Economía

La Administración y empresarios sin escrúpulos acaban con los vigilantes

La crisis del grupo Ombuds es la última de un sector estrangulado por concursos públicos en los que los precios ofrecidos difícilmente pueden generar beneficios. En la última lista de morosos de Hacienda aparecen 31 empresas del sector que deben unos 110 millones en total

Vigilantes de la JCCM protestan a las puertas del Palacio de Fuensalida, en una imagen de archivo.
Vigilantes de la JCCM protestan a las puertas del Palacio de Fuensalida, en una imagen de archivo. Efe.

"He trabajado en Securitas, Prosegur, Segur Ibérica, Ombuds, Trablisa...", comenta una vigilante del Metro de Madrid. "Cuando empiezan a dejar de pagar o abandonan el servicio nos cambiamos a otra empresa", dice. "Ahora son los compañeros de Ombuds, no han cobrado todavía este mes...", lamenta.

La crisis del grupo Ombuds -la compañía, con 8.000 empleados, bordea el concurso de acreedores- es la última que atañe a un sector, el de la seguridad física, golpeada por concursos públicos en los que ha prevalecido el precio más bajo ofrecido y empresarios sin escrúpulos que se han saltado el convenio colectivo adjudicándose los contratos con salarios indignantes.

Los grandes grupos de seguridad privada se han alejado de este segmento del mercado, y la banca parece reacia a seguir financiando la actividad de la seguridad física.

LPM, adjudicataria de la seguridad de las estaciones de Adif en Aragón, lidera la lista de morosos con Hacienda de compañías del sector

La espantada que Prosegur, Securitas y Eulen protagonizaron en el macroconcurso organizado por Aena el pasado año fue una señal de alarma que la Administración parece no haber escuchado. El gestor aeroportuario sacó a concurso la seguridad de 27 aeropuertos españoles -entre ellos Barajas y El Prat- por 359 millones; las empresas mencionadas no acudieron al mismo asegurando que, simplemente, las cuentas no salían.

"Hoy es Ombuds y mañana será otra", comenta un representante sindical de empresas de seguridad. "Con la reforma laboral se tiraron los precios de los contratos y empresarios avispados incumplieron los convenios colectivos para bajar aun más los precios y adjudicarse los contratos públicos", señala. "La misma práctica se ha trasladado a los concursos de grupos privados; el 90% del coste de este servicio es la mano de obra, el margen es mínimo y al menor problema la empresa queda en situación de insolvencia", explica.

El caso de Sinergias y una adjudicación reciente lograda por la compañía de seguridad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez,en Valencia, es sintomático. 

Sinergias, de Miguel Ángel Ramirez, se adjudicó un contrato público el pasado mes de mayo y un día después se declaró en concurso

A principios del pasado mes de mayo Sinergias se adjudicó el servicio de vigilancia y seguridad y mantenimiento de equipos de seguridad de dos Oficinas de Extranjería y del edificio del Área de Sanidad Exterior, dependientes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Un día después, la compañía presentó concurso de acreedores.

"Entendemos que existe mala fe por parte de la empresa, al no declarar su situación concursal antes de formalizar el contrato y desconocemos si el Ministerio tenía conocimiento de estos hechos ya que, en caso afirmativo, puede enfrentarse a un posible delito de prevaricación", dice Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO.

El escaso margen de beneficio que genera la actividad de la seguridad física provoca que al menor problema la empresa que ofrece ese servicio se sitúe en el alambre. En los dos últimos años ha habido un goteo incesante de concursos de acreedores de compañías del sector.

En la última década se han declarado en concurso de acreedores cerca de 30 empresas del sector

En 2017 se declaró en concurso Segur Iberica, entonces una de las mayores compañías de seguridad privada en España. En enero del año pasado fue declarada en insolvencia Seguridad Integral Canaria, de Miguel Ángel Ramírez. Con anterioridad siguieron el mismo camino otras empresas como Halcón SeguridadFalcón Controles y Magasegur. En la última década, de acuerdo al último listado de empresas morosas con Hacienda, cerca de una treintena de empresas de seguridad españolas se han declarado en concurso de acreedores.

A finales del pasado año sindicatos, empresas y Gobierno acordaron, tras la trasposición de una directiva europea, que los criterios de calidad tengan que representar al menos el 51% de la puntuación asignable en los concursos de seguridad privada. Pero las fuentes consultadas advierten que los formatos permiten todavía triquiñuelas.

Seguridad morosa

En última lista de morosos con las Administraciones públicas comunicada por la Agencia Tributaria el pasado mes de junio, aparecen al menos, las que ha podido verificar este diario, 31 empresas de seguridad, que deben, cada una, entre uno y 20 millones de euros. 

En total, las empresas del sector identificadas deben a Hacienda cerca de 110 millones de euros. La mayoría de ellas se encuentra en concurso de acreedores o liquidación desde hace años.

Entre otras aparecen en el listado Seguridad LPM (declarada en concurso en 2015), con una deuda de 20,3 millones; Halcón Empresa de Seguridad y Vigilancia (10,5 millones); Falcon (8,6 millones); Seguridad Integral Canaria (6,3 millones); Provinen Seguridad (6 millones); Gebisa Seguridad (5,4 millones); C7 Seguridad (3,9 millones); Vigilancia y Sistemas de Seguridad (3,2 millones)... 

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