Publicado: 25/12/2018 05:15
El sector eléctrico vuelve a estar en pie de guerra contra el Gobierno. El Ministerio de Transición Ecológica ha confirmado que los peajes de acceso a las instalaciones de generación de energía eléctrica, que conforman la parte regulada del recibo de la luz, volverán a quedar congelados, por quinto año consecutivo. La orden también confirma uno de los puntos que suscitó más polémica cuando el departamento que dirige Teresa Ribera sometió la orden a consulta pública: la supresión de los pagos por disponibilidad de aquellas centrales que aseguran el suministro en los escenarios de picos de demanda o de baja producción renovable. En este punto, los principales perjudicados serían los ciclos combinados, centrales que producen electricidad empleando gas natural como combustible.
La congelación de los peajes no ha supuesto una sorpresa para el sector, toda vez que ya descontaba que el actual Gobierno, como ya hiciera su antecesor con Álvaro Nadal al frente de la cartera de Energía, no iba a revisar al alza una variable que afecta a un recibo eléctrico al alza por los elevados precios registrados en el mercado mayorista. Sin embargo, se han encargado de alzar la voz a través de la patronal Aelca (anteriormente denominada Unesa), que ha incidido en que la medida se prolonga ya durante un lustro y que esta circunstancia provoca un "desasjuste temporal" para el sistema eléctrico.
Los últimos datos sobre la evolución de los precios de la electricidad apuntan a 2018 como el segundo ejercicio con la luz más cara en las últimas dos décadas. Y todo ello pese a que, a diferencia de lo sucedido en 2017, las circunstancias meteorológicas han sido favorables a la producción con tecnologías renovables.
Los futuros prevén precios elevados en el mercado mayorista para los próximos meses, con lo que el Gobierno se exponía a que el precio del recibo volviera a convertirse en una cuestión de Estado, como ya sucediera a finales de 2016 y comienzos de 2017.
Sin embargo, las quejas del sector van más allá de la congelación de los peajes y se centran también en la citada supresión de los pagos por disponibilidad. Se trata de la retribución que reciben aquellas instalaciones a las que se requiere estar operativas para asegurar en todo momento el suministro. Aelec considera que retirar estos pagos no tiene sentido cuando, hasta la fecha, aún no están definidos los adecuados mecanismos de retribuciones por capacidad en línea con la legislación europea.
En juego, 600 empleos
La patronal desliza incluso que la medida va en contra de la normativa vigente, "que reconoce que el precio del mercado es una señal insuficiente para garantizar la cobertura del suministro de electricidad".
No obstante, las alarmas ya estaban encendidas por este motivo en el seno de la Asociación de Productores Independientes (Aprie), que alertaron de los efectos de la supresión de los pagos si se confirmaba el texto de la orden sometido a consulta pública. Aprie señaló que si las centrales operadas por sus miembros (Engie, Shell y Alpiq) dejaban de recibir los aproximadamente 20 millones de euros que actualmente ingresaban por este concepto quedarían en el aire el futuro de unos 600 puestos de trabajo en el sector, especialmente en las plantas de ciclo combinado, que funcionan como respaldo para el sistema.
Los productores independientes apuntaron entonces que la viabilidad de los 4.000 megawatios de potencia instalada que presentan sus instalaciones quedaba en entredicho y que la sombra del cierre comenzaría a planear sobre algunas de ellas.
Tras la publicación de la orden definitiva, Aprie se ha unido al malestar expresado por Aelec. En su día, la patronal de los productores independientes dejó abierta la puerta a recurrir la orden en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo.
Este tipo de empresas se ve especialmente afectada por la medida, en mayor medida que los grupos integrados, que pueden compensar esta circunstancia con otros ingresos aunque, tras la publicación de la orden, los grandes del sector también se han unido a la hora de alzar la voz contra la eliminación de la retribución a la disponibilidad.
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