SMI

¿Cómo ha afectado la subida del SMI al empleo en 2017? Más empleo, pero también más temporalidad

El Gobierno va a subir el salario mínimo un 4% en 2018, pero algunos expertos avisan de que subidas muy pronunciadas de esta variable pueden acabar volviéndose en contra del mercado laboral

La ministra de empleo, Fátima Báñez
La ministra de empleo, Fátima Báñez CONO

El Gobierno ha anunciado una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 4% el año que viene, hasta 735,90 euros. Y se ha comprometido a llevarlo a 850 euros en 2020.  Es una subida importante, pero no tanto como la de 2017, que fue del 8%. Algunos servicios de estudios han salido ya a la palestra a valorar la medida y han avisado al Gobierno de que subir mucho el SMI puede acabar afectando negativamente al mercado laboral.

Esto es lo que piensa, por ejemplo, el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito, que está en contra subir mucho esta renta. De hecho, Feito cree que hay que tener mucho cuidado al elevar el salario mínimo porque hacerlo en épocas de crisis, puede aumentar la destrucción de empleo, y cuando se hace en épocas de crecimiento, puede elevar la temporalidad.

¿Es cierta esta tesis? ¿Qué está pasando con el empleo en 2017, el año de la subida del 8%? Si nos vamos a la última Encuesta de Población Activa (EPA), vemos que la mejora del sueldo mínimo no ha afectado a la creación de empleo. De hecho, en el tercer trimestre se crearon 236.000 empleos en tasa intertrimestral y más de medio millón de puestos en términos anuales. Y casi todo el nuevo empleo se creó en el sector privado, que es el que más utiliza el SMI.

La temporalidad aumentó en el tercer trimestre y tocó máximos desde el inicio de la crisis

En cambio, la subida del SMI sí está coincidiendo con un repunte de la temporalidad. Estatasa ha ido subiendo trimestre a trimestre hasta que ha cerrado el tercero por encima del 27%, la cifra más alta desde el año 2008, antes de la crisis. Y es que casi todo el empleo creado en entre julio y septiembre, fue temporal.

Según explica el INE, la tasa de temporalidad representa el porcentaje de asalariados con contrato temporal respecto del total de asalariados. De los 236.000 nuevos empleos creados en el tercer trimestre, 216.400 fueron ocupados por asalariados. Y de ellos, casi 150.000, eran de carácter temporal. Y eso explica el fuerte repunte de la temporalidad en el tercer trimestre.

De hecho, actualmente hay en España casi 16 millones de asalariados. Y más de 4,3 millones tienen un contrato temporal. Para encontrar un número de empleados temporales mayor hay que remontarse al cuarto trimestre de 2008. Durante la recesión, la mayor parte del ajuste del empleo ha recaido en el empleo temporal. Y es que, como sostienen muchos expertos, España se sigue apoyando mucho en este tipo de empleo, que es el que más sufre cuando las cosas se tuercen. 

Temporalidad y SMI

¿Pero es todo culpa del SMI? Lo cierto es que la economía española siempre ha tirado mucho del empleo temporal, a pesar de tener uno de los salarios mínimos más bajos de toda Europa. De hecho, muchos expertos etán pidiendo enérgicamente al Gobierno otra reforma laboral que reduzca la temporalidad en España, algo que no consiguió la última norma.

Pero no es menor cierto que el IEE no es el primer organismo en advertir de los riesgos de subir los salarios más bajos. Hace solo unos meses el Banco de España ya dijo que la subida del SMI de 2017 podría provocar un descenso global del empleo del 0,1% y que el impacto aumentaría al 1,4% si se pusiera en práctica la subida aprobada por el Congreso, que pasa por situarlo en 950 euros en el año 2020

El Gobierno se ha comprometido a elevarlo a 850 euros en el año 2020

Las cifras del Banco de España, además, son mucho peores si se analiza solo el efecto entre los más vulnerables. Eso se explica porque subir el SMI eleva mucho los costes que tiene que asumir el empleador. Y eso hace que algunos se planteen si les compensa ajustarse al nuevo mínimo legal o, por el contrario, acabar la relación laboral.  

En cualquier caso, el Gobierno no ha ido tan lejos y se ha comprometido a dejarlo en 850 euros en 2020. Probablemente, con este compromiso buscar parar la tramitación de la norma del Congreso, que le obligaría a ir mucho más allá en un momento en el que las cuentas siguen desfasadas.



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