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Alberto Ortín

OPINIÓN

El vergonzoso uso de lo público en el caso contra la CNMV

El Estado español ha empleado recursos policiales en investigar una supuesta trama corrupta en la CNMV alentada por una denuncia de una mujer sancionada y denunciada por estafa. Se ha puesto en cuestión el nombre del regulador del mercado español y la honorabilidad de sus empleados.

Sede de la CNMV en Madrid.
Sede de la CNMV en Madrid. Europa Press.

La conocida como Operación Parqué, la investigación policial sobre una supuesta trama corrupta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, está a punto de encallar. Tras años de investigaciones policiales, resulta que todo aquello de que directivos del organismo regulador del mercado español extorsionaban a sociedades de valores para recibir contraprestaciones a cambio de permitirlas seguir operando, era un bluf. El fiscal a cargo del proceso debe decidir ahora si extiende las investigaciones o si definitivamente cierra el caso, lo que parece lo más probable.

Poco ha importado durante este tiempo que el origen de la investigación policial fuera una denuncia presentada por Sara Pérez Frutos, fundadora de Dracon Partners, sancionada por infracciones graves en el mercado, imputada por la comisión de varios delitos, entre ellos el de estafa. O que la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ya emitiera en junio de 2015 una sentencia en la que desmontaba la operativa de Dracon.

La publicación, en julio de 2015, de informaciones sobre las investigaciones en marcha, es decir, la aparente filtración a determinados medios de las investigaciones policiales sobre la CNMV, se produjo un mes después de que la sala de la Audiencia Nacional advirtiera de que existían hasta diez causas para revocar la licencia de Dracon, y tres meses después de que Sara Pérez Frutos y Dracon fueran sancionados con una multa de 1,9 millones de euros.

"Cuando se filtra una investigación en marcha, es que no hay nada" dicen fuentes de la Audiencia Nacional

Las informaciones publicadas cuestionaron el funcionamiento de uno de los pilares de la economía española, la CNMV. Y también se atentó contra la honorabilidad de directivos y antiguos ejecutivos del organismo regulador del mercado español. Las informaciones aportaban los nombres y apellidos de los empleados que estaban siendo investigados.

Si la misma información se hubiera publicado en Estados Unidos, si el FBI hubiera realmente investigado a la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador del mercado bursátil estadounidense, el terremoto político y financiero hubiese sido tremendo. Aquí la publicación de dichas informaciones no ha servido más que para cuestionar la rectitud de empleados y presidentes de la CNMV, desde Elvira Rodríguez hasta Manuel Conthe pasando por Julio Segura. Y para derrochar recursos públicos, el tiempo de los policías que han investigado la supuesta trama, y el del fiscal que tuvo que asumir las pesquisas, Daniel Campos, de la Audiencia Nacional. El mismo fiscal al frente de operaciones contra supuestos yihadistas, ha tenido que dedicar su tiempo a una investigación basada en una denuncia de Pérez Frutos.

En ocasiones, personas sentenciadas por la comisión de delitos se convierten en fuentes policiales. A cambio de reducción de penas colaboran con la policía. En el caso de la denuncia de Sara Pérez Frutos contra la CNMV, los investigadores deberían haber sido extremadamente cautos ante sus testimonios. Sin embargo, se les dio pábulo hasta el punto de cuestionar la labor del regulador del mercado español.

En 2012 la CNMV dio de baja a Dracon Partners, la Eafi (Empresa de Asesoramiento Financiero) fundada por Sara Pérez Frutos. La respuesta de Pérez Frutos fue presentar una denuncia contra el organismo español, y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) inició las investigaciones. Si la policía dudaba de las razones de la CNMV para retirar la licencia a Dracon y sancionar a su fundadora, bastaba con recoger testimonios de empleados de la sociedad, o de sus clientes, para saber cómo se las gastaban en Dracon.

La investigación sobre la CNMV y su filtración a los medios lesionan la imagen de la UDEF

Vozpopuli ha contactado tanto con antiguos empleados de la Eafi como con clientes que han denunciado a Pérez Frutos por estafa. Un exempleado recuerda, por ejemplo, cómo la fundadora de Dracon denunció en una ocasión a la policía algo tan peregrino como que en su misma empresa existía una red ilegal de comercio de animales exóticos. "Todo fue una invención", recuerda ese antiguo empleado. "Un compañero vino con un cachorro de león que había apadrinado a las oficinas para que los padres con los hijos se hicieran fotos; Sara debió ir a la policía con esas fotos para denunciar comercio ilegal de animales". Pérez Frutos "era muy convincente, salía por televisión y la gente se creía lo que decía, si había que llorar, lloraba, si había que reir, reía".

En marzo de 2012, a la dirección de la empresa llegó el chivatazo de que iban a recibir una inminente visita de las autoridades. "Nos dijeron que nos fuéramos todos de la oficina a las 14.30 horas, sin excepción. Cuando llegaron los de la CNMV no había nadie a quien revisar su trabajo", rememora otro extrabajador de Dracon.

Varios clientes de Dracon presentaron querella contra Sara Pérez Frutos por supuestos delitos de estafa, coacciones, asociación ilícita, publicidad engañosa y alteración de precios del mercado. Estos clientes contrataron productos complejos financieros, como warrants, a través de la firma. Se trata de jubilados, familias, personas sin los conocimientos del mercado suficientes como para operar con warrants, a los que supuestamente Dracon sometía a test de idoneidad para poder venderles ese tipo de productos de alto riesgo y cobrar las comisiones correspondientes. Entre los denunciantes, un matrimonio de Cuenca de jubilados, un trabajador de baja por enfermedad, o una familia que invirtió el dinero que guardaba para el cuidado de una hija con síndrome de Down.

Aunque el caso contra la CNMV sea cerrado, el daño ya está hecho. Se ha puesto en cuestión al regulador del mercado español, y altos directivos del organismo han sido sometidos a investigaciones policiales y al escarnio público al filtrarse sus nombres. ¿Existían realmente razones para que la policía investigara con ahínco, durante tanto tiempo, una denuncia presentada por una persona carente de credibilidad? ¿Cómo es posible que se filtraran las investigaciones en marcha con nombres y apellidos? Casos como este lesionan la imagen de la Udef.

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