Economía

El Gobierno deja en el aire 14 lagunas sobre la aplicación de la renta mínima

El Ingreso Mínimo Vital ha sido aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes, pero se mantienen importantes incógnitas sobre su puesta en marcha

José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social
José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social

El Gobierno ha aprobado este viernes su proyecto estrella de la legislatura: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quería diseñar esta renta mínima con calma -negociando con las comunidades autónomas- pero la crisis económica que ha provocado el coronavirus aceleró los plazos y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, presionó para aprobarla ya. 

Tras semanas de discursos contradictorios por parte de Iglesias y Escrivá, el IMV ha visto la luz, aunque la precipitación con la que se ha elaborado (ni siquiera fue incluido en el Plan de Reformas enviado a Bruselas hace sólo un mes) ha provocado que nazca con muchas lagunas

Lo que sí se conoce es que la renta mínima irá desde 461,50 euros para los tipos de familia más simple (un adulto que vive sólo) hasta los 1.015 euros como máximo para las familias con más miembros, que el subsidio será compatible con el empleo y con otras prestaciones de la Seguridad Social y que, independientemente de cuándo se conceda, se cobrará con efecto retroactivo desde el 1 de junio. Ahora, las lagunas:

1. Ajuste con las Comunidades Autónomas

Una de las mayores dificultades para diseñar el IMV era armonizarlo con el hecho de que en muchas comunidades autónomas ya existieran esquemas de rentas de inserción o rentas mínimas. Pese a que Escrivá hubiera preferido diseñarlo con calma, finalmente el Gobierno ha decidido apresurar el proceso y aprobar su IMV sin tener en cuenta a las Comunidades. 

La nueva renta mínima garantizará los primeros 461 euros -el nivel de las familias más sencillas- de los ciudadanos de todo el país, y deja a las Comunidades Autónomas la decisión de si eliminan sus rentas mínimas -para que sean sustituidas por la estatal-, destinan ese gasto a otras partidas o bien complementan la renta mínima estatal para que los desfavorecidos reciban más dinero. 

Esta decisión recaerá en cada una de las Comunidades y el Gobierno se desentiende de lo que puedan hacer. No están obligados a eliminarlas. De hecho, como el Gobierno no va a tener en cuenta las rentas mínimas autonómicas que están cobrando algunas familias, si las Comunidades decidieran mantener la suya podría darse el caso de hogares que reciban simultáneamente ambas ayudas. 

2. Transferencias de la gestión

Para evitar estas dificultades administrativas, el PNV ya se ha adelantado y ha pactado con el Gobierno -en una suerte de golpe de efecto preelectoral tras el pacto del Ejecutivo con Bildu para derogar la reforma laboral- la cesión de la gestión de la renta mínima para el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra a partir de 2021. 

Esta transferencia ya está cerrada, pero el Gobierno no cierra la puerta a que otras comunidades puedan pedir también que se transfiera la gestión. El Ejecutivo negociará con ellas y no descarta hacer más concesiones. 

3. Vías para solicitarla... ¿y los sintecho?

La renta mínima se podrá solicitar a partir del día 15 de junio a través de la página web de la Seguridad Social -en la que se habilitará también un asesor virtual que ayude en el trámite- o bien por vía telefónica a través de un teléfono gratuito 900.

De momento, no se ha abierto la posibilidad de solicitarla presencialmente, lo que parece dejar fuera de la posibilidad de pedirla a todas aquellas personas en situación de pobreza que no disponen de un ordenador o teléfono con internet, o un teléfono para llamar a la Seguridad Social, como sería el caso de los sintecho.

Para ellos, el Gobierno se pondrá a trabajar con ONG y organizaciones de ayuda humanitaria que puedan informar a estas personas, pero es algo que abordará en el futuro. 

4. Trámites con los ayuntamientos

Dado que la renta mínima tendrá una mayor incidencia en los pequeños municipios, reconoce el Gobierno, lo ideal sería poder solicitarla en el propio ayuntamiento, una posibilidad que todavía no está habilitada. 

