Economía

El Constitucional pone en la diana el plan de vivienda de alquiler del Gobierno

El Alto Tribunal anula una disposición relativa al proyecto de promoción de viviendas en alquiler de Ábalos tras cuestionar el PP que se tramite por decreto. El Gobierno esgrime que el Constitucional no frena sus planes sino que anula el arrogarse el "deber" de llevarlos a cabo y avanza que ya hay 5.000 pisos en marcha. La sentencia se conocerá previsiblemente a finales de semana

El Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional. Efe

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por su carácter inconstitucional dos disposiciones del Real Decreto, aprobado en marzo de 2019, por el Gobierno de Pedro Sánchez, relativo al mercado de la vivienda, y en concreto, a su proyecto de estimular y priorizar el alquiler.

Dichas disposiciones sustentaban, entre otros, el proyecto de impulsar 20.000 viviendas en alquiler bajo colaboración público-privada con concesión a empresas por 50 años que ha abanderado el actual ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y que se ha erigido en eje central de su política en materia de vivienda.

Según ha podido confirmar Vozpópuli a través de fuentes cercanas al Tribunal, el fallo, del que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez Sancho, ha declarado "inconstitucional y nulos la disposición adicional primera y tercera del Real decreto ley 7/2019 de 1 de marzo" tras estimar parcialmente el recurso interpuesto por el Partido Popular, que cuestionó la "extraordinaria y urgente necesidad" de las medidas adoptadas por el Ejecutivo. 

Este periódico ha solicitado acceso a la sentencia para conocer sus argumentos de primera mano pero no le ha sido facilitado, ya que la sentencia "se dará a conocer en los próximos días", previsiblemente a finales de semana. Fuentes consultadas señalan que el Gobierno podría tener que reformular y/o presentar al Congreso las disposiciones anuladas. 

Paralelamente, fuentes jurídicas del ministerio han asegurado a Vozpópuli que el Constitucional ha rechazado que el ministerio "se arrogue el deber" de impulsar viviendas en alquiler, pero no ha eliminado la posibilidad de que el Gobierno siga adelante con sus planes ni ha frenado su tramitación.

El Gobierno debería someter su proyecto de promoción de viviendas al Congreso y/o modificarlo de acuerdo al Constitucional

La disposición adicional primera ahora anulada fijaba el compromiso de "poner en marcha" las medidas para dinamizar la oferta de vivienda en alquiler: "la movilización de suelo público perteneciente a la Administración General del Estado y los organismos de ella dependientes, para la promoción de vivienda en alquiler social o asequible, mediante fórmulas de colaboración público-privadas; la modulación de los instrumentos financieros del Plan Estatal de Vivienda con el fin de promover los mecanismos público-privados para atender las necesidades de alquiler social y asequible, particularmente mediante la cesión de derecho de superficie sobre suelo público; la Reorientación del Plan Estatal de Vivienda, que deberá apoyar exclusivamente el disfrute de vivienda en régimen de alquiler; y los acuerdos con las administraciones sectorialmente competentes para la agilización de las licencias urbanísticas, priorizando en las ayudas del Plan Estatal de Vivienda a aquellas que hayan alcanzado acuerdos de este tipo (...) En el mes de diciembre de cada año deberá (el ministerio) presentar un informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con los progresos obtenidos en términos de vivienda adicional puesta en el mercado en régimen de alquiler". 

La disposición adicional tercera, por su parte, tenía que ver con la duración de los "convenios en materia de infraestructuras" y establecía que "los convenios cuyo objeto sea la ejecución de infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo tendrán la duración que corresponda al programa de ejecución o financiación de estas, que deberá incorporarse como anexo a la memoria justificativa del convenio, y cuyo plazo inicial no podrá superar los diez años. Las partes podrán acordar su prórroga, antes de la finalización del plazo final, por un período de hasta siete años adicionales".

La sentencia del Constitucional no ha tumbado otras disposiciones del decreto como el incremento de los años de los contratos (de 5 para el propietario que sea persona física y 7 para las personas jurídicas, -empresas o fondos-), una mayor protección al inquilino ante posibles desahucios, la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en el alquiler de vivienda habitualla limitación de las subidas de los precios durante los años de contrato al Índice de Precios al Consumidor o la creación de un índice de precios del alquiler.

Precedente de cara al control de precios

El Real Decreto en cuestión, en cualquier caso, no establece ninguna medida que implique directamente un control o 'techo' a los precios iniciales como recoge entre sus compromisos el reciente pacto de investidura de PSOE y Unidas Podemos. En los últimos días, la vicepresidenta económica Nadia Calviñoha dado a entender que la intención del Gobierno es centrarse ahora en estimular la "oferta" tras centrarse en el "inquilino" con el referido Real Decreto. 

En esa línea, el fallo del Tribunal Constitucional, que se conocerá probablemente con todos sus detalles al final de esta semana, sienta un precedente para el Gobierno, que se enfrentaría además a un recurso similar de la Comunidad de Madrid en caso de proceder a imponer la regulación de los precios, según han avanzado a este periódico desde el Ejecutivo madrileño y han precisado fuentes jurídicas, por cuestiones de fondo y forma

Reacción del Gobierno: 5.000 pisos en marcha

Por lo pronto, el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha emitido un comunicado en el que defiende que la mayor parte del Decreto ha sido avalado. Tras reconocer que la disposición adicional primera ahora anulada "se refiere a temas vinculados con la política actual en materia de vivienda y alquileres del ministerio", esgrimeque las dos disposiciones tumbadas "no forman parte del cuerpo del real decreto-ley y que, en el caso de la disposición adicional primera referida al estímulo de la oferta de alquiler, recogía mandatos no dirigidos a la producción de normas jurídicas, sino a señalar líneas de acción futuras del Ministerio, que se continuarán implementando por parte del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana".

Posteriormente, fuentes del ministerio han señalado a Vozpópuli que la nulidad del Constitucional se refiere al hecho de arrogarse el "deber" de movilizar suelo, pero no elimina la posibilidad de que el Gobierno lo haga ni ha interrumpido la tramitación del plan de levantar 20.000 nuevas viviendas en suelo público que buscarán también financiación privada.

En la misma línea, el secretario de Vivienda, Pedro Saura, ha precisado este miércoles que "ya hemos cerrado 120 acuerdos con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para desarrollar ese Plan de Vivienda y, prácticamente, estamos en disposición de empezar la tramitación para construir en torno a 5.000 viviendas de ese plan" en distintas fases en zonas tensionadas, incidiendo en que "unas pueden estar en el mercado ya y otras tienen que pasar algunos meses".

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