Pensiones

Las subidas de pensiones de 2018 y 2019 pueden costar 40.000 millones al sistema a largo plazo

BBVA Reserch explica que el pacto con PNV costará 1.600 millones este año y otros 1.600 millones el año que viene. En total, 3.600 millones que se consolidarán e irán creciendo como una bola de nieve hasta llegar a sumar 40.000 millones del gasto al sistema.

Imagen de dos pensionistas en una céntrica calle
Imagen de dos pensionistas en una céntrica calle Tere García

Las subidas de pensiones que ha pactado el Partido Popular con el Gobierno para sacar el Presupuesto van a salir mucho más caras de lo que parece. Rafael Doménech, el responsable de análisis macroeconómicos del BBVA Research, ha hecho este viernes un ejercicio de cálculo que demuestra lo difícil que es asumir una medida de este tipo sin hacer nada más para sanear el sistema. La conclusión a la que llega es que estas subidas pueden acabar elevando el gasto en 40.000 millones a largo plazo, una cantidad que podría poner en jaque la supervivencia del sistema.

Hay una explicación. La subida de pensiones en un 1,6% costará 1.600 millones adicionales este año y otros 1.600 millones en 2019. Y este gasto se consolida para años futuros. Por eso, en realidad, el coste en 2019 será de 3.200 millones. Y seguirá aumentando cada año como una bola de nivele de forma que puede llegar a suponer unos 40.000 millones más de gasto a largo plazo.

Una de las cosas más sorprendentes es que estos cálculos se han hecho contando con que las pensiones solo suben en línea con el IPC en 2018 y 2019. En 2020 se volvería a aplicar el mínimo que marca la fórmula que diseñó el Gobierno para sustituir al IPC. Es decir, que si se volviera de forma definitiva al IPC , como piden algunos partidos en el Pacto de Toledo, el coste sería mucho mayor y, previsiblemente, insoportable para el sistema.

La afirmación del BBVA es importante porque normalmente la gente se queda en lo que cuesta esa subida en un solo ejercicio. El propio Gobierno, después de criticar durante años la vuelta al IPC, dijo que el gasto de subirlas un 1,6% es manejable gracias al crecimiento. Pero lo que el Gobierno y el resto de la gente olvida es que este gasto se consolida en el total y va subiendo exponencialmente cada año.

El exministro socialista Valeriano Gómez asegura que no hay motivos para no vincular las pensiones al IPC

BBVA ha hecho estos cálculos durante su participación en un foro organizado por el Colegio de Economistas, en el que también ha hablado el exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aunque con argumentos muy diferentes. A su parecer, no hay motivos económicos para no actualizar las pensiones con el IPC, se puede financiar sin problemas. Además, mantener el IRP del Gobierno de Mariano Rajoy condenaría a las pensiones a subir solo el 0,25% durante 40 años.

El exministro asegura que revisar las pensiones un 0,25% cuesta 250 millones de euros al año y subirlas un 2% cuesta unos 2.000 millones. "La diferencia es alta, pero el sistema gasta en bonificaciones y reducciones unos 4.500 millones de euros, que es más del doble de lo que cuesta la revalorización. No es imposible en absoluto", ha señalado.

Doménech en cambio, que formó parte del grupo de trabajo que inspiró la reforma del PP, cree que hay que mantener las reformas de 2011 y 2013, seguir trabajando para mejorar el empleo y reducir la dualidad del mercado de trabajo, acometer nuevas reformas que mejoren la contributividad del sistema y que prolonguen la vida laboral de los ciudadanos y avanzar hacia la implantación de un sistema de cuentas nocionales.

Las cuentas nocionales

Las cuentas nocionales, de contribución definida, es el sistema que aplican países como Suecia o Italia. Se mantiene el sistema de reparto y progresivo y, según la propuesta del BBVA, se blindarían las pensiones mínimas, que seguirían ligadas al IPC subyacente y a la productividad. A su parecer, daría lugar a un sistema más transparente y sencillo.

Además, ayudaría a que los ciudadanos pudieran tomar mejores decisiones sobre su carrera laboral, formación continua, momento de jubilación y, sobre todo, ahorro. En un sistema así no es necesario fijar una edad legal de jubilación (67 años tras la última reforma), sino que cada trabajador decidiría cuando hacerlo asumiendo que cuanto menos trabaje, menos pensión percibirá



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