Los partidos políticos han descubierto una nueva veta de ingresos para compensar la caída de la afiliación y los vaivenes de las subvenciones públicas. Las aportaciones de los cargos públicos al partido que les incluye en sus listas electorales, o que les nombra para este desempeño, se están convirtiendo en un ‘negocio’ muy lucrativo y en la principal fuente de financiación privada. Se trata de una especie de 'impuesto revolucionario', como la denominan estos representantes, que se detrae de sus remuneraciones públicas y que en 2023 se acercó a los 25 millones de euros. En realidad, aunque figuran en las cuentas presentadas como ingresos de origen privado, son contribuciones públicas que se abonan a través de las retribuciones pagadas por organismos e instituciones públicas y que habría que añadir a la enorme catarata de ayudas oficiales que reciben estas organizaciones. 

Por ejemplo, el PSOE obtuvo 65,2 millones de ingresos públicos, según figura en la última Memoria Económica, y por el lado privado facturó 29,6 millones. De ellos, las aportaciones al partido de Sánchez de sus cargos públicos alcanzaron los 10 millones frente a los 9,8 millones procedentes de los afiliados. Es decir, más de un tercio de esta caja privada viene del 'zarpazo' contributivo a los sueldos de sus representantes. Lo cierto es que algunos de estos cargos nunca tendrían acceso a tan sustanciales emolumentos si no pertenecieran al partido o no aceptaran formar parte del ‘dedazo’ a la hora de ser nombrados.

Esta es la explicación a la permanente inflación de cargos públicos y de nombramientos en el Gobierno y en otras Administraciones, muchos de ellos ineficientes. Es, además, una forma de garantizar al partido una recaudación sostenida ante la pérdida de representantes electos. Como consecuencia de este baile electoral, sobre todo regional, el PSOE ha perdido en 2023 un 12% de las aportaciones de sus altos cargos, ya que el año anterior alcanzó el récord de 11,3 millones.

En todo caso, la recaudación por este ‘peaje’ ha aumentado un 26% desde que Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 convirtiéndose en el presidente con mayor número de ministerios, cargos y de un inmenso ejército de asesores. Lo que da a entender la trascendencia de seguir gobernando para el partido y la capacidad de incrementar las dotaciones de personal  público a su antojo.

Ningún cargo público puede  rehusar al pago de este 'impuesto'. Las aportaciones son obligatorias. Es decir, las han de satisfacer tanto los que tengan o no carnet del partido, los que resulten escogidos entre los funcionarios o quienes hayan sido nombrados, los menos, por su curriculum profesional. Es el precio por cobrar una nómina pública, para muchos inaccesible sin la designación del partido, en los principales puestos de las Administraciones o instituciones.

El pago medio que han de realizar se sitúa en el entorno del 10% de los sueldos brutos mensuales aunque hay situaciones en algunos grupos que superan con creces esta contribución. No todos los cargos contribuyen sin pestañear porque, sobre todo los que proceden de la función pública o son independientes, pierden dinero, y además salen perjudicados por la tributación por IRPF correspondiente ya que sólo pueden aplicarse una reducción del 20% en cuota de una base máxima de 600 euros anuales, es decir, hasta 120 euros.

Hay partidos que tienen que perseguir a sus cargos para obtener la dádiva. Para asegurarse el abono y evitar la morosidad, han establecido incluso un régimen sancionador. Por ejemplo, según el artículo 88 de los Estatutos del PSOE, el incumplimiento por un plazo superior a tres meses se considerará “falta grave” que, según el artículo 90, “podrá acarrear la suspensión de la afiliación y/o inhabilitación para el desempeño del cargo público u orgánico de más de dos meses y hasta 18 meses. 

Un ‘peaje’ obligatorio

El artículo 510 de estos Estatutos señala que los cargos públicos “deben contribuir a la financiación del partido y efectuar al órgano político correspondiente las aportaciones que se establezcan”. En concreto, menciona a los que están incluidos en las listas electorales; a “los compañeros y compañeras que ocupen algún cargo público o puesto de personal eventual por nombramiento de libre designación” en las Administraciones Públicas o instituciones, o por la designación de los representantes del partido; y a “todos y todas que no siendo afiliados se hayan comprometido a ello previamente aceptando nuestro código ético, nombrados o puestos con apoyo del partido por concurrir una especial confianza”.

