Un nuevo informe de la sociedad de tasación CoHispania, homologada por el Banco de España, ha puesto el foco sobre la grave situación de la vivienda protegida en España. El estudio revela que, en 2023, se finalizaron apenas 8.646 viviendas de protección oficial (VPO), lo que equivale a 18 viviendas por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es alarmante, ya que se encuentra muy cerca del mínimo histórico registrado en 2017, cuando se construyeron 10,6 viviendas protegidas por cada 100.000 habitantes.
El informe de CoHispania, titulado 'El problema de la vivienda en España: 18 VPOs por cada 100.000 habitantes', analiza la evolución de la construcción de VPO en las últimas décadas, y constata un declive constante en el número de unidades construidas. Si bien a comienzos de la Transición se construían cerca de 200.000 VPOs al año, a día de hoy la cifra no alcanza las 10.000 unidades anuales.
El gasto en VPO no se traduce en más viviendas
Este descenso en la construcción de VPO se produce a pesar del incremento en la inversión pública destinada a la vivienda asequible en los últimos años. En 2023, el Gobierno destinó 3.500 millones de euros al desarrollo de este tipo de viviendas, multiplicando por siete la inversión realizada antes del boom inmobiliario. Sin embargo, esta cifra solo representa el 0,715% del total de los Presupuestos Generales del Estado.
Eduardo Serra, presidente de CoHispania, ha sido contundente en su crítica a la gestión del problema de la vivienda por parte del Gobierno. "Las medidas políticas para la solución a la vivienda asequible no solo no han funcionado sino que ponen a este segmento de la vivienda en una posición alarmante", ha asegurado.
CoHispania subraya que este incremento presupuestario no se ha traducido en un aumento significativo del número de viviendas protegidas construidas. El estudio señala que, si se hubiera destinado en los últimos 10 años las cantidades presupuestadas a vivienda, se podrían haber construido un total de 87.674 VPO en el período 2013-2023.
El informe pone de manifiesto la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas de vivienda, con medidas más efectivas que impulsen la construcción de VPO y garanticen el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. La situación actual, con un déficit estructural de vivienda nueva cifrado en 600.000 unidades, exige una respuesta contundente por parte del Gobierno para afrontar este problema que afecta a un sector cada vez más amplio de la población española.