Publicado: 14/05/2020 05:15
La nacionalización de empresas sobrevuela a las compañías ahogadas por la crisis del coronavirus. Recientemente, la Comisión Europea actualizó el marco temporal de ayudas estatales en el que se establecen las condiciones para los que Estados puedan rescatar a sus empresas en apuros y uno de los interrogantes era cómo tasar las empresas ante una eventual intervención.
"Para minimizar la distorsión de la competencia que toda ayuda pública genera, y asegurar el mantenimiento de un terreno de juego uniforme, la Comisión Europea ha objetivado las condiciones en que los Estados miembros pueden recapitalizar empresas, asegurando que no se va más allá de lo estrictamente necesario para salvaguardar la viabilidad de éstas", explica Casto González-Páramo, socio responsable del área de Competencia de Hogan Lovells. En el caso de las compañías cotizadas, la comisión establece en el artículo 60 del citado marco que el precio al que un Estado puede comprar acciones en una compañía no puede ser superior al coste medio de los 15 días anteriores. Es decir, no podrían adquirirse acciones con sobreprecio.
Respecto a las no cotizadas, González-Páramo explica que Bruselas ha dado a los Estados cierto margen de maniobra. Para la valoración de estas empresas (a efectos de la remuneración de dicha capitalización), la normativa se remite al pronunciamiento de un "experto independiente" u "otros medios proporcionados". "Se permite asimismo que los Estados miembros puedan condicionar las ayudas a que las empresas acepten impulsar los objetivos de transición ecológica y/o transformación digital comunitarias u otros fines de interés social", añade.
La normativa prevé que la recapitalización de empresas con fondos públicos de empresas se articule mediante instrumentos de capital (como la emisión de nuevas acciones) o híbridos (como derechos de participación en beneficios o bonos convertibles).
El rescate, la última opción
La institución que preside Ursula Von der Leyen insiste en que el rescate debe ser la última opción y, en el caso de recurrir a ella, debe ser ajustada para no provocar alteraciones en el mercado. Esa proporcionalidad, que debería ser verificable, permitiría acreditar que no se han concedido ayudas superiores a las necesarias, lo que a su vez también podría abrir una vía de litigiosidad por parte de otras empresas competidoras que se vean perjudicadas. A este respecto, cabe señalar que Ryanair ya ha asegurado que las ayudas a las aerolíneas son injustas y ha pedido a la comisión que las prohíba.
Respecto a los mecanismos de control, el abogado se remonta a lo ocurrido en la anterior crisis en la que hubo que recapitalizar las entidades bancarias y prevé un importante control de la Comisión de los requisitos establecidos "para evitar posibles desviaciones del mismo por los Estados miembros".
En cualquier caso, el Gobierno ha insistido en los últimos días en que por ahora no tiene ninguna intención de nacionalizar ninguna empresa de los llamados sectores críticos, como por ejemplo las aerolíneas. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, admitió recientemente que siguen al detalle la evolución de las compañías pero descartó, por ahora, cualquier tipo de intervención.
En el resto de Europa, otros países sí han optado ya por salir al rescate de sus compañías aéreas ante la debacle que ha provocado la Covid-19 en el turismo. Francia prestará 7.000 millones de euros a la aerolínea Air France y 5.000 millones al fabricante Renault; Alemania se hará con el 25% del capital de Lufthansa por casi 10.000 millones de euros e Italia tiene listos 3.000 millones para aliviar la situación financiera de Alitalia.
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