De Rufián a Vox: estos son los políticos que decidirán el futuro de nuestras pensiones

A pesar de que el Gobierno sigue en funciones y en un plazo de diez días podrían convocarse unas nuevas elecciones generales, este jueves se constituyó en el Congreso la nueva Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, que después de la disolución abrupta de la anterior sin llegar a ningún consenso deberá buscar puntos de encuentro para emitir unas recomendaciones que solucionen el problema de las pensiones. 

Entre las novedades de la nueva composición de la Comisión destaca la participación de Vox, que por primera vez cuenta con tres representantes en la comisión y ha elegido a tres diputados sin especialización en la Seguridad Social: Pablo Sáez, experto en derecho tributario y con experiencia financiera y directiva de 29 años en empresas multinacionales líderes en los sectores de servicios profesionales y correduría de seguros, y que será portavoz; Magdalena Margarita Contestí, licenciada en Derecho y especializada en el sector inmobiliario y urbanístico, que será portavoz adjunta; y Rocío de Meer, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y que actuará como vocal.

La Comisión contará también con la participación de Gabriel Rufián y Jordi Salvador i Duch, ambos de Esquerra Republicana de Cataluña. Este último fue el que protagonizó el polémico escupitajo a Josep Borrell en el Congreso de los Diputados.

También ha habido cambios importantes en cuanto a la proporción que ocupa cada grupo. El número de representantes del Partido Popular ha caído dramáticamente, desde los 19 con los que contaba en la Comisión anterior, a los 8 con los que cuenta actualmente.

De ellos, sólo dos repiten: Carolina España y José Ignacio Echániz, mientras que el grupo popular acusará la ausencia de la veterana Celia Villalobos, quien decidió abandonar la política tras el fracaso de la anterior Comisión después de todo el trabajo realizado. 

Casi todo caras nuevas

El Grupo Socialista contará con 15 miembros, de los que nuevamente sólo repiten dos: María Mercé Perea y Luis Carlos Sahuquillo; Ciudadanos pasa de tener 4 a tener 7 (repiten Marcial Gómez y Sergio del Campo); mientras que Unidos Podemos pasa de tener 11 a 7 representantes (de los que repiten dos también: María del Carmen Pita y Aína Vidal), y el Grupo Mixto de tener 3 a 2.

Repite también Iñigo Barandiaran, del PNV, el único representante del grupo vasco, que durante la sesión de constitución de la comisión reivindicó que "el anterior Pacto de Toledo hizo un trabajo intenso y provechoso". 

"Quiero poner en valor ese trabajo para que no quede baldío ni quede en el olvido, creo que es el punto de partida desde el que tenemos que partir para avanzar, fue un trabajo arduo, intenso y largo y lleno de voluntad de un intento de llegar a acuerdos. Este es un espacio de encuentro más que de desencuentros, aunque los ha habido, y no puede quedar en el olvido todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora", pidió. 

La anterior Comisión del Pacto de Toledo se disolvió en febrero después de dos años de negociaciones cuando estaban a punto de firmar las recomendaciones que habían acordado, debido a las desavenencias entre Unidas Podemos y el PP. 

Lo que sí acordaron

El preacuerdo al que habían llegado los partidos incluía la revalorización de las pensiones según el IPC real (con la media de la inflación anual), una medida que el Gobierno podría haber aprobado por real decreto-ley antes de que concluyera la legislatura pero que no sacó adelante, lo que por el momento parece que condenará a las pensiones a una revalorización de sólo el 0,25%.

Se marcaban el año 2025 de plazo para acabar con el déficit de la Seguridad Social -que actualmente equivale al 1,5% del PIB- y con los préstamos que cada año hace el Estado para financiar las pensiones.

Que la Seguridad Social no tenga que asumir gastos que no le corresponden era otra de las recomendaciones, como por ejemplo bonificaciones y prestaciones por maternidad o paternidad, complementos a mínimos y ayudas universales de sanidad o servicios sociales, según recoge EFE.

Recogían también algunas de las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como redistribuir los porcentajes de las cotizaciones sociales, de forma que suban los que se destinan al sistema de pensiones y baje el que se destina al Servicio Público de Empleo (SEPE) -que está en situación de superávit-.

De la AIReF tomaban asimismo la idea de ampliar el periodo de cálculo para la pensión, llegando incluso a toda la vida laboral como ocurre en otros países, y acercar la edad real de jubilación (que ahora es de 62,7 años) a la edad legal (que será de 67 años en 2027) endureciendo los requisitos para poder jubilarse de forma anticipada.

Otra idea era resolver la situación de los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social y sugerían compensarlos con el traspaso de patrimonio e inmuebles a las administraciones.

Iban a recomendar al Gobierno de turno que se comprometiera a rendir cuentas al Pacto de Toledo

Para las pensiones de viudedad recomendaban que las mejoras en la base reguladora (este año ha subido del 56% al 60%) se financien con transferencias del Estado, y que las pensiones mínimas suban pero de forma equilibrada.

Proponían también concretar qué es una pensión suficiente, situar la dotación mínima del Fondo de Reserva en el 7% del gasto anual en pensiones contributivas, que el Estado compense las lagunas de cotización de algunos colectivos y que se luche contra la economía sumergida.

Otras medidas eran fomentar planes de pensiones de empresa, garantizar las pensiones a los jóvenes, que los autónomos coticen por ingresos reales o que se integren los regímenes especiales en el Régimen General.

Este organismo tenía vocación además de perpetuar su presunta labor independiente de la política e iba a sugerir que cada gobierno tuviera que rendirle cuentas del cumplimiento de estos recomendaciones y las medidas aplicadas.

Por último, barajaban también proponer un "impuesto al robot", para que la destrucción de empleo que puede producirse por la tecnología y la consecuente disminución del pago de cotizaciones no merme los ingresos de la Seguridad Social.