PENSIONES

El Pacto de Toledo tira por la borda dos años de negociaciones por el desacuerdo político

La convocatoria de elecciones anticipadas precipita los acontecimientos y los partidos renuncian a un acuerdo

Pensionistas en una manifestación frente al Congreso.
Pensionistas en una manifestación frente al Congreso. Tere García

La inminente celebración de elecciones generales, el próximo 28 de abril, ha hecho volar por los aires la esencia del Pacto de Toledo, que se constituyó para lograr el consenso en materia de pensiones al margen de la política.

Después de dos años de negociaciones para acercar posturas, el Pacto ha puesto fin a su andadura este martes: se ha disuelto sin haber hecho los deberes, ya que las diferencias políticas entre los partidos que lo integran han imposibilitado un consenso que se antoja más difícil que nunca a dos meses de las elecciones.

Las posturas más alejadas de la negociación (la de Unidos Podemos y la del PP) son las que han puesto trabas a sacar "con prisas" la esperada lista de recomendaciones para que se lleve a cabo una reforma que permita garantizar tanto la suficiencia como la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El resto de partidos sí veían posible acabar el documento antes de que se termine la legislatura pero su voluntad no ha sido suficiente. Será el nuevo Pacto que se constituya después del 28-A (y en el que podrían entrar partidos nuevos como Vox) el que retome esta labor.

No ha sido la primera vez en que la política dinamita los avances en materia de pensiones, tal y como ocurrió con la reforma del año 2013 del PP, que fue liquidada por el propio Mariano Rajoy el año pasado para poder sacar adelante sus Presupuestos con el voto del PNV.

Las recomendaciones que no serán

El preacuerdo al que habían llegado los partidos y que finalmente no verá la luz incluía la revalorización de las pensiones según el IPC real (con la media de la inflación anual), una medida que el Gobierno podría intentar aprobar por real decreto-ley antes de que concluya la legislatura.

Se marcaban el año 2025 de plazo para acabar con el déficit de la Seguridad Social -que actualmente equivale al 1,5% del PIB- y con los préstamos que cada año hace el Estado para financiar las pensiones.

Que la Seguridad Social no tenga que asumir gastos que no le corresponden era otra de las recomendaciones, como por ejemplo bonificaciones y prestaciones por maternidad o paternidad, complementos a mínimos y ayudas universales de sanidad o servicios sociales, según recoge EFE.

Recogían también algunas de las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como redistribuir los porcentajes de las cotizaciones sociales, de forma que suban los que se destinan al sistema de pensiones y baje el que se destina al Servicio Público de Empleo (SEPE) -que está en situación de superávit-.

De la AIReF tomaban asimismo la idea de ampliar el periodo de cálculo para la pensión, llegando incluso a toda la vida laboral como ocurre en otros países, y acercar la edad real de jubilación (que ahora es de 62,7 años) a la edad legal (que será de 67 años en 2027) endureciendo los requisitos para poder jubilarse de forma anticipada.

Otra idea era resolver la situación de los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social y sugerían compensarlos con el traspaso de patrimonio e inmuebles a las administraciones.

Iban a recomendar al Gobierno de turno que se comprometiera a rendir cuentas al Pacto de Toledo

Para las pensiones de viudedad recomendaban que las mejoras en la base reguladora (este año ha subido del 56% al 60%) se financien con transferencias del Estado, y que las pensiones mínimas suban pero de forma equilibrada.

Proponían también concretar qué es una pensión suficiente, situar la dotación mínima del Fondo de Reserva en el 7% del gasto anual en pensiones contributivas, que el Estado compense las lagunas de cotización de algunos colectivos y que se luche contra la economía sumergida.

Otras medidas eran fomentar planes de pensiones de empresa, garantizar las pensiones a los jóvenes, que los autónomos coticen por ingresos reales o que se integren los regímenes especiales en el Régimen General.

Este organismo tenía vocación además de perpetuar su presunta labor independiente de la política e iba a sugerir que cada gobierno tuviera que rendirle cuentas del cumplimiento de estos recomendaciones y las medidas aplicadas.

Por último, barajaban también proponer un "impuesto al robot", para que la destrucción de empleo que puede producirse por la tecnología y la consecuente disminución del pago de cotizaciones sociales a la Seguridad Social se vea compensado con un tributo finalista.

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