Los sindicatos estiman que las propuestas de la Airef supondrían 30.000 despidos en Correos

A petición del Gobierno, la Autoridad Independiente de Reponsabilidad Fiscal (Airef) ha hecho público su informe sobre cómo sanear y hacer eficiente la empresa pública de Correos -con propuestas como repartir la correspondencia en días alternos, privatizar parte de la red y compensar económicamente sólo a los centros de zonas poco pobladas o con bajo volumen de negocio-. Esas medidas, según cálculos de Comisiones Obreras (CCOO) supondrían el despido de 30.000 de los 52.000 empleados que actualmente trabajan en la compañía. 

¿Cómo llegan a ese cálculo? Fuentes de CCOO explican a Vozpópuli que si el Ministerio de Fomento decidiera aplicar las medidas que pone la Airef sobre la mesa eso provocaría automáticamente un exceso de mano de obra en la compañía. Si, por ejemplo, se aplica la posibilidad de que en vez de repartir cinco días a la semana se reparta en días alternos en las zonas poco pobladas -que representan un importante porcentaje del total del territorio español-, CCOO asume que habrá dos o tres días en los que no saldrán carteros, con lo cual no será necesario tener tanta plantilla ni tantas oficinas.

"De llevarse a término, las propuestas del informe de la Airef supondrían que millones de personas y empresas, entre ellas pymes y autónomos, en el ámbito urbano pero sobre todo en el rural, quedarían desatendidos o mal atendidos porque dejarían de recibir correo a diario para hacerlo una, dos o tres veces por semana (notificaciones, citaciones médicas, paquetería, cualquier tipo de documentos). Supondría igualmente el cierre de dos tercios de las oficinas de Correos (1.600 de sus actuales 2.400 oficinas), y el despido de 30.000 trabajadores y trabajadoras", denuncian. 

En su informe, la Airef no ha precisado el impacto de sus propuestas ni en número de empleos ni en número de oficinas.

Correos guarda silencio

Por su parte, Correos prefiere no valorar ni el informe de la Airef ni las conclusiones de CCOO. Fuentes del sector logístico matizan a este medio que las principales exigencias que se reflejan en este estudio no son competencia de la compañía pública.

"Los días de la semana que se reparte no es una decisión que corresponda a Correos", aseguran. En este sentido, destacan que cualquier cambio en la normativa afecta a Correos, pero es un órgano pasivo ante las decisiones de la administración. Las fuentes del sector logístico matizan a este medio que el informe de la Airef está hecho con datos "desactualizados", de 2017.  

La decisión depende, principalmente, del Ministerio de Fomento. El servicio postal universal, una de las principales competencias de la compañía pública de mensajería, es un servicio que gestiona la cartera que dirige de manera provisional José Luis Ábalos. No obstante, cualquier modificación que afecte a Correos depende también de Hacienda. La empresa pertenece en un 100% a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una entidad pública que se integra en este Ministerio. 

Más motivos para que haya despidos

Comisiones Obreras recalca que, además de los días de reparto, influiría también el hecho de que se privatice el mismo en algunas áreas siguiendo el modelo francés -como propone la Airef-, donde en pueblos pequeños son empresas privadas pequeñas las que se ocupan de distribuir las cartas tras ser designadas por la Administración Pública en colaboración con el ayuntamiento correspondiente. Si eso ocurre, los trabajadores de Correos de esas zonas dejarán de tener trabajo que realizar. 

El cambio en el modelo de compensación afectará también a los fondos de la empresa pública de servicio postal, con lo que podría tener incentivos para recortar más gastos, de plantilla por ejemplo, apuntan fuentes sindicales. 

La Airef abre la puerta también a que Correos deje de repartir algunos productos. Si eso sucede, también se reducirá el número de empleados necesarios en la compañía.

Hay que "analizar la configuración de los productos que componen el Servicio Postal Universal, de modo que se puedan eliminar algunos productos o se pueda incluir la realización de servicios públicos adicionales, principalmente en la red de oficinas cuya capilaridad afecta a todo el territorio nacional".