Economía

El choque entre Sanidad y las comunidades retrasa el material para los sanitarios

La cancelación del megacontrato de 2.400 millones por las quejas de Galicia, Murcia, Cataluña y País Vasco aplazará dos semanas este proceso clave para el suministro de profesionales de la sanidad

Salvador Illa, ministro de Sanidad
Salvador Illa, ministro de Sanidad EFE

El Ministerio de Sanidad puso en marcha la pasada semana un contrato valorado en 2.400 millones de euros para dotar con 3.700 millones de unidades de material sanitario a sus profesionales para los próximos dos años ante el coronavirus. Pero esta semana ha cancelado el contrato. La petición de Galicia, Murcia, Cataluña y País Vasco de incluirse en esta 'megacompra' provoca la convocatoria de un nuevo contrato y el retraso de dos semanas en la gestión de la adjudicación. 

Durante la próxima semana, el equipo que dirige Salvador Illa publicará las condiciones del nuevo contrato incluyendo las necesidades de estas comunidades autónomas. La cronología del primer concurso marca el 31 de julio como fecha límite para que las empresas presentaran su candidatura a los 11 lotes de material sanitario. Ahora, con la inesperada participación de estas comunidades, el plazo se alargará hasta a mediados de agosto. 

"El objetivo se sigue manteniendo, es que la adjudicación se realice en agosto, para que las comunidades autónomas puedan realizar contratos basados en este acuerdo-marco al final de ese mes y que las empresas adjudicatarias comiencen a suministrar a los servicios de salud en septiembre”, tranquilizaba este jueves Salvador Illa en el Congreso de Diputados. 

Este retraso de los plazos llega después de un choque evidente entre el Ministerio de Sanidad y las cinco comunidades autónomas. El primer pliego, cargado de especificaciones y exigencias de los candidatos, no contaban con Galicia, Murcia, Cataluña y País Vasco. Pero, en los últimos días, los representantes de estas comunidades han llamado al equipo de Illa para demandar suministro ante "el riesgo de desabestecimiento". 

Mascarillas, guantes...

Este contrato pretende dotar de material a los profesionales de la sanidad ante la crisis sanitaria. En concreto: batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FFP2, mascarillas de protección FFP3, test moleculares COVID-19 (PCR) y kits de extracción. 

A algunos de los candidatos que optaban a los 11 lotes se les exigía presentar sus credenciales antes del 31 de julio. "La tramitación es de emergencia por lo que los plazos se acortan dado que el objetivo es que, una parte importante del material adjudicado, esté a disposición de los servicios de salud antes de finalizar el mes de septiembre", explican desde el Ministerio de Sanidad. 

El objetivo, según definía el propio equipo que lidera Salvador Illa, es contar "con una reserva estratégica de estos productos para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por la COVID-19". El Ministerio de Sanidad gastó durante el estado de alarma cerca de mil millones de euros en material sanitario en más de un centenar de contratos.

Sin proveedores chinos

La adjudicación requería en el pliego que los candidatos no pertenecientes a la Unión Europea incluyan documentación especial. En ella, se debe argumentar que en su país de procedencia se admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la administración y con los entes, organismos o entidades del sector público.

Tanto el ICEX como la Comisión Europea han alertado en varias ocasiones del formato de contratación pública en China. "No se dispone de información transparente y exhaustiva sobre el mercado de la contratación pública", definen desde Bruselas en un informe. "China no está vinculada por ningún compromiso internacional a la hora de adjudicar contrataciones públicas y la mayor parte de los contratos públicos en China se adjudican a empresas estatales", añaden. 

El informe que requiere Sanidad para otorgar alguno de los 11 lotes a un proveedor de fuera de la Unión Europea tiene que ser elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 

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