Economía

"Inseguridad jurídica" en las nóminas: la caída del 'ómnibus' siembra el caos en las cotizaciones

Desde el Ministerio de Seguridad Social aseguran que las subidas de cotizaciones previstas decaen, pero las empresas esperan indicaciones sobre cómo actuar

  • Una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. -

El decreto ómnibus que decayó este miércoles en el Congreso, un cajón de sastre repleto de medidas económicas, incluía la subida de cotizaciones para 2025: el incremento de la base máxima hasta los 4.909,5 euros mensuales, la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneración (MEI) en una décima, y la aplicación por primera vez de la llamada 'Cuota de Solidaridad' a los que superen la máxima (hasta un 1,17%). 

Esto abre un nuevo escenario para empresas, trabajadores y la propia Seguridad Social, que a principios de semana contaban con un incremento de costes y de ingresos, respectivamente, que ahora queda en el aire. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirman que las tres medidas decaen, aunque aún no ha habido una comunicación pública al respecto.

Fuentes empresariales aseguran a Vozpópuli que esta situación "genera inseguridad jurídica" e informan de que se han disparado las consultas de "gente que no sabe cómo tiene que cotizar". El real decreto-ley ha estado vigente desde el 24 de diciembre hasta este jueves, lo que despierta las dudas de empresarios y gestores. "Es difícil interpretarlo", señalan, a la espera de que la Seguridad Social aporte una solución.

El presidente del Consejo de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, considera que "todo aquello que haya decaído no se debe aplicar porque no está aprobado". Se refiere fundamentalmente a la subida de la base máxima de cotización, pero desde el Consejo reconocen que hay más dudas con la Cuota de Solidaridad y, sobre todo, con MEI al recogerse la aplicación de este año en el real decreto-ley de la reforma de pensiones.

En cualquier caso, Santiago Ollero asegura que "antes o después lo van a retomar" ante el impacto económico que tiene para la Seguridad Social. Estas medidas buscan aumentar los ingresos de la Seguridad Social para compensar el fuerte crecimiento que viene experimentando el gasto en pensiones. El Ministerio espera recaudar alrededor de 1.700 millones de euros con estas tres subidas en 2025, elevando los ingresos por cotizaciones hasta los 177.314 millones. 

Por el contrario, las fuentes consultadas comentan que a las empresas, pese a la inseguridad que les genera ahora, les beneficia este retraso por el importante impacto que tiene en sus cuentas de resultados. También a los trabajadores, pues ni el Mecanismo de Equidad IntergeneracionaI ni la Cuota de Solidaridad generan mejoras en la base de cotización sobre la que se calculan sus futuras pensiones.

Sobre lo que ocurrirá una vez se adopten las medidas oportunas para reactivar estas subidas de cotizaciones, fuentes expertas también apuntan que "cualquier medida de subsanación debiera intentar cumplir el principio de irretroactividad". Según apuntan, en la práctica, este principio general de tributación llevaría consigo la dificultad de que las subidas de cotizaciones paralizadas se puedan recuperar.

La subida de las cotizaciones

La subida de cotizaciones que está prevista y ahora queda en suspenso la asumen en su gran mayoría las empresas, alrededor del 83% del total, mientras que el 17% restante corresponde al trabajador. Por ejemplo, en un sueldo medio de 70.000 euros, se estimaba un incremento de cotizaciones sociales de 1.037 euros anuales, de los que 867 euros los afrontará la empresa y los otros 170, el trabajador.

Desde 2024 la base máxima de cotización se revaloriza en base a la variación media interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) del ejercicio anterior más un 1,2% adicional. Esa subida de la base máxima por la que cotizan los trabajadores será superior a la revalorización de la pensión máxima del sistema, que se incrementa anualmente la variación media del IPC más un 0,115% adicional. 

Por tanto, los asalariados que superen la base máxima y sus empleadores cotizarán más sin que esa cotización adicional genere apenas derecho a una pensión mayor. Asimismo, como se apuntaba antes, tanto la Cuota de la Solidaridad como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional implican incrementos de cotizaciones para la empresa y el trabajador con carácter recaudatorio, pero no contributivo. 

A diferencia del MEI, una medida que viene aplicándose desde 2023, la Cuota de Solidaridad que se pretende aplicar por primera vez en 2025 no afecta a los autónomos cuyos ingresos superen la base máxima de cotización de la Seguridad Social. Su importe se determina en función del exceso de los rendimientos del trabajo por cuenta ajena sobre la base máxima de cotización, y este año oscilaría entre un 0,92% y 1,17%.

En el caso del MEI, que afecta desde 2023 a todos los trabajadores independientemente de sus ingresos, el porcentaje a aplicar sobre la base de cotización quedaría en el 0,8% con la subida que incluía el decreto ómnibus. La recaudación mediante este mecanismo se destina a llenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, una 'hucha' para pensiones prácticamente vacía hasta hace unos años y que cerró el 2024 con 9.400 millones. 

La revalorización de las pensiones

La incertidumbre también rodea a los más de 12 millones de pensionistas que hay en el país, pues la subida prometida del Gobierno para 2025 también estaba incluida en el decreto ómnibus que tumbó el Congreso este miércoles. Estaba previsto que las contributivas y de clases pasivas se revalorizaran un 2,8%; las mínimas, un 6%; y las no contributivas, un 9%. 

El Ministerio de Seguridad Social ha asegurado que la nómina de enero sí incluirá la revalorización, al haber estado vigente hasta este miércoles el real decreto-ley no convalidado, pero advirtió de que "los pensionistas van a tener que soportar que su pensión sea más baja en febrero". Es decir, si no se toman medidas antes, en febrero esa pensión podría volver a su estado actual. De media, supone una diferencia de unos 50 euros mensuales. 

El Gobierno culpa al PP de esta situación por votar contra. Por su parte, los populares defienden que el responsable de este perjuicio es el Gobierno, por incluir la subida de las pensiones junto a otras medidas muy variadas en un mismo decreto. La solución, dicen, pasaría por un nuevo decreto que sólo incluya las pensiones, que tanto PP como Junts estarían dispuestos a apoyar. El Ejecutivo, por su parte, aún no ha revelado cuál es su plan.

La revalorización tiene un impacto para el bolsillo de los pensionistas, pero también para las cuentas de la Seguridad Social. El gasto total ya ha superado los 200.000 millones anuales y se calcula que sólo la revalorización de este año, sin tener en cuenta otros factores, costará más de 5.000 millones. La subida de ingresos que tenía prevista el Gobierno no sería suficiente para compensarlo, con un apoyo cada vez mayor del Estado vía transferencias y préstamos, financiado con impuestos y deuda.

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