El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo sistema de avales públicos para el alquiler de vivienda habitual y permanente, con el objetivo de proteger tanto a propietarios como a inquilinos. Esta medida, incluida en el decreto ómnibus recientemente aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca dar seguridad jurídica a los caseros y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias vulnerables. El aval cubrirá las mensualidades impagadas hasta que el propietario recupere la posesión de la vivienda.
¿Cómo funciona el aval público de alquiler?
El aval garantizará el pago de todas las rentas impagadas, los daños causados por el inquilino y el coste de los suministros. Para acceder al aval, los inquilinos deben cumplir ciertos requisitos, como ser menores de 35 años o encontrarse en situación de vulnerabilidad según los criterios que se establezcan.
Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla serán las encargadas de gestionar los avales, con financiación del Estado. Para obtener el aval, la renta del alquiler no debe superar el índice estatal de referencia, se debe depositar la fianza legal y se debe firmar un compromiso entre propietario e inquilino.
Los propietarios podrán solicitar el cobro de las cantidades adeudadas en un plazo de seis meses desde que recuperen la posesión de la vivienda. El Gobierno busca con esta medida facilitar el acceso al mercado del alquiler y mitigar las dificultades económicas derivadas del acceso a la vivienda. El sistema está inspirado en el modelo francés, donde el Estado paga la mensualidad a los propietarios en un máximo de 20 días desde el aviso de impago.
Además, el decreto contempla la prórroga de la paralización de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025 para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables durante este año.
