Economía

Varapalo del Supremo al PP en Madrid: anula la venta de 3.000 pisos públicos a Goldman Sachs

El Alto Tribunal confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras rechazar los recursos de Azora y la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso. EFE

El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la resolución del Instituto de la Vivienda de Madrid que supuso la venta en 2013 de casi 3.000 viviendas públicas por 201 millones al consorcio de inversión privado Azora-Goldman Sachs.

En un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli adelantado por El Español, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal desestima los recursos presentados por la Comunidad de Madrid -presidida entonces por Ignacio González y ahora por Isabel Díaz Ayuso, ambos del Partido Popular- y la propia Azora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya había sentenciado la nulidad de la enajenación de 32 promociones de viviendas en arrendamiento adjudicada a Azora Gestión y su posterior trasmisión de la propiedad a Encasa Cibeles S.L., participada mayoritariamente por el banco de inversión estadounidense Goldman.

El Supremo termina de confirmar así la nulidad de la resolución de venta firmada por el IVIMA el 29 de agosto de 2013, por la que 2.935 viviendas públicas pasaron al consorcio privado previo pago de 201 millones de euros.

Operación injustificada

El Alto Tribunal no ha encontrado argumentos que justifiquen que dichos pisos públicos ya "no eran necesarios" en su "labor social de proporcionar a las clases desfavorecidas una vivienda digna".

"La Sala de Instancia considera que, si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política de enajenar determinado lote de promociones, sin embargo, no se ha justificado debidamente (de forma específica) que las concretas promociones que se enajenan no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA", dice el auto del Supremo, que incide en que "el objetivo general" de "alcanzar la estabilidad presupuestaria no resulta suficiente".

"Alcanzar la estabilidad presupuestaria no resulta suficiente"

El Supremo, además, esgrime que la operación ha supuesto un perjuicio injustificado al arrendado tras observar la demanda presentada por el inquilino Rachid Bouikou con el respaldo del Ensanche de Vallecas de la Plataforma de Afectados por Vivienda Pública (PAVPS).

"El cambio de régimen jurídico de la vivienda no es meramente abstracto sino que tiene consecuencias directas y concretas en la situación del arrendador", concluye el Alto Tribunal, que ha dejado en el aire la situación de estas viviendas por las que Encasa Cibeles ya avisó en sus cuentas que podría reclamar indemnizaciones a las autoridades madrileñas en caso de que su compra fuera finalmente anulada.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que estudia recurrir la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional

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