Economía

Dos pymes demandan a la mayor socimi de España para ajustar alquileres a las ventas

Un comercio de La Coruña y otro de Getxo interponen recursos contra la gigante Merlin Properties tras rechazar el plan de rentas ofrecido por la socimi española, que ha sido aceptado por la mayoría de sus inquilinos

Imagen del edificio de Merlin Properties.
Imagen del edificio de Merlin Properties. Tere García

La tensión judicial por las negociación de los alquileres en tiempos de coronavirus ya no es solo cosa de inquilinos españoles con los gigantes propietarios extranjeros, fundamentalmente franceses, sino también con 'caseros' nacionales.

Según avanzan desde la Plataforma de Afectados por la covid-19 en centros comerciales de España (PAC) encabezada por el despacho Fieldfisher Jausas, dos pequeños comercios han interpuesto sendas demandas contra su casero, la mayor socimi por volumen de negocio en España y cotizada del Ibex 35, Merlin Properties.

La socimi dirigida por Ismael Clemente ha tenido notoriedad por ser de las primeras en ofrecer un plan de pago de las rentas a sus inquilinos amoldado a las restricciones y dificultades ocasionadas por el coronavirus

En concreto, ofreció bonificaciones totales entre abril y junio y, desde este último mes, un plan de bonificaciones regresivo del 60% en junio al 10% en diciembre, a todos aquellos clientes que estuvieran al día de sus pagos y pagaran los gastos comunes.

La propuesta

Los inquilinos que aceptaran la propuesta, a cambio, debían aceptar la renovación de sus vigentes contratos hasta 2022 y renunciar a iniciar acciones legales. Más del 90% de los inquilinos aceptó estas condiciones, por encima del 60% de media en el sector, según fuentes de mercado. 

Una tienda de moda del centro comercial Marineda en La Coruña y otro negocio del centro comercial Artea en Getxo se han negado a firmar esas condiciones.

En concreto, se niegan a renovar por todo 2021 al precio precovid, rechazan comprometerse a no iniciar acciones judiciales y reclaman poder actualizar las rentas en 2021 en función de la evolución de las circunstancias y/o pagar las de 2020 en función de las ventas hasta alcanzar un acuerdo definitivo. Temen que sus ventas sigan un 30-50% de los niveles precovid en 2021 y 2022.

Antecedente

Ante el anuncio por parte de Merlin de sendos lanzamientos por falta de pago, los inquilinos han presentado sendos recursos ya que entienden que, en el contexto de actual excepcionalidad, "Merlin solo propone que aceptemos su oferta sin ningún cambio, no ha negociado de buena fe en la medida que no ofrece ningún margen de negociación. Ha realizado una oferta que, o se acepta o se rechaza", remarcan.

Los inquilinos demandantes se apoyan en el flamante 'caso Plenilunio'. El juez ha frenado la ejecución del aval por impago ordenada por el propietario del centro comercial madrileño, el gigante francés Klépierre, contra un inquilino tras acogerse este a la cláusula rebus sic stantibus o de posibilidad de renegociar las condiciones de un contrato por fuerza mayor.  Como esa, hay una veintena de demandas presentadas en toda España. La buena fe de las partes a la hora de negociar podría inclinar la balanza en el juzgado. 

De la mano del despacho Fieldfisher Jausas, unas 350 pymes de toda España agrupadas en la Plataforma de Afectados por la covid-19 en centros comerciales de España (PAC) se movilizan en estos momentos para conseguir que los alquileres pasen a ligarse a las ventas dada la actual situación de excepcionalidad.

La empresa está "tranquila" ya que considera que no puede ofrecer planes de pago ad hoc para cada inquilino ni rentas variables

Fuentes cercanas a Merlin aseguran que "será la Justicia la que decida" y la empresa está "tranquila" ya que considera que no puede ofrecer planes de pago ad hoc para cada inquilino ni rentas variables.

Eso, inciden, ahuyentaría a los inversores internacionales que apuestan por el modelo socimi y sería un punto de desequilibrio para el propietario.

Paralelamente, fuentes jurídicas han dado cuenta a este medio de la incipiente ebullición de contratos de alquileres de negocio con 'cláusulas covid' que fijan tanto supuestos de variación de las rentas en función de la evolución de la pandemia como el compromiso de no iniciar acciones judiciales ante un nuevo confinamiento.

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