Advertencia comunitaria al Gobierno de Pedro Sánchez en materia de medidas frente a no residentes. La Comisión Europea ha decidido llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a causa de lo que las autoridades comunitarias consideran un "trato fiscal discriminatorio a contribuyentes no residentes" en una materia que afectaría, en la mayoría de los casos, a operaciones que involucran transacciones de vivienda, según las fuentes consultadas por Vozpópuli. 

En la óptica del organismo comunitario con sede en Bruselas, el Ejecutivo español estaría incurriendo en un "tratamiento diferencial" a ciudadanos según su procedencia cuando se trata del impuesto de plusvalías a la hora de afrontar pagos de transferencias de activos que se aplazan más de un año o se abonan a plazos durante un período superior a un año.

"Los contribuyentes residentes tienen la opción de pagar el impuesto cuando se devengan las plusvalías o de aplazarlo proporcionalmente sobre la base del flujo de efectivo. Sin embargo, a los contribuyentes no residentes no se les ofrece esta posibilidad de aplazamiento y deben pagar el impuesto cuando se devengan las plusvalías en el momento de la transferencia de los activos", razonan desde la Comisión.

Atendiendo a las autoridades comunitarias, la diferencia de trato entre residentes y no residentes vulnera el principio de libre circulación de capitales establecido en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE

Así pues, mientras los residentes pueden abonar el impuesto de plusvalías proporcionalmente a medida que se recibe cada plazo del precio -lo que permite un beneficio de tesorería, ya que el impuesto solo se abona sobre la parte de la plusvalía correspondiente a los pagos realizados-, en el caso de los no residentes, el impuesto se recauda íntegramente en el momento de la transmisión del activo, aunque el pago se efectúe durante un período prolongado. Así las cosas, "los no residentes se enfrentan a una importante desventaja desde el punto de vista de la tesorería en comparación con los residentes", en la visión de la Comisión Europea.

Atendiendo a las autoridades comunitarias, la diferencia de trato entre residentes y no residentes vulnera el principio de libre circulación de capitales establecido en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Ya el 2 de diciembre de 2021, el Ejecutivo comunitario envió a España una carta de emplazamiento, así como un dictamen motivado el 23 de mayo de 2024, ante lo cual las autoridades españolas han mantenido que su legislación fiscal se ajusta al Derecho de la Unión. "La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes, por lo que va a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Sánchez ha planteado limitar la compra de viviendas por no residentes 

Este movimiento desde Bruselas llega en medio del debate político en torno a la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de gravar la compra de viviendas por parte de no residentes extracomunitarios.

En el marco de una batería de medidas para afrontar el problema del acceso a la vivienda, el Ejecutivo de coalición de izquierdas ha anunciado que tomará medidas en pos de "incrementar hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en nuestro país cuando compran una casa en España, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes".

Una propuesta que ha generado multitud de consultas a despachos y fiscalistas de parte de inversores extranjeros, en especial británicos, según señalan desde diferentes bufetes. En cualquier caso, como informó Vozpópuli, la medida auspiciada por Sánchez infringiría el TFUE en el artículo 63 citado por la Comisión que consagra la libre circulación de capitales, y prohíbe cualquier restricción no sólo entre Estados miembros, sino también entre Estados miembros y terceros países. 

"Las herencias, también las referidas a inmuebles, se consideran una circulación de capitales, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 3 de septiembre de 2014 tumbó la mayor tributación en las herencias con no residentes"

Alejandro Del Campo, socio de DMS Consulting, ha apuntado que "las herencias, también las referidas a inmuebles, se consideran una circulación de capitales, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 3 de septiembre de 2014 tumbó la mayor tributación en las herencias con no residentes".

Como informó ya este medio, el riesgo de una discriminación a no residentes podría llevar a que el Gobierno opte, a la hora de implementar un castigo fiscal a los extranjeros que compren viviendas, por una armonización de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) para obligar a las comunidades del PP a subirlo, en línea con lo que viene haciendo con el impuesto a grandes fortunas respecto a Patrimonio desde 2022 y los planes que ha esbozado con una especie de impuesto a grandes herencias en relación con Sucesiones.

Así lo prevé Del Campo: "El problema con el ITP es que está cedido a las comunidades autónomas, por lo que tampoco veo clara la medida de subir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, por ejemplo del 10%, que tenga algunas comunidades autónomas al 20%, salvo que quieran forzar una armonización/subida con un impuesto estatal, como hicieron con el impuesto de solidaridad o pretenden con el impuesto a las grandes herencias".

• Tags
• vivienda
• Bruselas
• Comisión Europea
• Hacienda