Economía

Illa inicia su opa hostil a la Agencia Tributaria con un asalto a interventores y tesoreros de ayuntamientos

La Generalitat ha arrancado a Pedro Sánchez encargarse de los procesos de selección de altos funcionarios como antesala del cupo

  • Salvador Illa y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. -

Salvador Illa mueve fichas para la opa a la Agencia Tributaria (AEAT) que prepara para engordar una Agencia Catalana que pueda independizarse en el cupo catalán que pactaron el PSOE y ERC a cambio de su investidura. A las convocatorias de plazas que viene acelerando está añadiendo guiños a inspectores y funcionarios sobre el mantenimiento de los acuerdos sindicales y ya ha fijado una reunión con Pedro Sánchez para avanzar en el cupo catalán. Esta semana se ha producido además un movimiento revelador: la Generalitat le ha arrancado al Gobierno encargarse de los procesos de selección de altos funcionarios de habilitación nacional, en concreto, de interventores, secretarios y tesoreros de Ayuntamientos.

Así se ha anunciado tras la reunión del ministro de Función Pública, Óscar López, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, este martes, que han acordardo que la Generalitat asuma los procesos de selección de la próxima convocatoria pública de funcionarios con habilitación nacional. Implica un control del proceso.

Se prevé que se celebre en marzo y se habiliten 1.000 plazas de interventores, secretarios y tesoreros. El Govern defiende su derecho a asumir el control sobre las ofertas y gestión de funcionarios de esta categoría, la selección de los candidatos, su formación, el nombramiento y asignación del primer puesto de trabajo, y la gestión de su situación administrativa.

La Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital) ha mostrado su "rotundo rechazo" y ha advertido del interés de los poderes políticos en controlar la gestión y los fondos municipales.

Desde la Asociación Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) también muestran su "preocupación" con este movimiento, que puede plantearse como un primer paso para controlar las convocatorias de la AEAT.

Como en otras cesiones del Gobierno de Sánchez a Cataluña, el Ejecutivo asegura que esta medida la podrán solicitar otras comunidades.

El interés con hacerse con los procesos de seleccióin de funcionarios de habilitación nacional siempre lo han tenido Cataluña y País Vasco, que además quieren implantar exámenes lingüísticos. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo cedió en 2007, lo que fue un "fracaso", explica Alberto Bravo, portavoz de Apsital, ya que las comunidades no convocaban plazas. 

"Se pretende sortear con una encomienda de gestión del proceso, en su totalidad, que lo que pretende es materializar la cesión de competencias evitando incorporarlo a una ley", detalla, lo que advierte de que se prevé hacer "en fraude de ley".

En 2007, esta iniciativa se produjo en medio de la tramitación del Estatut y de las reivindicaciones de una Agencia Tributaria catalana consorciada que ahora también han estado encima de la mesa.

En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy revirtió esta competencia. El PNV ha intentado recuperarla en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 y en otras normas en artículos que han sido declarados inconstitucionales.

Competencia con Junts y ERC

Sobre el cupo o "financiación singular", Illa ha subrayado en El País que "se trata de aplicarla, no de negociarla. Los acuerdos están hechos".

En paralelo Illa compite con Junts y ERC sobre quién lleva la voz cantante en el cupo.

En este pulso, el entorno de ERC se decanta por que se abra una cuenta desde 2025 en la que ingresarles el IRPF -el primer punto del acuerdo- antes de que la Agencia Catalana independiente sea efectiva, lo que llevará más tiempo, como ha avanzado Vozpópuli.

De cara a Junts, el Ministerio de Hacienda ha creado un comité secreto que está elaborando las balanzas fiscales, como ha desvelado Vozpópuli. Se trata de una exigencia de Junts que no se había desarrollado y que se ha activado después de la amenaza de ruptura de Carles Puigdemont y el pulso con la cuestión de confianza a Pedro Sánchez. Según ha podido saber este periódico, expertos del Ministerio lidian ahora mismo con este espinoso asunto, que Hacienda intentó orillar el 11 de enero de 2024, cuando asumió in extremis este compromiso, entre otros, con Junts a cambio de que se abstuvieran en los Reales Decretos-leyes anticrisis que se convalidaban.

El problema es que Junts quiere que las balanzas refrenden su relato victimista, que no se sigue de los datos, y utilizarlas como arma arrojadiza entre comunidades.

 

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