Economía

El plan de empleo de García-Page de 131 millones sólo reincorporó al mercado laboral al 6% de los parados

El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado el Plan Extraordinario y Urgente por el empleo en Castilla-La Mancha aprobado en 2015 por la Junta de Comunidades de la región presidida por Emiliano García-Page. Las conclusiones son demoledoras

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Efe.

El Plan Extraordinario y Urgente por el empleo en Castilla-La Mancha que Emiliano García-Page anunció al inicio de su legislatura con toda la solemnidad del mundo, dotado en total con 224 millones de euros, la mayoría subvencionado, sólo sirvió entre 2015 y 2017 para que el 6% de los desempleados de larga duración que se apuntaron al mismo lograran reincorporarse al mercado laboral.

El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado la implantación y resultado de dicho plan entre los años 2015 y 2017. Y sus conclusiones son demoledoras para el Gobierno de García-Page. El plan estaba especialmente dirigido para mujeres y jóvenes en paro, pero fueron los colectivos que menos se beneficiaron del mismo.

Desde el Gobierno de García-page se ha indicado a Vozpópulique el impacto del Plan de Empleo en las cifras del paro de la región "es indudable", y que el informe del Tribunal de Cuentas "está siendo estudiado a fondo", y que se ha dado traslado a las entidades colaboradoras del plan para asumir las recomendaciones del mismo.

El Plan Extraordinario y Urgente por el empleo se aprobó en 2015 por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "con objeto de mejorar la situación de los trabajadores en todos los sectores profesionales de la región, aspirando a alcanzar la celebración de 60.000 contratos de trabajo con una inversión prevista total de 224 millones de euros". 

Castilla-La Mancha aprobó 4.553 proyectos contra el desempleo con un total de subvenciones concedidas de 113 millones entre 2015 y 2017

Dentro de ese Plan Extraordinario, una parte considerable de las subvenciones se destinaron al Programa de Rescate frente al Desempleo de Larga Duración. Este programa se llevó a cabo mediante la presentación de proyectos por las entidades locales para cuya ejecución se debía contratar personal en situación de desempleo de larga duración y que habían agotado la correspondiente prestación.

Los proyectos debían ser aprobados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los salarios del personal contratado eran subvencionados por la comunidad autónoma y la diputación provincial respectiva, "en importes similares al salario mínimo interprofesional".

Las entidades locales beneficiarias percibían el 75% de las ayudas al inicio de los proyectos, y el 25%  restante una vez ejecutados y justificados los gastos. Se realizaron tres convocatorias de esta línea de subvenciones, dos de ellas en 2016 y una en 2017. En total participaron 877 entidades locales manchegas, en las que se aprobaron 4.553 proyectos, con un total de subvenciones concedidas de 113 millones de euros.

Cerca del 40% de los desempleados que recibieron un empleo subvencionado no siguió después cotizando a la Seguridad Social

El Tribunal de Cuentas explica que se solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social información sobre los días cotizados, en periodos posteriores a la finalización de los contratos, de una muestra de 7.621 trabajadores. De todos los trabajadores seleccionados, expone el informe del tribunal, "únicamente 472 trabajadores (el 6%), consiguieron su reinserción en el mercado laboral y cotizaron a la Seguridad Social durante todo el periodo estudiado".

El tribunal concluye que, teniendo en cuenta los periodos cotizados a la Seguridad Social por los trabajadores contratados en el Plan de Empleo con posterioridad a su participación en el mismo, "se deduce que el 6,19% de ellos puede considerarse reinsertado en el mercado laboral al haber cotizado el 100% de los periodos analizados".

Del resto de empleados seleccionados, 2.895 (el 38%) no cotizaron ningún día a la Seguridad Social con posterioridad a su participación en el Plan de Empleo en los periodos analizados. Los 4.726 trabajadores restantes que representan el 62%, cotizaron en algún momento "con resultados muy dispares". El 65% de ellos cotizó durante un periodo inferior a la mitad del tiempo analizado, y el 45% menos de la cuarta parte del periodo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha indicado a este diario que en las ediciones a las que se refiere el informe (2015, 2016 y 2017) "se realizaron 25.448 contrataciones. Y que el porcentaje de inserción en las cuatro semanas posteriores a su participación en el plan de empleo fue del 9,17% en 2015; del 10,90% en 2016; del 8,85% en 2017. 

También indican desde el Gobierno de García-Page que el número de parados de larga duración "pasó de los 120.900 que había en CLM al inicio de 2015 a los 71.900 con los que se cerró el año 2017, una caída de 49.000 personas".

"El impacto del Plan de Empleo en las cifras del paro de la región es indudable. Consideramos que la inversión en políticas activas de empleo era una necesidad en el año 2015 para ofrecer un plan de choque frente a la situación de incremento del desempleo", añaden. "Después de un periodo, el de los años 2011 a 2015, en el que las personas desempleadas de Castilla-La Mancha se vieron totalmente desamparadas por la inacción del Gobierno regional", subrayan.

Mujeres y jóvenes

El plan de ayudas a desempleados de larga duración del Gobierno de Castilla-La Mancha tenía como especial objetivo que el mismo sirviera para mujeres y jóvenes. Pero tampoco se consiguió dicho propósito.

La participación de jóvenes menores de 30 años en los planes de subvención de empleo "fue minoritaria"

El informe del Tribunal de Cuentas advierte que el colectivo de participantes en el Plan de Empleo que no cotizaron ningún día a la Seguridad Social en los periodos posteriores estudiados supuso el 38% de la muestra, "de los que el 69% eran mujeres y el 31% hombres, cuando la participación de mujeres en lamuestra ascendía al 56,50% del total y la de hombres al 43,50%".

Este resultado, señala, "pone de manifiesto que la reinserción en el mercado laboral de los hombres fue muy superior a la de las mujeres participantes en el Plan de Empleo". También destaca que, a pesar de que la contratación de jóvenes menores de 30 años "era una de las prioridades" del plan, su participación "fue minoritaria y su representatividad en los grupos que cotizaron a la Seguridad Social en los periodos analizados fue aún más escasa".

Transparencia y selección

El 34% de las entidades fiscalizadas no publicaron adecuadamente la información relativa a los requisitos y trámites a realizar para la participación en el Plan de Empleo, dice el informe del Tribunal de Cuentas.

La definición de los criterios de selección de proyectos en la mayor parte de las entidades "fue insuficiente y no permitía identificar los objetivos a alcanzar, las tareas a desarrollar, ni valorar su contribución a la futura empleabilidad de los participantes".

La "práctica totalidad" de las entidades locales "no llevaron a cabo una formación adecuada para la mejora de la empleabilidad"

La obtención de competencias laborales que mejorasen la empleabilidad futura de los participantes "no se tuvo en cuenta como criterio de selección de proyectos, en la práctica totalidad de los casos, aun cuando era uno de los principales objetivos del Plan".

La mayor parte de las entidades "no estableció un procedimiento para la selección de proyectos, realizando una simple remisión a los criterios de selección de las bases de las convocatorias". La mayoría de entidades "priorizaron desarrollar proyectos para apoyar o reforzar servicios municipales insuficientemente dotados, actuaciones que deberían haberse prestado por empleados de los ayuntamientos".

Formación

Los cursos de formación acordados en el Plan de Empleo de Castilla-La Mancha tampoco fueron efectivos.

La "práctica totalidad" de las entidades locales participantes en ese plan "no llevaron a cabo una formación adecuada para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores".

La formación impartida se limitó, y no en todos los casos, a la prevención de riesgos laborales "que  constituye una obligación legal de todo empresario", subraya el Tribunal de Cuentas.

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