Pensiones Volver al IPC: déficit crónico, 30.000 millones más de gasto al año y deuda al alza

El PSOE se cuelga su primera medalla en menos de 15 días al conseguir que el PP claudique en el Pacto de Toledo y acepte volver a vincular las pensiones al IPC en épocas de bonanza económica. Siguen negociando las subidas en tiempos de crisis, pero lo cierto es que la reforma de 2013 ya es historia

Pensionista
Pensionista Tere García

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tardado menos de 15 días en conseguir su primera victoria: se ha cargado por completo la reforma de pensiones que hizo el PP en el año 2013. El Pacto de Toledo tiene casi cerrado un acuerdo para volver a vincular de forma automática las pensiones al IPC, la gran demanda de la izquierda durante estos dos años de duras negociaciones. El PP ha claudicado y ha aceptado su derrota, aunque sigue reclamando una excepción para tiempos de crisis que permita que las pensiones más altas se puedan desligar de los precios cuando vengan mal dadas.

El acuerdo, que casi con toda probabilidad se acabará de cerrar la próxima semana, fulmina la reforma del PP de 2013, o lo que quedaba de ella. Y vuelve al sistema antiguo. Una buena noticia para los pensionistas, que no perderán poder adquisitivo, pero no tan buena para un maltrecho sistema que sigue con un déficit galopante y recurriendo a la deuda para hacer frente a las pagas extra de los jubilados. Según los expertos, volver al IPC cronificará ese déficit, disparará el gasto en 30.000 millones de media al año y obligará a seguir tirando de deuda.

Es lo que sostiene, por ejemplo, un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la salud financiera del sistema. En él se advierte de que minar completamente la reforma de 2013 tendría un coste medio anual durante las próximas cuatro décadas de tres puntos de PIB. Esto eso, 30.000 millones de euros de media al año. En realidad el coste sería más bajo los primeros años e iría aumentando considerablemente con el paso del tiempo, lo que arroja una media de 30.000 millones al año durante décadas.

Fedea calcula que esas subidas en línea con el IPC se mantienen cada ejercicio durante décadas, lo que supondría un gasto insostenible para el sistema

Lo cierto es que la cifra es muy abultada, pero no hay que olvidar que el coste anual de cada subida de pensiones se consolida en el sistema y va creciendo como una bola de nieve según van pasando los años. Por eso, BBVA Research ya dijo que solo las subidas de 2018 y 2019 podrían costar 40.000 millones a largo plazo. Fedea calcula que esas subidas en línea con el IPC se mantienen cada ejercicio durante décadas, lo que supondría un gasto insostenible para el sistema.

Déficit y deuda

De ahí que las cifras de Fedea sean tan catastrofistas. No son las únicas. La Universidad de Valencia publicó otro informe este mes de febrero en el que también advertía del riesgo de volver a vincular las pensiones al IPC. Para hacer el ejercicio, simulaba un IPC constante del 1,8% y aseguraba que la primera consecuencia sería que el déficit se volvería persistente. Y eso, a su vez, generaría un efecto en forma de endeudamiento de un 30% del PIB de deuda acumulada al final del periodo de estimación (2038).

La Universidad hizo también otro ejercicio considerando la diferencia entre el valor del IPC y el valor del IRP como gasto no contributivo y barajando la posibilidad de que se financie con impuestos. En este caso, la presión fiscal adicional sería creciente, hasta suponer el 2,6% del PIB al final del periodo. Es decir, que habría que hacer una fuerte subida de impuestos para poder financiar la vuelta al IPC.

Lo que está claro es que la medida saldrá cara y que el Gobierno tendrá que plantear una revisión del sistema para financiarla. Además, todos expertos coincidían en afirmar que la reforma de 2013 iba a ser dura para los pensionistas, pero también iba a contener considerablemente el gasto y a ayudar al sistema a afrontar las jubilaciones del 'baby boom'. Por ejemplo, el Banco de España, llegó a decir que el ajuste podría rondar casi los 4 puntos de PIB al año en el año 2040. Y casi todo vendría a través del IRP (casi 3 puntos). El factor de sostenibilidad añadiría un punto adicional.

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En el informe de Fedea también se aportan cifras del efecto de la reforma en el gasto. Según la fundación, la combinación de la reforma de 2011 y la de 2013 iba a lograr mantener el gasto en el entorno del 12% del PIB, el nivel que ronda actualmente, durante los próximos 50 años a pesar del envejecimiento de la población. Solo en 2050 subiría un poco por las jubilaciones del 'baby boom'. Sin la reforma de 2013, en cambio, el gasto podría llegar a rozar el 18% del PIB en 2050.

Pero estos ajustes de los que hablan el Banco y Fedea ya no van a producirse, de ahí la necesidad de compensar la derogación de la reforma con nuevos cambios que contengan los gastos y aseguren nuevos flujos de ingresos para poder mantener las pensiones tal y como las conocemos ahora. Hay muchas propuestas sobre la mesa y Pedro Sánchez ha escogido a una experta en pensiones para la cartera de Trabajo, Magdalena Valerio, así que todo apunta a que habrá cambios.

Los grupos del Pacto de Toledo no han sido capaces de llegar a un acuerdo en año y medio de negociación

Con o sin reforma, lo cierto es que el gabinete de Pedro Sánchez ha sido capaz de desbloquear unas negociaciones que llevaban un año y medio atascadas. El Pacto de Toledo arrancó a finales de 2016 con la idea de tener las nuevas recomendaciones listas en el verano de 2017. Las primarias del PSOE, la crisis catalana y otros acontecimientos fueron obstaculizando las negociaciones, que llegaron a enquistarse en numerosas ocasiones.

Hoy, año y medio después de que empezaran a trabajar, los partidos que integran la Comisión empiezan a ver la luz. Ha hecho falta que los pensionistas salieran a la calle, que el anterior Gobierno tuviera que convocar un pleno monográfico sobre pensiones y que una moción de censura propiciara un cambio de Gobierno para que los grupos se pongan de acuerdo. Eso sí, no hay que olvidar la delicada situación financiera del sistema y la urgencia de plantear, cuanto antes, una verdadera reforma que asegure su sostenibilidad.



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