Las empresas energéticas han vuelto a estar en el ojo del huracán. Desde que se iniciara la guerra en Ucrania y se elevaran los precios del gas y la electricidad, Moncloa ha centrado sus críticas en Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o Moeve (antigua Cepsa) y les acusó de aumentar sus beneficios por el encarecimiento de la energía. Este 2024, la tensión se ha elevado y varias compañías han llegado a amenazar con retirar inversiones en España.

Repsol fue la empresa más beligerante con Moncloa. La compañía dijo que podría empezar a tomar las primeras decisiones finales de inversión (FID, por sus siglas en inglés) en 2025 después. Los proyectos se ubican en Cartagena, Bilbao y Tarragona. A principio de año avisó de que condicionaba entre 2.000 y 3.000 millones de euros de inversiones en el negocio industrial "a la evolución del marco regulatorio y fiscal en España". Sin embargo, los proyectos a los que se refirió más recientemente están cuantificados en unos 1.500 millones de euros.

Josu Jon Imaz llegó a decir que "miles de millones de euros se desviarán a otros países. Es posible que, ante la dificultad de descarbonizarse, el sector del refino español vaya teniendo dificultades para mantenerse antes de que acabe esta década. Crearemos muchos empleos en servicios de bajo valor añadido, posiblemente mal pagados. Nuestra cobertura social tendrá dificultades para sostenerse en un futuro, porque el tipo de empleo que se crea y la falta de recursos que genera el que se pierde nos aboca a un modelo de competitividad alejado de los líderes a los que deberíamos emular".

Moeve, que en 2024 hizo un cambio de nombre dejando atrás el nombre de Cepsa, también se sumó inmediatamente al movimiento de Repsol. “Se darán prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, teníamos planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico Positive Motion”, llegaron a afirmar fuentes de la compañía.

Brecha política

El propio impuestazo también ha abierto una brecha política entre socios de investidura. Junts y PNV mostraron su rechazo a gravar los ingresos de las compañías y tensaron la cuerda e, incluso, hubo una gran confusión entre los propios partidos. El PSOE firmó a la misma vez con Junts y con Esquerra Republicana acuerdos que decían lo contrario, dejando en una nebulosa la aprobación del gravamen.

Lo cierto es que los números, a día de hoy, no dan, pero Pedro Sánchez mantiene su apuesta por sacar adelante el impuestazo y obligar a las empresas energéticas que facturan más de 1.000 millones al año tendrán que abonar nuevamente el impuesto sobre las ventas de 2024.

Por ahora, el trámite ha de pasar por el Congreso de los Diputados y es ahí donde el Ejecutivo tiene 30 días para convencer a sus socios de que se alargue el gravamen, al menos, hasta 2025. Tanto Junts como PNV han insistido en que el impuesto para que incluya inversiones estratégicas de descarbonización y transición ecológica. Unas peticiones que Moncloa parece aceptar. 

El propio impuestazo también ha abierto una brecha entre las empresas del sector. Fuentes del sector eléctrico abogan porque el impuestazo recaiga única y exclusivamente en aquellas compañías que aún utilizan los combustibles fósiles y que, por tanto, contaminan más que ellas.

Algo que, obviamente, no comparten desde el otro lado. Fuentes cercanas a las compañías petroleras recuerdan que son “ellas las que más invierten en el proceso de descarbonización”.

Repsol e Iberdrola

Pero este 2024 también será recordado por el ‘greenwashing’. Por primera vez en la historia, dos empresas del sector energético se vieron las caras en los tribunales por publicidad engañosa medioambiental.

Iberdrola sostuvo que Repsol ha iniciado desde hace meses varias campañas publicitarias y de marketing que promueven iniciativas sostenibles. La empresa eléctrica dirigida por Ignacio Sánchez Galán remarcó en la denuncia que, en realidad,  “su oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes", así como de "centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales”.

Repsol se defendió como gato panza arriba y niega los pensamientos de Iberdrola. "A Repsol no le va a distraer una demanda judicial de una empresa que no está acostumbrada a competir en un mercado abierto, sino que más bien está acostumbrada a moverse en entornos regulados que dependen del Boletín Oficial del Estado. Con esta demanda, carente de fundamento jurídico, lo primero que demuestran es que están nerviosos", dijo durante la presentación de su plan estratégico.

El juicio se celebró en Santander y se espera que en los próximos días se sepa la resolución, si bien ambas partes podrán dilatar el veredicto final ya que ambas pueden recurrir la decisión del juez.

Se da la circunstancia de que la sociedad competidora de la eléctrica en la venta de luz y gas, Repsol Distribuidora de Electricidad y Gas, tiene su domicilio social en Santander. El liderazgo de Repsol en Cantabria, unido a los planes de crecimiento que planea la energética para arrebatarle cuota de mercado a Iberdrola y Endesa, ha supuesto que la compañía dirigida por Sánchez Galán le haya declarado la guerra a la petrolera.

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