El Gobierno ha adoptado medidas legislativas para garantizar un mejor resultado en la primera evaluación sobre el impacto de la reforma de las pensiones que debe llevar a cabo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Tal y como ha avanzado El País y ha confirmado este periódico, a través de un Proyecto de Real Decreto que está pendiente de aprobación, ha especificado los ingresos que la Autoridad Independiente debe tener en cuenta en su análisis, en el que lleva trabajando desde hace meses y que hará público esta primavera.
En concreto, incluye las transferencias del Estado a la Seguridad Social por "gastos impropios", un asunto que hasta ahora no se contemplaba. Para esa primera evaluación sobre el impacto de la reforma de las pensiones, el texto también detalla la necesidad de actualizar los datos de PIB, mayores de lo anteriormente anticipado, y de tener en cuenta el impacto de las reformas laborales que incrementan el empleo. Según fuentes expertas, ambas medidas contribuirán a mejorar los datos de gastos e ingresos, respectivamente, evitando ajustes.
Para tranquilizar a la Comisión Europea, el Gobierno introdujo una cláusula de salvaguarda que garantiza ajustes, ya sea por la vía de los gastos (recortando las pensiones) o de los ingresos (aumentando las cotizaciones), si el gasto promedio de 2022-2050 supera el 15% del PIB y los nuevos ingresos no llegan al 1,7%. Dicho de otra forma: el resultado del gasto menos el aumento de los ingresos no debe superar el 13,3% del PIB. Y en caso de que así fuera, habría que tomar medidas.
Sin embargo, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, explica que la redacción de la cláusula de cierre en origen "es muy poco precisa: no se indica qué medidas de ingreso han de tenerse en cuenta en el cálculo, con respecto a qué escenario de referencia han de calcularse sus efectos incrementales, o si han de incorporarse a los cálculos los datos reales que se vayan conociendo". En su opinión, "el proyecto de decreto precisa (aunque no totalmente) muchas de estas cosas, lo que es bueno aunque se haya tardado tanto, pero lo hace de una forma muy discutible".
El director de Fedea considera que "hay un riesgo claro de que esto desvirtúe la cláusula de cierre y ayude a dar la falsa impresión de que el sistema de pensiones goza de una excelente salud financiera". Recuerda que "las cuentas del sistema de pensiones y las del Estado están interconectadas y es fácil maquillar las primeras a costa de las segundas sin que esto resuelva el problema real". En este sentido, considera que "los cálculos deberían hacerse teniendo en cuenta la evolución de los ingresos o del déficit neto de transferencias, pues, de lo contrario, el Gobierno podría evitar adoptar correcciones reales".
También incluye explícitamente entre tales medidas ciertas reformas, como la laboral, que no afectan directamente al sistema de pensiones, pero sí podrían hacerlo indirectamente a través de la evolución del número de cotizantes. Esto, según Ángel de la Fuente, "da más margen de maniobra para evitar el ajuste, entre otras cosas porque el impacto de tales medidas de carácter general es más difícil de estimar con precisión, y además la experiencia dice que las estimaciones del Gobierno sobre tales efectos tienden a ser extremadamente optimistas".
Sin embargo, considera que esta medida "no encaja bien con la norma", pues el decreto de la reforma de las pensiones en el que se incluye la cláusula "dice que hay que valorar las medidas adoptadas a partir de 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones y no parece que la reforma laboral se haya hecho primordialmente con ese objetivo". En definitiva, opina que "ambas cosas son muy discutibles" y tienden a hacer mucho más fácil el 'examen' del sistema que habrá que afrontar este año".
La sostenibilidad y el papel de la AIReF
Es la AIReF quien tiene la misión de realizar ese examen y verificar que se cumplen esos objetivos de sostenibilidad, calculando el impacto medio anual de las medidas para fortalecer los ingresos y utilizando las proyecciones de gasto derivadas del último Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea (Ageing Report), publicado el pasado mes de abril. De momento, la AIReF no tiene en cuenta las especificaciones del real decreto al no estar aprobado, pero la intención del Gobierno es hacerlo cuanto antes para que la institución tenga que cumplir la norma en este primer informe.
Las mencionadas transferencias del Estado se financian con impuestos o deuda pública, dinero que podría destinarse a otras partidas y que pone en evidencia el desequilibrio del sistema. Miguel Ángel García, investigador de Fedea y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, advierte que en 2021, antes de que se definiera esta cláusula de salvaguarda, ya se realizó la transferencia de 19.886 millones de euros. Si se contabiliza como nuevo ingreso, "distorsionará la filosofía de la cláusula de cierre, lo que se entiende por sostenibilidad financiera de las pensiones, puesto que el déficit del sistema crecerá al 3% del PIB".
En todo caso, Miguel Ángel García indica que si la AIReF no estuviera de acuerdo en considerar esas transferencias del Estado como nuevos ingresos pese a tener que hacerlo por norma, podría elaborar una opinión autónoma sobre cuál es la situación del sistema público de pensiones en términos de sostenibilidad y equidad entre generaciones. Tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como el Banco de España ya han hecho estimaciones en este sentido, arrojando un exceso de gasto que abocaría a ajustes.
José Antonio Herce, socio fundador de LoRIS, opina que "estaba cantado" que el Informe de Sostenibilidad que realizó el Gobierno en 2023 "era un brindis al sol" y que iba a ser "muy probable" que la AIReF tuviese que hacer su primer informe trianual en 2025 advirtiendo al Ejecutivo de que "tenía que ajustar gastos, ingresos o ambos". En este sentido, recuerda que ya lo está haciendo, con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) subiendo cada año y con la nueva cotización de solidaridad, pero advierte de que "no va a ser suficiente".
Herce recuerda los motivos que conducen a este desequilibrio: la inercia del alta de pensiones, la sustitución de pensiones más altas por otras más bajas, la actualización con el IPC de los últimos años, la recuperación de la esperanza de vida tras la pandemia, la inercia de todas las medidas de mejora por brecha de género, y la extensión del periodo de cómputo a los 29 (-24 peores meses). "Son aumentos del gasto difíciles de compensar con el crecimiento del empleo, la masa salarial y los ingresos por cotizaciones", apunta, augurando que "las cuentas no le van a salir a la AIReF, que no tiene más remedio que publicar su informe en primavera".
Finalmente, Miguel Ángel García advierte que la sostenibilidad financiera de las pensiones era "un hito a cumplir para recibir fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)". La Comisión Europea ya desembolsó el dinero a España al dar por cumplido este hito, pero el experto señala de que la Comisión podría retractarse en su decisión si el Tribunal de Cuentas Europeo, que ya se ha mostrado crítico con Bruselas por sus controles en el desembolso de fondos, ejerce presión en este sentido.
