Mal día eligieron la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, María del Carmen Armesto, para hacer llegar a los más de 10 millones de pensionistas la carta informativa en las que se les adelanta, con apenas tres días de adelanto a su cobro bancario, el importe de su pensión a lo largo del año 2025. Casi simultáneamente a la recepción de la misma, el Congreso de los Diputados tumbaba la convalidación del Real Decreto-Ley 9/2024 de 23 de diciembre que, entre otras muchas y variadas cosas, incluía la revalorización de las pensiones.
La situación que se empieza a vivir tras el batacazo parlamentario del Gobierno y sus socios es inédita, aunque puede subsanarse de muy diferentes maneras. Los juristas de la Cámara Baja no terminan de ponerse de acuerdo en si bastaría un simple Real Decreto, que no necesita ser convalidado por el Parlamento, o si es obligatorio un nuevo Real Decreto-Ley y volver a someterlo a votación. Junts, uno de los grupos parlamentarios que votó en contra del denominado “decreto ómnibus”, junto con PP y Vox , ha asegurado que si el Gobierno no presenta una alternativa en los próximos días para garantizar la subida de las pensiones lo harán ellos.
El Ejecutivo no pareció ver lo que se le podía venir encima por incluir en un solo texto legal un batiburrillo de medidas inconexas, que como dice la primera acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua, no es más que “una mezcla desordenada de cosas que no guardan relación entre sí”.
En la carta a los pensionistas, la ministra Saiz destaca que la situación económica internacional mantiene su complejidad y que se ha producido un aumento de los precios. “En cualquier caso -añade-, la revalorización de la pensión en función del Índice de Precios de Consumo del año anterior es hoy un derecho de todos los pensionistas, garantizado por las leyes promovidas por el Gobierno de España”. Habrá que esperar para asegurarlo.
Lo que parece claro es que en enero los pensionistas van a cobrar un 2,8% más de media en relación con la cantidad percibida en 2024, aunque en febrero, si nadie lo remedia antes, volverán a percibir la misma cantidad que recibieron en diciembre. Los pensionistas son los más perjudicados por esta insólita situación, pero Hacienda tiene también mucho interés en que se consume la revalorización, porque están en juego muchos cientos de millones de euros para ambas partes.
“Conforme al ordenamiento jurídico vigente, procede un incremento del 2,8% en su pensión contributiva con efectos del 1 de enero” para el año 2025. Así arranca el informe de María del Carmen Armesto en el que se detalla cómo estaba en 2024 y cómo quedará la pensión de cada jubilado este año. Pero no entra en más detalles.
Retenciones
Basta realizar unas pequeñas operaciones matemáticas para descubrir que del incremento de la cuantía de una pensión máxima, 88,9 euros mensuales, 32,88 euros, (460,32 euros anuales), es decir, el 37% del aumento estipulado, irán a parar a las arcas de Hacienda a través de la retención por IRPF, que, obviamente, vuelve a subir un año más: del 22,3% al 22,7%. Para el pensionista la subida quedará reducida a 56,02 euros mensuales (784,28 euros anuales), el 63% del incremento bruto fijado por ley.
Teniendo en cuenta que en España algo más de 633.000 personas que cobran pensiones brutas por encima de los 3.000 euros mensuales, Hacienda se embolsará de este colectivo de pensionistas cerca de 21 millones de euros más en retenciones. Según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en España hay otros 1,15 millones de pensionistas que mensualmente cobran entre 2.000 y 3.000 euros brutos, que podrían facilitar a la Agencia Tributaria otros 25 millones de euros. Además hay 1,14 millones de personas que cobran una pensión de entre 1.500 y 2.000 euros al mes y cuyo porcentaje de retenciones es de suponer que variará también con la revalorización pendiente. En las pensiones más bajas puede que el importe de la retención permanezca inalterado.
En 2024, el Gobierno subió las pensiones una media del 3,8%, el mismo porcentaje en que aumentaron los precios entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. La subida bruta de una pensión máxima fue de 116,23 euros mensuales, aunque Hacienda se llevó 43,04 euros, el 37% de esa cantidad y el pensionista, 73,19 euros.
En 2023, con una revalorización del 8,5%, que se tradujo en un aumento mensual bruto de 239,63 euros. De esta cantidad, Hacienda se llevó cada mes el 34%, 81,42 euros más (1.140 euros anuales), y el pensionista, 158,21 euros, el 66% restante. Y es que entre 2023 y 2025, el porcentaje de retención a cuenta del IRPF para las pensiones máximas se ha incrementado en dos puntos porcentuales:
esnalar
25/01/2025 11:52
Esto es una verdadera kgada, digna de una administración bananera, llena de 'Maduros', 'soles' y delincuencia variada que está esquilmando a toda la sociedad.
bobjimenez
25/01/2025 19:59
La tabla de tramos de retenciones lleva veinte o veinticinco sin modificarse. Pero el precio de la vida se ha podido duplicar. Señores políticos, doblen las cantidades. Los que están en el gobierno se frotan las manos. La oposición ni está, ni se la espera. Rajoy, el que iba a bajar los impuestos en campaña electoral, subió el IVA del 18 al 21% por la crisis y ahí sigue. Pero, ¿Y qué servicios tenemos? Y ¿Qué pasa con la libertad y el respeto?