Aumentar la baja de paternidad le costará al Gobierno 825 millones

Una de las medidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Pedro Sánchez, que destacan porque un 57% del gasto es de carácter social, es la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, de forma que el de los padres se eleva de 5 a 8 semanas, lo que supondrá un gasto para la Administración de 825 millones de euros.

Subir el permiso en tres semanas supondrá que la dotación que destina el Estado a este fin se incrementará en 302 millones de euros, es decir un 57,7% respecto a 2018, según se recoge en el proyecto de los PGE de 2019 presentado hoy por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.

Acuerdo con Unidos Podemos

Esta medida fue acordada con Unidos Podemos en octubre y en esa fecha la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) estimó que llevarla a cabo tendría un coste de 1.400 millones, casi el doble de lo que ha estimado el ministerio. 

El Estado destinará este año un total de 1.850 millones al pago de prestaciones familiares, es decir, aquellas que ofrece para "para compensar a las familias por los mayores gastos derivados del nacimiento de un hijo" y que son financiadas mediante una transferencia de crédito a la Seguridad Social.

Esta partida se incrementará este año en 266 millones respecto a la del año anterior debido a que se ha aumentado la cuantía de la asignación por hijo a cargo menor de 18 años sin discapacidad y por la nueva cuantía establecida para familias con menores ingresos.

"Se inicia la equiparación para hacer efectivo el principio de corresponsabilidad igualitaria en el cuidado de los hijos"

Esta equiparación con las prestaciones maternidad, que duran 16 semanas, se irá haciendo paulatinamente en un periodo de tres años.

Además de beneficiarse del incremento de la duración del permiso, con el fin de igualar la responsabilidad entre madres y padres, los progenitores se beneficiarán también este año de la devolución del IRPF que se les haya retenido en las prestaciones recibididas entre 2014 y 2017.

La suma de todas las devoluciones del impuesto pagado por la prestación de maternidad y paternidad supondrá unos 900 millones menos de recaudación, según el proyecto. El objetivo del Gobierno es "reducir la desigualdad y mejorar la conciliación de la vida laboral".