Infraestructuras

El Estado recupera 300 millones de la sociedad encargada del rescate a las radiales

A través de una reducción de capital, Seittsa ha inyectado 300 millones de euros al Estado, que es su único accionista. El Gobierno aún mantiene pendiente poner en el mercado las concesiones cuyo control ha ido asumiendo en los últimos meses

Una de las autopistas de peaje en las que se iniciará el rescate
Una de las autopistas de peaje en las que se iniciará el rescate Europa Press

Seittsa, la sociedad pública a través de la que el Estado gestiona el rescate a las concesiones de autopistas quebradas, inyectará cerca de 300 millones a las arcas públicas, precisamente en el año en que se hizo efectiva la toma de control de las concesionarias por parte de la Administración Central, en principio con el objetivo de volver a licitarlas.

De esta forma, el Estado ha recuperado parte de sus aportaciones a Seittsa a través de una reducción de capital acordada por esta última, por un valor de 297,34 millones de euros, lo que sitúa el capital de Seittsa levemente por debajo de los 8.000 millones de euros.

La sociedad pública, creada a mediados de la pasada década, está participada al 100% por el Estado y su capital se conforma por las aportaciones procedentes del accionista único. La compañía participa en diversos convenios relacionados con las infraestructuras del país, tanto de carreteras como ferroviarias.

Habitualmente, Seitssa lleva a cabo operaciones de este tipo para devolver aportaciones previas al Estado aunque suelen ser menos voluminosas. Sin ir más lejos, en 2017 la reducción de capital de la sociedad pública y su correspondiente aportación al Estado fue de 93 millones de euros.

Devoluciones de 4.000 millones

En su día, el capital de Seittsa llegó a superar los 12.000 millones, una cifra que se ha ido reduciendo a través de operaciones de este tipo. No obstante, el Estado también ha ido realizando aportaciones. De acuerdo con un informe del Tribunal de Cuentas, entre los años 2012 y 2014, la sociedad recibió más de 1.600 millones de euros de su accionista único.

En su día, el anterior Gobierno resolvió tomar el control de las concesionarias que se encontraban en situación de quiebra para, posteriormente, volver a licitarlas. Una operación por la estimaba que podría obtener ingresos de hasta 1.000 millones de euros, con los que paliar el coste de asumir la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).

El Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado su intención de seguir adelante con este plan aunque, eso sí, la resolución no llegará hasta el próximo año por cuestiones de calendario. Los planes del anterior titular del Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna, pasaban por culminar el proceso antes de que finalizara el presente ejercicio.

Beneficios previstos

La hoja de ruta contemplaba que estos activos estuvieran en manos públicas el menor tiempo posible, el imprescindible para facilitar su vuelta a manos privadas. Sin embargo, los plazos de cada uno de los procesos judiciales que han articulado la quiebra de las concesionarias y el relevo en el Gobierno central, tras el triunfo de la moción de censura promovida por el actual presidente, han hecho que el calendario previsto salte por los aires.

Las previsiones del anterior Gobierno contemplaban un balance positivo desde el punto de vista financiero de la toma de control de las concesiones, con un beneficio calculado en el entorno de los 35 millones de euros.



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