Globalia negocia un rescate con el Gobierno tras estimar unas pérdidas de 600 millones

La compañía Globalia negocia una fórmula de rescate con el Gobierno tras calcular pérdidas de alrededor de 600 millones de euros.

El 'holding' que opera compañías aéreas, perteneciente a la familia Hidalgo, señaló hace unas semanas en unas jornadas organizadas por la CEOE que si no les ayudaban, iban a "durar un telediario".

Ahora, según publica 'El Confidencial', el Ejecutivo de coalición ha aceptado la petición del presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, y ambos están negociando un rescate para la empresa familiar.

Para el rescate del grupo turístico, dueño de Air Europa, Viajes Halcón, Travelplán y Be Live, establecen una condición principal: mantener la propiedad de las acciones.

El pasado mes de abril, se conoció que tanto Air Europa como Iberia habían solicitado un crédito urgente para poder seguir trabajando. Esta petición se tradujo en un crédito de 130 millones de euros para la compañía de los Hidalgo y de mil millones para Iberia.

Globalia estima, según recoge el diario, que las pérdidas de este año rondarán los 600 millones de euros, una situación que empujaría a la compañía hacia una quiebra técnica que requeriría una ampliación de capital urgente.

Globalia aún no ha hecho la petición formal del rescate, ya que el Ejecutivo todavía no ha creado el vehículo patrimonial que concederá hasta 10.000 millones a sectores estratégicos

De esa cantidad, 380 millones de euros serán contra las cuentas de Air Europa, que por sí sola ya tendría graves problemas para seguir operando.

Los fondos del 'holding' de los Hidalgo son de unos 163 millones de euros.

Sin petición formal de rescate

Sin embargo, Globalia aún no ha hecho la petición formal del rescate, ya que el Ejecutivo todavía no ha creado el vehículo patrimonial mediante el cual concederá hasta 10.000 millones de euros a sectores estratégicos.

Por su parte, los dueños de la empresa quieren mantener la propiedad de acciones para evitar así la nacionalización de la compañía por parte del Estado.

La compra directa de las acciones, dejaría a los fundadores sin nada en un momento en elq ue estaban en proceso de deshacerse de una compañía que factura casi 4.000 millones de euros.