Los países de la zona euro pueden vetar el pago en efectivo en su Administración

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia este martes en la que asegura que un Estado miembro de la zona euro puede limitar los pagos en efectivo en su Administración "por razones de interés público".

Así se ha pronunciado la Justicia europea, que señala que esta limitación puede estar justificada cuando el pago en efectivo puede "generar un coste irrazonable para la Administración debido al elevado número de contribuyentes".

Esta decisión del tribunal tiene origen en el caso de dos alemanes que, obligados a pagar el canon audiovisual, propusieron desembolsarlo en efectivo.

Sin embargo, el reglamento sobre el pago del canon audiovisual excluye "toda posibilidad de pagarlo en efectivo". Por ello, el organismo de radiodifusión alemán rechazó la propuesta de los dos ciudadanos.

Ambos interpusieron un recurso ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo alemán ante la decisión del organismo, pero al albergar dudas, este lo remitió al Tribunal de Justicia Europeo.

Según la Justicia europea, un Estado miembro cuya moneda es el euro puede adoptar una medida que "obligue a aceptar pagos en efectivo o fijar una excepción a dicha obligación por razones de interés público y con requisitos".

La Justicia afirma que estos Estados pueden limitar esta obligación siempre que existan otros medios legales para el pago de créditos pecuniarios

De esta manera, según el tribunal, los Estados de la zona euro son "competentes" para "regular las modalidades de cumplimiento de las obligaciones de pago".

Eso sí, según el documento, esto debe ser siempre que sea posible "pagar en efectivo". Por ello, el Estado puede obligar a su Administración Pública a aceptar pagos en efectivo.

Limitar la obligación

No obstante, la Justicia afirma que estos Estados también pueden limitar esta obligación siempre que existan otros medios legales para el pago de créditos pecuniarios.

Así, la razón de interés público consistente en la necesidad de "garantizar el cumplimiento de una obligación de pago impuesta en virtud de prerrogativas públicas" puede "justificar una limitación a los pagos en efectivo".

Especialmente, indica el texto, cuando el número de contribuyentes entre los que debe recaudarse la deuda es muy elevado.