El Gobierno dice que los convenios están en marcha, pero todavía no están preparados a pesar de que en medio mes se puede empezar a solicitar la prestación.

5. Saturación del personal de la Seguridad Social

El Gobierno teme que un aluvión de peticiones del IMV desborde aún más a la plantilla de la Seguridad Social, ya saturada al tener que tramitar conjuntamente con el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) el volumen sin precedentes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y de concesión de prestaciones por desempleo. 

Pese a este miedo, no contemplan ampliar personal, pero sí barajan subcontratar a empresas externas que puedan ayudar en la tramitación telefónica. 

En el Ejecutivo confiesan que, dado que la ayuda se puede pedir hasta el 15 de septiembre y se cobrará con efecto retroactivo desde el 1 de junio, confían en que las 850.000 familias que parecen cumplir los requisitos para cobrarla no presenten su solicitud el primer día

6. El dinero no llegará el 1 de junio

Aunque así fuera y todo el mundo pidiera el IMV el mismo 15 de junio, la Seguridad Social cuenta con un plazo de tres meses para poder tramitarlo, por lo que aunque se ha anunciado que la renta mínima se cobrará desde el día 1 de junio no será así en la práctica. 

El primer pago, del que se beneficiarán los 100.000 receptores que hay actualmente de la prestación por hijo a cargo, se hará a finales de junio, mientras que la siguiente nómina podría llegar a principios de agosto. Es posible, por tanto, que haya personas en situación de vulnerabilidad que aún tarden tres meses en cobrar la ayuda.

En el caso de que las Comunidades Autónomas, ante estas noticias, decidan quitar su renta mínima ya desde junio, se podría dar el caso de que algunas personas se queden sin ingresos hasta que les llegue el nuevo Ingreso Mínimo Vital.

7. Economía sumergida

Uno de los riesgos de esta prestación es que fomente la economía sumergida, ya que el receptor de la renta mínima puedo tener fuentes de ingresos paralelas mientras sea al margen de la Administración. 

El Gobierno asegura que el hecho de que el receptor de la renta mínima tenga que presentar la declaración del IRPF permitirá a la Administración tener más control sobre personas que antes no estaban registradas en el sistema. 

Confían además en la buena fe: si el Estado te paga un Ingreso Mínimo Vital, tienes un incentivo para no querer defraudarle y exponerte a perder la ayuda, pero lo cierto es que no tienen pensado habilitar ningún sistema especial para evitar la economía sumergida. Sí hay previstas sanciones en caso de que se detecte el fraude. 

8. No desincentivar la búsqueda de empleo

Otro de los principales problemas que plantea el diseño de este tipo de prestación es que sus receptores caigan en la tentación de dejar de buscar trabajo y conformarse con la 'paga' que les da el Estado. 

Para evitarlo, quieren asociar la renta mínima a un itinerario de inserción, ya que su voluntad es que los receptores no se conviertan en receptores permanentes, sino que vayan entrando y saliendo del esquema de la prestación. 

Sin embargo, no tienen capacidad legislativa de diseñar políticas activas de empleo -algo que recae a las comunidades- por lo que tienen previsto diseñar itinerarios de inserción a partir de ahora. Admiten, de todos modos, que si el receptor de la renta mínima no sigue esos itinerarios, no perdería la prestación, lo que deja dudas sobre su eficacia. Confían, dicen, en la coerción blanda.

9. Límite de ingresos y patrimonio

El Gobierno ha estipulado unos niveles de ingresos para cada tipo de familia que van desde los 461,50 euros hasta los 1.015 euros para las familias con más integrantes. Estos niveles de ingresos tienen que haberse mantenido en 2019 y en lo que va de 2020. 

Los requisitos parecen mucho menos restrictivos en el caso de patrimonio, ya que para un hogar de un adulto que vive sólo le consideran posible receptor de la renta mínima si tiene una cuenta bancaria con 16.000 euros, y para los hogares con más miembros acepta un nivel de patrimonio superior a los 43.000 euros. 

