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TVE pagará 60 millones por emitir los JJOO cuando en España podrían verse ‘gratis’ por otro canal

Discovery es la propietaria de los derechos audiovisuales y se había comprometido con el COI a emitir la cita en nuestro país. Podría hacerlo en su canal en abierto, pero RTVE pagará para poder retransmitir el evento

Torrespaña
Torrespaña EFE

Radiotelevisión Española ultima el cierre de una operación que implicará un desembolso de alrededor de 50 millones de euros -mas impuestos- en los derechos audiovisuales de los Juegos Olímpicos de Tokio y otro destinado a la producción el acontecimiento, que en anteriores ocasiones ha sido cercano a los 5 millones. 

El actual equipo directivo de la corporación ha mantenido conversaciones en los últimos días -en realidad, nunca se han roto los contactos- con la empresa propietaria de los derechos, Discovery, para tratar de cerrar la adquisición, tal y como explican fuentes conocedoras de las conversaciones. Todo, pese a la situación de provisionalidad de Rosa María Mateo en su puesto al frente de la corporación.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez autorizó hace unos meses a RTVE a endeudarse para cerrar la compra de los JJ.OO. Lo hizo a pesar del surgimiento de la crisis sanitaria de la covid-19 unas semanas antes. Sin embargo, el empeoramiento de la situación, las reticencias de Hacienda y el aplazamiento de la cita olímpica hicieron que la operación no se cerrara.

El anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado ha aumentado el 25% el dinero público que percibirá RTVE para el próximo año a través de las cuentas del Estado -también ingresa la Tasa Radioeléctrica de las arcas públicas-, lo que permitirá completar la compra a Discovery.

La obligación de Discovery

Lo más llamativo son las pocas dudas que han existido en el equipo directivo de RTVE con respecto a la compra de este acontecimiento deportivo. Máxime si se tiene en cuenta que 2020 será el segundo ejercicio consecutivo que cerrará con déficit.

Hay que recordar que Discovery compró en 2015 al Comité Olímpico Internacional los derechos de todos los Juegos Olímpicos de verano e invierno entre 2018 y 2024, por una cantidad que ascendió a 1.300 millones de euros.

Entre los compromisos que adquirió esta compañía con los organizadores se encontraba el de garantizar la emisión de, al menos, 200 horas en abierto de esta competición deportiva en cada país. Es decir, de más de 10 horas al día.

Esta multinacional audiovisual dispone de un canal en la TDT (DMax) en una frecuencia alquilada a Unidad Editorial, por lo que podría ofrecer las 10 horas diarias de deportes sin mayor problema. Ahora bien, ha buscado una negociación con RTVE porque pretendía rentabilizar su inversión.

Las televisiones privadas nunca han mostrado interés por los Juegos Olímpicos. Primero, porque, salvo determinadas competiciones, su audiencia no es elevada. Segundo, porque previsiblemente se celebrarán en agosto, es decir, que es el mes del año con un menor interés comercial en televisión. Y, tercero, porque las grandes citas de los JJ.OO. de Tokio se emitirán en España en horario de mañana, que no es el prioritario en la configuración de la parrilla de programación.

'Apoyo' al deporte español

RTVE pretende demostrar con la compra su apoyo al deporte español. Eso sí, ese 'apoyo' obligará al Estado a desembolsar 50 millones de euros a una empresa privada cuando, en realidad, los espectadores iban a poder seguir las competiciones más interesantes igualmente por televisión. En un canal temático, y no generalista, pero que casi triplica en audiencia a Teledeporte.

Las mismas fuentes inciden en que la intención de la corporación es adquirir 300 horas de competiciones deportivas para poder ofrecer las competiciones en La 1, Teledeporte, y presumiblemente también en La 2 (con más audiencia que DMax).

El coste de la cita se cargará al presupuesto de 2021, cuando se espera que haya un nuevo equipo al frente de la corporación. Es decir, el sustituto de Rosa María Mateo tomará posesión con este gasto descontado sobre el presupuesto total de un año en el que los costes laborales aumentarán hasta los 450 millones de euros.

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