PSD2

La nueva ley de pagos rebajará a 50 euros lo que se puede perder en un tarjeta robada

El anterior marco legal establecía la responsabilidad económica para el propietario en 150 euros

El Consejo de Ministros ha dado luz verde en primera vuelta al Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago con el que se pretende trasponer al marco legal español la PSD2 (Payment Service Directive 2).

Se trata del nuevo reglamento europeo que pretende afrontar los nuevos cambios en materia de pagos electrónicos: Internet, móviles, tarjeta de crédito... Ahora debe ser aprobada en Congreso y Senado.

Uno de los objetivos de esta ley es reforzar la seguridad en los pagos digitales. En este sentido, el Anteproyecto plantea una modificación en la responsabilidad económica cuando se produzca una operación de pago no autorizado. Reduce de 150 euros a 50 euros las pérdidas máximas asumidas por un usuario en este caso.

Las empresas tendrán que ofrecer una alternativa al dinero físico cuando el importe sea superior a 30 euros"

El Gobierno, además, va un paso más allá de lo que propone la PSD2 europea y obliga a los empresarios y profesionales la posibilidad de utilizar algún instrumento de pago sujeto a esta ley como alternativa al dinero físico cuando el importe sea superior a 30 euros.

PSD2

La PSD1 (Payment Service Directive Providers), la antesala de la PSD2, fue gestada en 2009 entre los países de la Unión Europea (UE) e Islandia, Noruega y Liechenstein

Está directiva brindó más seguridad a los pagos y transacciones, unificando las reglas en este sentido entre los países de la UE y el resto de los antes citados. Sentó las bases para el desarrollo de las fintech, empresas que sin ser bancos ofrecen servicios financieros a través de las nuevas tecnologías.

Ya en 2015 la UE adoptó la PSD2 para mejorar a su predecesora, centrándose más aún en los pagos móviles y a través de Internet. Entró en vigor en enero de 2018, pero España aún no ha trasladado la norma a la legislación española, por lo que hace unas semanas Bruselas abrió expediente a España. Es algo que podría acabar en sanción, si bien resulta complicado dado que quince países más de Europa tampoco la han traspuesto.

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