El retraso de un año que acumula el pago del rescate de las radiales pasará al Estado una factura de 500 millones

El costoso rescate de las concesionarias de autopistas de peaje en quiebra por parte del Estado es uno de los procesos que se verá afectado por el bloqueo político, con el agravante de que las dificultades a la hora de formar Gobierno, que han derivado en una nueva convocatoria electoral, llegan cuando el retraso acumulado en el pago de las compensaciones alcanza ya los 12 meses. Una circunstancia que incrementará de forma significativa la factura en forma de intereses de demora, por encima de los 500 millones de euros.

El Gobierno, que proseguirá estando en funciones al menos hasta que finalice el presente año, tiene pendiente establecer la cuantía de la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), es decir, la cantidad con la que compensará a accionistas y acreedores de las ocho concesionarias por la reversión al Estado de las nueve concesiones que gestionaban. En la mayoría de los casos (salvo en el de la AP-41 Madrid-Toledo), el plazo establecido para llevar a cabo el pago venció entre los meses de agosto y septiembre de 2018.

Para compensar la reversión de la concesión, el Estado debe pagar a la sociedad el valor patrimonial de las inversiones realizadas en la autopista menos la cuota de amortización correspondiente, en función del tiempo que cada empresa concesionaria ha operado la autopista. La normativa contempla un periodo máximo de seis meses a partir de la emisión del auto judicial por el que la liquidación de la concesión es firme. Dado que esos autos están fechados entre los meses de febrero y marzo de 2018, el retraso agregado está en el entorno del año.

Difícilmente podía por entonces el Gobierno proceder al pago de la RPA puesto que ni siquiera había aprobado la metodología que iba a servir de base para calcularla. Ésta recibió el visto bueno en el último Consejo de Ministros antes de la celebración de las elecciones generales del pasado 28 de abril. A partir de ese momento, el plazo para establecer la cuantía de la RPA es también de seis meses, con lo que a finales del próximo octubre el trámite debería de estar resuelto. Una vez que quede fijada la cantidad, el Ejecutivo cuenta con tres meses para abonarla.

Castigo por la Ley de Morosidad

Sin embargo, mientras todo este proceso discurre, el reloj sigue corriendo en contra del Estado. Toda vez que no se han cumplido los plazos previstos para el pago de la compensación, la cuenta de los intereses de demora empezó a correr hace 12 meses y no parará, como muy pronto, hasta comienzos del próximo año (siempre y cuando se cumplan los plazos previstos en la normativa, lo que hasta este momento no se ha producido en ningún momento).

El cálculo de los intereses de demora se hace, con carácter general, con la referencia del "interés legal del dinero", que en la actualidad es muy cercano al 0%, lo que abarataría en gran medida el coste por el retraso de la RPA. Sin embargo, este criterio no es aplicable a todas las concesiones. Para cinco de ellas, rige lo contemplado en la Ley de medidas contra la morosidad, aprobada por el Gobierno en 2004, que establece un tipo igual al marcado por el Banco Central Europeo (BCE) en sus subastas más recientes incrementado en ocho puntos porcentuales.

Las autopistas que están en estas circunstancias son la circunvalación de Alicante, la M-12 (acceso a la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la Cartagena-Vera y la AP-41 Madrid-Toledo.

Abocados al pleito

La factura por los retrasos seguirá incrementándose mes a mes hasta que se efectúe el pago, sobre el que hay dudas acerca de si puede ser ejecutado por un Gobierno en funciones. En cualquier caso, el bloqueo político no favorece la agilidad del proceso, que es precisamente lo que está condenando al Estado a tener que compensar de forma extra a los acreedores con los intereses de demora.

Hasta ahora, el Gobierno sostiene que el cálculo de la RPA no debe superar los 2.000 millones de euros, menos de la mitad de lo que reclaman accionistas y acreedores (la mayoría de estos últimos, fondos oportunistas), lo que aboca al proceso a un más que probable litigio.