Por si había alguna duda de la ‘universalidad’ de los cargos públicos que tienen que colaborar con parte de su sueldo mensual, se detalla una relación de incluidos en los distintos ámbitos territoriales: diputados, senadores, eurodiputados, cargos del sector público institucional del ámbito nacional (ministros y altos cargos, es decir, de director general para arriba) y también quienes ocupen puestos de libre designación (asesores) en la Administración Pública estatal; presidentes autonómicos, consejeros, diputados así como cargos autonómicos y asesores; presidentes de diputaciones, diputados provinciales, cargos provinciales y provistos mediante nombramiento o que ocupen puestos de confianza; cargos y puestos de libre designación de las entidades públicas supranacionales; alcaldes, concejales y todo tipo de cargos municipales; así como los vocales de las asociaciones de vecinos y también los cargos de libre designación del ámbito administrativo público a nivel de distrito.

Según la información del PSOE, es el Comité Federal quien aprueba la tabla que servirá como “referencia mínima” de la aportación que deberá satisfacer el cargo, puesto o nombramiento y cuya cantidad será fijada por los comités y asambleas del ámbito correspondiente. El cálculo mensual se hace con el prorrateo de las pagas extraordinarias. Pero en los sueldos de los cargos electos no se incluyen las retribuciones que reciben libres de impuestos, como las denominadas indemnizaciones por razón de servicio (28.000 euros anuales en el caso de diputados y senadores de fuera de Madrid y 12.000 euros para los elegidos por ésta circunscripción no sujetas al IRPF).

Lo mismo sucede con las dietas de los diputados autonómicos y los europarlamentarios así como las remuneraciones extraordinarias de alcaldes y concejales de convocatorias de plenos y reuniones. Es decir, tienen un ‘beneficio fiscal’ que sirve para restaurar parte del  bocado del partido a sus nóminas ordinarias mientras engrosa sus cuentas. El resto de cargos no goza de este privilegio.

El secreto mejor guardado

La tabla de las contribuciones de los cargos públicos se ha convertido en el secreto mejor guardado. La del PSOE de 2020 contemplaba una serie de tramos como si de una tarifa progresiva del IRPF se tratara según los ingresos percibidos. Va desde los 1.500 brutos al mes hasta los 11.000 euros también mensuales. Es decir, por una parte de esos ingresos se paga un porcentaje y el exceso, hasta el siguiente tramo, se abona según otro porcentaje más elevado. Por ejemplo, según esta ‘tarifa’, los que ganen 3.500 euros pagarán un 3,8850% por los primeros 3.000 euros y un 5,7498% por los siguientes 500 euros. Los que se aproximen a los 10.000 euros al mes pagan casi el 9% hasta los primeros 9.000 y el resto (casi 1.000 euros) va al 24,5%. En la parte más alta de la tabla están los que cobran más de 11.000 euros, que deberán abonar un 11% mientras que a los europarlamentarios se les asigna una cuota mensual de 1.200 euros.

Ningún partido ha renunciado a este cobro. Curiosamente EH Bildu es el segundo grupo político, tras el PSOE y por delante del PP, que más ingresos recibe de las aportaciones de sus cargos públicos. Supera los 3,4 millones y representan el 92% de su recaudación de origen privado (afiliación, cargos, donaciones y actividades del partido). El crecimiento electoral del PP a nivel autonómico y municipal le ha proporcionado más de tres millones por este concepto, un 15% más que en el año anterior, y representa el 41% de la totalidad de su recaudación privada. Mientras, el PNV señala en su Memoria que ha obtenido 2,3 millones y es el 46% de su recaudación de origen privado.

ERC se apunta más de 1,2 millones (representa la mitad de sus ingresos privados y es un 24% superior a las cuotas que obtiene de sus afiliados); y Junts manifiesta ingresar poco más de 300.000 euros (la mitad que el año anterior). Por su parte, Más Madrid dice obtener una cifra próxima al medio millón de euros; Sumar no indica cifras por su novedad presencial como grupo en las Administraciones mientras que los datos de ingresos de Podemos en claro retroceso  (1,6 millones) y de IU (1,5 millones) corresponden a 2022. Y en la cola aparece Vox, que sólo tiene cargos públicos en algunas Administraciones en apoyo o alianza con el PP. Señala que sus nombramientos le han proporcionado 77.000 euros (el 1,5% de sus ingresos privados).

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