Publicado: 22/01/2019 18:16
Blackstone, Lone Star, Apollo... los grandes fondos de inversión estadounidenses dueños en España de decenas de miles de pisos en alquiler, respiran más tranquilos esta tarde del martes después de que el principal socio del Gobierno, Podemos, haya tumbado el Real Decreto del alquiler.
El mismo partido que ha demonizado a las sociedades extranjeras que, a partir de 2014, se lanzaron a comprar las viviendas que no querían los grandes bancos españoles, se ha convertido en su gran aliado en el Congreso al parar el decreto propuesto por el PSOE.
También las Socimis, los vehículos en Bolsa de propietarios de inmuebles, se ven beneficiadas por la caída del Real Decreto. Otro de los demonios de Podemos.
La Cámara Baja ha tumbado esta tarde el Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquileres aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de diciembre, y publicado en el BOE cuatro días después.
El Real Decreto ampliaba hasta cinco años la duración mínima de los contratos entre propietario e inquilino, y hasta siete años en el caso de que el arrendador fuera una empresa. Para los fondos de inversión, el Real Decreto suponía modificar toda su estrategia anterior.
El representante de un fondo estadounidense que adquirió una cartera de pisos de una entidad financiera considera que el Real Decreto anterior favorecía "a los morosos, a los inquilinos que no pagan", y que era "discriminatorio" al diferenciar entre personas físicas y jurídicas.
Otras fuentes consultadas cercanas a los fondos apuntan que estaban preparando un reforzamiento de los controles que hacen sobre sus potenciales clientes al ampliarse a siete años el periodo de alquiler, como por ejemplo exigir más certificaciones de capacidad de crédito.
El partido liderado por Pablo Iglesias se ha opuesto a dar su apoyo al Gobierno en la votación de este martes al dejar el texto normativo una de sus principales reivindicaciones, que los ayuntamientos pudieran fijar precios máximos en zonas urbanas donde las subidas fueran mayores.
La norma ha recabado el apoyo del PSOE, PDeCAT, PNV, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias, pero esos votos no han sido suficientes para su convalidación. En total, han sumado 243 votos en contra, 103 a favor y una abstención.
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