen alrededor del 39% del total, aunque en su gran mayoría cobran el subsidio hasta alcanzar la edad de jubilación.
Las personas de entre 45 y 54 años suponen el 23% de todos los perceptores. La mitad cobra una prestación contributiva; el 29% un subsidio y uno de cada diez, la RAI. Los jóvenes con menos de 30 años son apenas el 12% del total y la mayor parte reciben una prestación contributiva. Por último, los beneficiarios con entre 30 y 44 años de edad son el 27% del total y la mitad percibe la prestación por la que han cotizado mientras trabajaban.
dbbfjc
03/02/2025 11:26
no se puede cobrar lo mismo en casa que trabajando
esnalar
03/02/2025 11:55
Consecuencias de dejar estas cosas en manos de una indocumentada mental. Dice que es abogada. Y lo será. Es una de las carreras más simplonas y cortas que tiene las universidades. Y si no sigues evolucionando en derecho, no solo no progresas, si no que acabarás torcido. Esto no es mejorar la economía, ni la vida social de nadie. Esto es repartir lo que no tienes. El cuento de la lechera.