El Ejecutivo defiende que son cifras similares a las que existen en los sistemas de renta mínima de otros países o a los que existían en los esquemas de renta mínima autonómicos, y consideran que recae en la opinión de cada uno considerar si es un límite demasiado alto o no.

10. Qué pasa si en 2019 me fue bien y ahora no

Cuando una familia solicita la renta mínima, el Gobierno lo primero que hace es mirar los ingresos que tuvo en 2019 y comprobar que estuvo en ese año por debajo de los niveles de renta garantizados (461,50 para un hogar de una sola persona). Después comprueba que en lo que va de 2020 se haya mantenido también por debajo de esos niveles. 

Sin embargo, dada la crisis que ha sobrevenido por el coronavirus, el Ejecutivo entiende que habrá hogares que tuvieran ingresos por encima de ese nivel en 2019 y que ahora se encuentren en dificultades, por lo que señala que será menos restrictivo al mirar los ingresos del año anterior. Esto es algo que todavía no se ha detallado ni se sabe cuál es el criterio de más flexibilidad en estos casos. 

11. Se pueden cobrar becas y renta mínima a la vez

La ayuda es compatible con otras prestaciones públicas (prestación por desempleo o pensión, por ejemplo) siempre y cuando su cuantía esté por debajo del límite garantizado. Sin embargo, no se tienen en cuenta a la hora de conceder la renta mínima algunas ayudas concretas, como por ejemplo una beca comedor o una beca universitaria, dado que se entiende que no son fuentes de ingresos recurrentes. 

Por ejemplo, un adulto que vive sólo y tiene derecho a una renta mínima de 461,50 euros, si cobra 200 euros de prestación por desempleo recibirá un IMV de 261,50; mientras que si tiene concedida una beca podrá recibir una renta mínima íntegra de 461,5 euros.

12. No es una renta de emancipación

El Gobierno pide que los solicitantes hayan estado cotizando a la Seguridad Social al menos durante un año, para evitar así que haya jóvenes que decidan irse de casa aprovechando esta ayuda. 

El problema está en que puede haber jóvenes que hayan cotizado menos de 12 meses y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En ese caso, quedarían fuera de pedir la prestación. 

La edad para poder pedir la renta mínima va de 23 a 65 años, excepto si el solicitante tiene menores a su cargo: podrán pedirla los de 18 a 23 que tengan hijos a cargo o los mayores de 65 que tengan que ocuparse de menores (sus nietos, por ejemplo) y no lleguen al nivel mínimo de ingresos. 

13. Diferencias territoriales

Aunque la renta mínima busca igualar las condiciones de los más desfavorecidos en todo el territorio nacional, lo cierto es que estipular una misma cuantía para todas las comunidades puede generar desigualdades, ya que el nivel de vida varía de unas zonas a otras. 

Si esta renta mínima la regulan las Comunidades, estas pueden adecuar la cuantía al coste de la vida en esa región, pero al estipular el Ejecutivo 461,50 euros (para un adulto solo) para todo el país provoca que con esa cantidad haya mucho más poder adquisitivo en un municipio extremeño -por ejemplo- que en una ciudad como Barcelona. 

14. El verdadero coste para el Estado

El Gobierno calcula que el Ingreso Mínimo Vital le va a costar 3.000 millones de euros al Estado. Este cálculo, que explicó por primera vez el ministro Escrivá cuando estaba al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se obtenía después de descontar el ahorro en el que incurrirían las comunidades para evitar duplicidades, asumiendo así que sus sistemas de renta mínima desaparecerían. 

Sin embargo, el Ejecutivo delega en las Comunidades su decisión sobre si mantienen o no la renta mínima o destinan esa partida a otro gasto, lo que podría incrementar en la práctica el coste total de las rentas mínimas para el Reino de España y desviar aún más el déficit público.

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