Inmobiliario

Un asesor de Sareb reconoce las dificultades que plantea la regulación del Gobierno en vivienda

PwC, el coordinador del desierto Proyecto Viena, ha admitido a inversores que las últimas regulaciones sobre el sector pueden limitar su atractivo

  • Pedro Sánchez interviene durante el foro de vivienda. -

Que el plan estrella en promoción de vivienda asequible de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) acabara desierto no ha sorprendido a las grandes inmobiliarias nacionales. La mayor apuesta del Gobierno por la colaboración público-privada se ha dado de bruces con una creciente percepción en el sector de inconsistencia en los planes del Ejecutivo. Que los números no acabaran cerrando a la promotora que había mostrado mayor interés, Salas, como avanzó Vozpópuli, fue el remate a una iniciativa del 'banco malo' ahora en manos del Estado que se descontaba abocada al fracaso por una mezcla de factores financieros con cuestiones políticas.

Y es que no pocos empresarios influyentes del real estate se han empezado a alarmar ante la creciente deriva de "eslóganes" del presidente del Gobierno, escenificada la pasada semana con un discurso que parecía terminar de relegar a la peor posición al inversor privado dentro de un cóctel de anuncios sin un desarrollo claro -y hasta contradictorio con el trasladado extraoficialmente luego-. "En vez de hacerse política de la vivienda, se está haciendo de la vivienda, política", transmite a este medio el primer ejecutivo de una gran promotora, en la línea de otro que no auguraba una buena respuesta del sector este lunes, cuando vencía el plazo de la primera fase del Proyecto Viena para 15.000 de las 184.000 viviendas prometidas por Sánchez.

"En la misma reunión con inversores que hubo en Madrid por el Proyecto Viena con Sareb, desde PwC -el asesor contratado por el 'banco malo' para consumar la operación- se llegó a reconocer que las regulaciones de este Gobierno en materia de vivienda no ayudan sino que entorpecen la generación de la oferta necesaria para resolver el problema", deslizan otras fuentes del sector, que se congregó este miércoles con motivo del congreso anual del IESE con un mensaje extendido de cuestionamiento frente a las últimas medidas de Moncloa. "Desde PwC reivindicaban, como es lógico, las bondades de Viena en cuanto recogía algunas de las recomendaciones del sector -como el período de concesión finalmente ofrecido, superior a los 75 años, o ciertas garantías a efectos de futuros traspasos e incluso respaldos financieros desde las administraciones-, pero reconociendo que ello era así a pesar de algunas otras decisiones en materia regulatoria del Gobierno", señalan otras fuentes.

Incertidumbre

En la presentación elaborada por PwC para promocionar la iniciativa de Sareb se incluye la consideración de que la situación del mercado es ahora de una "oferta limitada, con nuevas regulaciones residenciales que no fomentan el crecimiento en la oferta de alquiler residencial" en un marco en el que "las políticas de vivienda están influyendo en la disminución de la disponibilidad".

Esta afirmación de la 'big four' alude veladamente a una espiral de medidas del Gobierno que empezó en 2019, cuando se reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos -para ampliar la duración obligatoria de los contratos de alquiler- y alcanzó mayor relieve en la reciente Ley de Vivienda de 2023, cuya aplicación el Ejecutivo pretende extender en el futuro en todo el país. "Aunque se espera que los precios residenciales continúen aumentando, los efectos de la Ley de Vivienda podrían hacer que las rentabilidades disminuyan en los próximos años", alertaba la presentación de PwC en otro de sus apartados.

Así las cosas, fuentes del sector han reconocido cierta preocupación al respecto de la propuesta del Proyecto Viena en cuestiones elementales desde una óptica financiera, como la vinculación o no de las actualizaciones de los contratos al Índice de Precios de Consumo -y por tanto, a la evolución de la inflación, como se recoge en la Ley de Arrendamientos Urbanos-. Si bien el pliego del Proyecto Viena así lo establecía, no han sido pocas las dudas que se han suscitado en los últimos días sobre si un Gobierno con la deriva del actual podría eventualmente requerir que se aplique también a estos adjudicatarios la normativa fijada por la Ley de Vivienda. Esto último podría suponer tanto la limitación de las actualizaciones conforme al nuevo Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) -por naturaleza inferior a la inflación- como una aplicación del índice de precios de referencia para controles de precio -como ya sucede en el mercado catalán a instancias de la Generalitat.

"Lo hemos estudiado, pero los suelos estaban en zonas en su mayoría sin una demanda garantizada", han zanjado por su parte desde otra de las grandes promotoras cotizadas en España sobre esta primera fase, que incluía suelos finalistas para 3.771 viviendas dispersas por todo el país. "El Proyecto Viena ha despertado interés -reconoce un promotor madrileño-, eso es indudable, aunque todavía hay una brecha con las pretensiones de los promotores, y la politización del tema de la vivienda la última semana igual no ha ayudado".

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