Publicado: 10/07/2019 05:15
Todas las miradas del sector energético se dirigen hacia el Gobierno, en estos momentos en funciones, tras el terremoto causado por la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre retribuciones del transporte y distribución de gas y electricidad. Porque aunque el regulador recuperó las competencias sobre esta y otras materias que le había retirado el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el actual se encargó de guardarse un as en la manga en el caso de que las propuestas de la CNMC no se ajusten a las orientaciones de política energética adoptadas. En el caso del actual escenario, esas orientaciones se plasman en Plan Integrado de Energía y Clima (PIEC), cuyos objetivos podrían correr peligro si las propuestas del regulador salen adelante.
En el caso de que esto ocurra, el Gobierno tiene en su mano el recurso de convocar la llamada Comisión de Cooperación, un mecanismo de conciliación que sentará en una mesa a la CNMC y al Ministerio de Transición Ecológica para tratar de alcanzar un acuerdo. Para que este proceso se ponga en marcha, hace falta un paso previo: la emisión de un informe por parte del Ejecutivo en el que refleje que las propuestas del regulador no se ajustan a las citadas orientaciones de política energética.
Ambas partes se comprometen a llegar a un pacto, que podría consistir en este caso en una solución intermedia, quizá una moderación de los recortes que pueda hacer viable el cumplimiento de los planes del Gobierno sin que la CNMC quede desautorizada.
En último término, y antes de que la CNMC eleve a Pleno su decisión, el Gobierno también tendría la baza del Consejo de Estado, que debe emitir un dictamen previo. Aunque no es de carácter vinculante, el actual Gobierno ha seguido de forma escrupulosa las directrices del organismo en asuntos tan relevantes como la normativa sobre autoconsumo y, también, la metodología para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), relacionada con la reversión de las concesiones de autopistas de peaje en quiebra.
Evitar la huida inversora
El PIEC contempla una inversión para lograr los objetivos de reducción de emisiones y avance de las energías renovables en el mix energético hasta 2030 superiores a los 230.000 millones de euros. De ellos, más de 41.000 millones se corresponden con inversiones en redes, uno de los pìlares en los que se fundamenta la transición energética y algunos de sus elementos más destacados, como es el caso del autoconsumo.
No obstante, estas inversiones en redes corren serio peligro si la CNMC consigue sacar adelante su propuesta de retribuciones al transporte y distribución de electricidad y, sobre todo, de gas para los próximos periodos regulatorios (2020-2025 para la primera; 2021-2026 para el segundo). En el caso del gas, del tijeretazo alcanza roza el 22% para el transporte y supera el 18% para la distribución, lo que pone en peligro el interés de los inversores para apostar por la transición energética española, en favor de otros países del entorno que también están llevando a cabo este proceso.
En el caso de la electricidad, las cifras son menos contundentes y, además, son muy similares a las que se anticiparon a finales del pasado año. Sin embargo, Aelec, la patronal del sector, ya se pronunció el pasado viernes, pocas horas después de conocerse la propuesta de la CNMC, y calificó las nuevas retribuciones como insuficientes con vistas a lograr los objetivos fijados por el Gobierno.
En este sentido, el sector eléctrico se fija en las retribuciones a las redes de distribución en el resto de la Unión Europea y asegura que la española sería de las más bajas si finalmente prevalecen los preceptos de la CNMC. Países como Italia, Reino Unido y Francia cuentan con retribuciones superiores, en ocasiones con una diferencia de hasta un punto porcentual, lo que podría provocar que los inversores internacionales optaran por países del mismo entorno que España pero que les aseguraran un mayor retorno.
De esta forma, se complicarían los planes del Gobierno para alcanzar esos más de 41.000 millones que necesita para tener unas redes adecuadas para la transición energética.
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