Economía

El Supremo condena a la promotora de La Finca a saldar deudas con el arquitecto Joaquín Torres

El Alto Tribunal condena a la promotora Procisa, denunciada por contratar presuntamente a Villarejo para desprestigiar al que fuera su arquitecto de cabecera, a abonarle impagos por un proyecto en Lérida

Joaquín Torres, en una foto de archivo junto a la Finca.
Joaquín Torres, en una foto de archivo junto a la Finca. Europa Press

El Tribunal Supremo ha propinado un revés al grupo promotor de viviendas de lujo de famosos y grandes fortunas como las de La Finca, Procisa, controlada desde 2010 por una de las hijas del fallecido Luis García Cereceda, Susana, en su frente judicial por impagos con el que fuera el arquitecto predilecto de su padre, el mediático Joaquín Torres, bautizado en su día como el 'arquitecto de los famosos' por desarrollar casas de personajes como Penélope Cruz, Cristiano Ronaldo o Felipe González.

En un auto del pasado 22 de enero, el Alto Tribunal condena a la sociedad Cota 1600 Baqueira S.L., parte del grupo Procisa, a pagar honorarios adeudados por valor de 42.498 euros al arquitecto tras desestimar el recurso presentado por la promotora a una sentencia en la misma línea de la Audiencia Provincial de Madrid del año 2016.

La sentencia considera probada la vinculación entre la promotora impulsada por Luis García Cereceda y el propio Joaquín Torres desde 2004 que "se extendió durante los años siguientes y se tradujo en un encargo continuo e incesante de proyectos de arquitectura de las promotoras inmobiliarias del Grupo Procisa, hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria y consecuente inicio de la crisis inmobiliaria". Esa relación se habría canalizado a través de Cota 1600 y otra sociedad posteriormente absorbida por Procisa, Urbanizadora Somosaguas, en una de cuyas viviendas vivió el propio Torres como inquilino por petición del entonces dueño de la promotora, el propio Luis García Cereceda.

Relación estrecha de Torres con el fundador

En octubre de 2008, Cota 1600 encargó a Joaquín Torres un proyecto residencial en el pirineo catalán, en concreto en Lérida, de 37 viviendas. Un proyecto que no terminó de despegar "por cuestiones urbanísticas o por causas imputables a la promotora", pero sobre el que "en ningún momento" manifestó la promotora al arquitecto "su intención de desistir o de revocarle el encargo o la decisión de no continuar con la promoción cuando las condiciones urbanísticas de planeamiento lo permitieran", según el argumentario del demandante.

Del propio auto se desprende que el presidente de Procisa, Luis García Cereceda, de estrecha relación con Joaquín Torres desde 2004, le invitó a ser uno de sus inquilinos. García Cereceda falleció en 2010. En diciembre de 2012, la nueva gestión, con Susana García Cereceda como presidenta, comunicó a Joaquín Torres que no se le prorrogaría el arrendamiento de su vivienda. Torres interpretó esto último como el fin de la relación profesional con Procisa, procediendo entonces a iniciar en vía extrajudicial (en 2013) y judicial (2014) reclamaciones por honorarios impagados. La empresa del propio Joaquín Torres, posteriormente, entraría en concurso de acreedores. 

Las relaciones entre el mediático arquitecto y Procisa se rompieron tras la irrupción en el poder de la empresa de Susana, una de las hijas de Luis

Frente a los reclamos de Torres por impagos, el argumento principal de Procisa ha sido que los mismos habían prescrito, argumento que el Supremo ha tumbado en el caso del citado proyecto en Lérida tras considerar acreditado que la vinculación profesional entre la promotora y el arquitecto culminó en 2013, cuando así lo notificó el propio arquitecto, y no en 2009, cuando Torres dejó de recibir comunicaciones relativas al proyecto por parte de Procisa.

Según inciden desde el entorno de Torres, antes de esta demanda resuelta por el Supremo hubo otra reclamación, por otro proyecto y por una cantidad cercana a los 80.000 euros, que acabó también a favor de Torres por una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid frente a la cual Procisa interpuso un recurso que el Supremo inadmitió.

Desde el entorno de Torres aseguran, en cualquier caso, que la sentencia del Supremo del pasado enero es un acicate argumentativo para futuras reclamaciones al grupo Procisa, y que todas ellas podrían sumar más de 350.000 euros. Vozpópuli ha intentado recabar la versión del grupo promotor de La Finca pero no ha obtenido respuesta. 

La irrupción de Susana y su presunta conexión con Villarejo

Las relaciones entre el mediático arquitecto y Procisa se rompieron tras la irrupción en el poder del grupo de Susana, una de las hijas del fallecido Luis, en perjuicio del de su hermana, Yolanda, y del de la viuda del expresidente, Silvia Gómez Cuétara.

Las sociedades herederas de la reestructuración de Procisa han sido recientemente imputadas por la Audiencia Nacional en el caso Land tras una denuncia de la Fiscalía anticorrupción, que acusa a Susana García Cereceda de haber contratado entre 2012 y 2014 al excomisario José Manuel Villarejo con 340.000 euros de las cuentas de Procisa para que desarrolle labores orientadas a desprestigiar al propio Joaquín Torres, a su hermana Yolanda, a la viuda de Luis García, y a la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo, Mónica Gómez Ferrer -que desestimó dos denuncias por impagos de Torres contra Procisa-, en el marco de la disputa por el reparto de los mil millones de herencia de Luis García Cereceda.

Esta disputa, que continúa en los tribunales, y la investigación por la presunta conexión de Procisa con Villarejo, amenazan con tener efectos en el actual emporio del grupo, en especial, en su cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil, La Finca Global Asset -con una capitalización bursátil de 168 millones-, participada ahora en un 37,78% por el fondo estadounidense Värde

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