El banco alemán Portigon deja España 18 meses después de demandar al Estado por las renovables

Uno de los últimos protagonistas de demandas contra España por los cambios regulatorios en torno a las renovables ha decidido dejar el país. Se trata de la entidad financiera alemana Portigon, que a finales de mayo de 2017 inició un proceso contra el Estado en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, Ciadi, organismo que, por aquel entonces, acababa de emitir el primer laudo que condenaba a España por esta cuestión.

Al igual que otras muchas entidades financieras y fondos internacionales, Portigon participó del notable desarrollo de la energía renovable que protagonizó España a finales de la pasada década y comienzos de la presente. El banco alemán, que anteriormente operaba bajo el nombre de WestLB, financió varios proyectos, entre los que destaca el de una planta fotovoltaica en la provincia de Murcia, que en su día pasó por ser una de las mayores de este tipo que se instalaron en toda Europa.

Portigon ha optado por poner fin a la actividad de la sucursal que mantenía en España, sin conocer aún el resultado del proceso de arbitraje aunque, hasta el momento, todos los que han llegado a su fase final han concluido con decisiones por parte de los tribunales que condenaban al Estado a indemnizar a los demandantes. La entidad germana todavía tendrá que aguardar un tiempo considerable, sobre todo si se tiene en cuenta que procesos de este tipo que arrancaron en 2014 aun no conocen su desenlace.

Anteriormente a su actual denominación, WestLB era una entidad participada por el land de Renania del Norte-Westfalia, que tuvo que ser rescatada por el Estado germano en 2012 por los efectos de la crisis. Fue uno de los mayores rescates a una entidad financiera en Europa, valorado en torno a 16.000 millones de euros.

Nueva oleada de demandas

La política puesta en marcha por el Gobierno español que lideró José Luis Rodríguez Zapatero para estimular el crecimiento de la inversión en renovables, basada en suculentas primas, atrajo a numerosas entidades y fondos internacionales así como a un buen número de pequeños inversores españoles, al calor de una oportunidad que se presentaba como un negocio redondo, a la par que seguro.

Una seguridad que se vino abajo cuando el Gobierno de Mariano Rajoy comenzó a recortar las retribuciones a las plantas renovables, lo que hizo que muchas de esas inversiones que garantizaban notables resultados se convirtieran en una trampa mortal para los que las habían acometido.

Los cambios normativos motivaron la presentación de varios procesos de arbitraje ante el Ciadi, especialmente durante los años 2014 y 2015. Posteriormente, la sangría se detuvo aunque, a raíz de los primeros laudos del Ciadi, que daban la razón de forma parcial a los demandantes, surgieron nuevos proceso ante el tribunal auspiciado por el Banco Mundial.

Precisamente el de Portigon fue el primero de la nueva oleada, que ha arrojado como resultado cuatro procedimientos de arbitraje más, además del de la entidad alemana, lo que eleva a 31 el número de casos contra el Reino de España en este tribunal como consecuencia de los cambios normativos en las primas a las renovables. La cuantía global solicitada como compensación supera los 7.500 millones de euros.

El Estado gana tiempo

Uno de los últimos casos está relacionado con una instalación singular: la planta termosolar de Puerto Errado 2, en la localidad murciana de Calasparra, que pasa por ser la mayor del mundo con la tecnología de espejo plano. La demanda fue registrada a finales del pasado 2018 por el grupo suizo EBL y su filial Tubo Sol PE2, sociedad registrada en España para la promoción de la citada instalación.

Hasta el momento, el Ciadi ha emitido tres fallos relacionados con los procesos de arbitraje contra España por este asunto. En todos los casos, el Estado ha sido considerado culpable, aunque los diferentes tribunales tan sólo han estimado parcialmente las demandas.

No obstante, los tres casos permanecen abiertos debido a que la Abogacía del Estado ha solicitado en todos ellos su revisión por parte de un nuevo tribunal. En este sentido, la estrategia del Estado consiste en ganar tiempo ya que cuenta, en principio, con el respaldo de la Unión Europea, cuya doctrina considera que estos arbitrajes no tendrían efecto para España.