Pensiones

La pensión media de jubilación se ha disparado un 40% en la última década

El gasto en este tipo de prestaciones supone ya el 70% del gasto en pensiones, que volvió a cerrar 2017 en máximos históricos

Imagen de jubilados en un parque.
Imagen de jubilados en un parque. EP

Durante los últimos diez años España ha vivido una de las mayores crisis económicas de su historia. La inversión, el consumo, los salarios... todos los parámetros económicos se han visto afectados y han sufrido las consecuencias del ajuste. Y también las pensiones. El Gobierno socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero las congeló en 2011 y el Ejecutivo del PP hizo una agresiva reforma que las condena a subir solo el 0,25% hasta finales de la próxima década.

Pero estos ajustes no han sido capaces de frenar el gasto del Estado en este tipo de prestaciones, que ronda los 6.300 millones mensuales y está en máximos históricos. ¿Por qué? Porque la gente que se jubila ahora tiene derecho a pensiones mucho más altas que las que perciben los ciudadanos que poco a poco van abandonando el sistema. Eso presiona al alza el gasto y la pensión media, que hoy supera en un 40% la que había en 2007, justo antes de la crisis.

Hace 10 años la pensión media de jubilación era de 766 euros al mes. Al cierre de 2017 se situó en 1.071 euros. Es decir, que en la última década y a pesar de la crisis, ha crecido un 40%. Y el gasto en estas prestaciones ha crecido casi un 68% y supone ya más del 70% del gasto total en pensiones, que también está en máximos.

Quizá lo peor de todo es que no parece que las cosas vayan a mejorar, sino todo lo contrario. Poco a poco se irán jubilando generaciones que han disfrutado de salarios más altos y tendrán derecho a prestaciones también más altas que seguirán presionando al alza el gasto y que tendrán que financiarse con unos sueldos que hoy resultan escasos.

Las dos últimas reformas contendrán mucho el gasto, pero a costa de una importante reducción de las prestaciones

Ese es precisamente el motivo por el que el Gobierno ha dejado casi en los huesos la 'hucha de las pensiones' y ha tenido que pedir un préstamo al Estado para pagar las pagas extra de los pensionistas. Las cotizaciones dan para hacer frente a la paga mensual, pero no para cubrir también las extras de verano y Navidad.

Las últimas dos reformas del sistema van a contener parte del gasto del sistema, pero a costa de bajar las prestaciones. La primera la hizo el Gobierno de Zapatero y se basó en el endurecimiento de algunos factores para acceder a la jubilación, como la edad de retiro o el tiempo de de trabajo que se utiliza para calcular la pensión. La segunda la hizo Mariano Rajoy introdujo dos parámetros nuevos en el sistema que son los que verdaderamente van a contener el gasto y las pensiones.

Desarrolló el factor de sostenibilidad, que liga las prestaciones a la esperanza de vida y que entrará en vigor en 2019. Y creo un nuevo índice de revalorización con un mínimo y un máximo que ha sustituido al IPC. Este índice no permite subir las pensiones más de un 0,25% cuando el sistema esté en déficit, lo que, según el Banco de España, las va a condenar a una cuasi congelación hasta finales de la próxima década.

Ajuste en las prestaciones

Según los cálculos de algunos expertos, estas reformas van a hacer que las pensiones caigan hasta un 40% en los próximos 30 años. Lo cierto es que las pensiones no bajarán en términos nominales, pero no subirán por mucho que se encarezca la vida. Por eso, la gran mayoría de expertos reclama nuevas reformas que garanticen también la suficiencia del sistema o que faciliten el complemento de la pensión pública.

Hay quienes abogan por dar un verdadero impulso a la previsión complementaria, los que prefieren recurrir a impuestos para elevar los ingresos del sistema y poder ofrecer prestaciones más altas a los ciudadanos o los que quieren dar un giro completo al sistema y avanzar hacia otro basado en cuentas individuales, como en Suecia.

Lo que está claro es que algo habrá que hacer. El Pacto de Toledo sigue trabajando en la redacción de sus recomendaciones para la futura reforma, aunque lo cierto es que no parece que el Gobierno vaya a ser capaz de sacar de plantear una reforma de calado y consensuada en esta legislatura, dada su debilidad política en el Parlamento.



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