El decreto de la Generalitat reduce en 350 los coches VTC que circulan por Cataluña

Barcelona ha reducido en 350 el número de vehículos de alquiler con conductor (VTC) con licencia en la ciudad desde comienzos del pasado mes de febrero, cuando entró en vigor la normativa que obliga a contratar estos coches con antelación, y hasta el cierre del pasado mes de abril, según los datos oficiales del Ministerio de Fomento.

Al cierre de abril, la Ciudad Condal contaba con 1.934 vehículos de VTC frente a los 2.284 que sumaba al término de enero, antes de que el 1 de febrero entrara en vigor el Decreto por el que el Govern de la Generalitat reguló el sector en la Comunidad.

Por contra, Madrid acumula un crecimiento del 12% en el número de coches de los que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify en lo que va de año, con lo que ya suma 7.375 autorizaciones, más de la mitad del total que se contabilizan en todo el país.

1 VTC por cado dos taxis

Por las calles de la capital ya circula un coche de estas firmas por cada dos taxis. Esta proporción contrasta con la de un VTC por cada treinta taxis que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) establece para conceder autorizaciones a estos dos transportes urbanos. 

Cataluña es una de las cinco comunidades autónomas que ya han aprobado su regulación regional para este negocio, junto con Valencia, Baleares, País Vasco y Aragón. Todas ellas introducen un periodo de antelación para contratar un servicio en coche de VTC, si bien en el resto de las regiones la regulación no ha supuesto variaciones importantes en el número de este tipo de coches. En el caso de Barcelona, esta condición llevó a Uber y Cabify a dejar de operar en la ciudad, si bien esta última plataforma volvió a dar servicio.

El conjunto del sector de los VTC logró 88 nuevas autorizaciones en abril y 1.052 en el primer cuatrimestre del año, con lo que al cierre de este periodo sumaba 14.177 autorizaciones, según la estadistica de Fomento. No obstante, este aumento de licencias de VTC no responde a autorizaciones dadas por las administraciones, sino a las resoluciones judiciales que se están fallando fruto del vacío legal que el sector registró entre los años 2009 y 2015.